Para lograr los grandes objetivos de promover el desarrollo con inclusión social, el nuevo Gabinete Velásquez Quesquén debe superar grandes trabas, la primera de las cuales es acelerar el ritmo de la inversión pública, sobre todo en el interior del país.
La realidad dura e indignante es que tenemos recursos pero no los sabemos gastar, y que el ambicioso plan de estímulo o contracíclico funciona solo a medias, lo que tiene graves consecuencias económicas y sociales, y en los índices de desempleo y pobreza.
Más aun, es paradójico y contradictorio que, mientras el sector privado hace denodados esfuerzos para recuperar sus niveles de producción y operatividad, la inversión estatal avance a ritmo de tortuga. Ello afecta la marcha del país y da pie a agoreros vaticinios de recesión y profundización de la crisis, justo cuando en otras partes del mundo se dan señales de positiva recuperación.
Según un informe congresal reciente, los ministerios del Ejecutivo no llegan a ejecutar el 40% de su presupuesto, en tanto que el promedio de ejecución de las inversiones en el Poder Ejecutivo y en los gobiernos regionales y locales alcanza solo el 22,3%. En detalle, el Gobierno Nacional ejecutó el 23,1%, los gobiernos regionales 17,6% y los municipios el 24,4%.
Todo esto revela no solo un preocupante déficit de gerencia pública, reflejado en la falta de especialistas en elaborar proyectos de inversión, sino también la irresponsabilidad e indolencia de las autoridades políticas nacionales y regionales. Por citar un caso, la región Áncash, con altísimos ingresos por canon minero, ha invertido solo el 15% de más de S/.857 millones en el 2008.
Revertir este panorama demanda un gran esfuerzo de autocrítica y voluntad política, impulsado por el nuevo Gabinete. Es urgente armar un plan de contingencia para ejecutar responsablemente la inversión pública en lo que resta del año, dentro del cual los presidentes regionales y alcaldes deben asumir su responsabilidad, sin echarle la culpa de todo al Poder Ejecutivo.
Al respecto, no se puede acudir al fácil pero peligroso expediente de eliminar todos los sistemas de control. Lo que sí se debe hacer es flexibilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para acelerar la aprobación de proyectos de inversión .
Lo cierto es que solo el 1% de los proyectos incluidos en el plan de estímulo pasa por la aprobación del SNIP, por lo que hay que evaluar otros factores, como la propia inercia e inmovilidad del aparato burocrático y de los gobiernos regionales y locales.
Acelerar la inversión pública exige también actuar con suma transparencia y orden, al fijar y respetar las reglas de juego para las concesiones, así como al ejecutar las obras. Ante los enormes montos por ejecutar, hay que mantener óptimos niveles de fiscalización y control para evitar el dispendio y la corrupción, tarea difícil que debe ser asumida principalmente por la contraloría.
Adicionalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros, junto con Pro Inversión, debe dar prioridad a los proyectos de infraestructura nacional, para lo cual las asociaciones público-privadas son mecanismos de probada eficacia. Solo en estas condiciones, con un manejo gerencial ágil pero responsable y controlado se podrá descentralizar y propiciar el desarrollo regional con inclusión y empleo, el reto mayor del Gobierno.
EL COMERCIO
La realidad dura e indignante es que tenemos recursos pero no los sabemos gastar, y que el ambicioso plan de estímulo o contracíclico funciona solo a medias, lo que tiene graves consecuencias económicas y sociales, y en los índices de desempleo y pobreza.
Más aun, es paradójico y contradictorio que, mientras el sector privado hace denodados esfuerzos para recuperar sus niveles de producción y operatividad, la inversión estatal avance a ritmo de tortuga. Ello afecta la marcha del país y da pie a agoreros vaticinios de recesión y profundización de la crisis, justo cuando en otras partes del mundo se dan señales de positiva recuperación.
Según un informe congresal reciente, los ministerios del Ejecutivo no llegan a ejecutar el 40% de su presupuesto, en tanto que el promedio de ejecución de las inversiones en el Poder Ejecutivo y en los gobiernos regionales y locales alcanza solo el 22,3%. En detalle, el Gobierno Nacional ejecutó el 23,1%, los gobiernos regionales 17,6% y los municipios el 24,4%.
Todo esto revela no solo un preocupante déficit de gerencia pública, reflejado en la falta de especialistas en elaborar proyectos de inversión, sino también la irresponsabilidad e indolencia de las autoridades políticas nacionales y regionales. Por citar un caso, la región Áncash, con altísimos ingresos por canon minero, ha invertido solo el 15% de más de S/.857 millones en el 2008.
Revertir este panorama demanda un gran esfuerzo de autocrítica y voluntad política, impulsado por el nuevo Gabinete. Es urgente armar un plan de contingencia para ejecutar responsablemente la inversión pública en lo que resta del año, dentro del cual los presidentes regionales y alcaldes deben asumir su responsabilidad, sin echarle la culpa de todo al Poder Ejecutivo.
Al respecto, no se puede acudir al fácil pero peligroso expediente de eliminar todos los sistemas de control. Lo que sí se debe hacer es flexibilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para acelerar la aprobación de proyectos de inversión .
Lo cierto es que solo el 1% de los proyectos incluidos en el plan de estímulo pasa por la aprobación del SNIP, por lo que hay que evaluar otros factores, como la propia inercia e inmovilidad del aparato burocrático y de los gobiernos regionales y locales.
Acelerar la inversión pública exige también actuar con suma transparencia y orden, al fijar y respetar las reglas de juego para las concesiones, así como al ejecutar las obras. Ante los enormes montos por ejecutar, hay que mantener óptimos niveles de fiscalización y control para evitar el dispendio y la corrupción, tarea difícil que debe ser asumida principalmente por la contraloría.
Adicionalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros, junto con Pro Inversión, debe dar prioridad a los proyectos de infraestructura nacional, para lo cual las asociaciones público-privadas son mecanismos de probada eficacia. Solo en estas condiciones, con un manejo gerencial ágil pero responsable y controlado se podrá descentralizar y propiciar el desarrollo regional con inclusión y empleo, el reto mayor del Gobierno.
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