19.7.09

La prioridad: orden, paz social y desactivar conflictos

Según anuncio del jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, para afrontar las tensiones sociales en adelante cada ministerio formará su unidad de prevención y solución de conflictos, con lo cual se desactivarían las mesas de diálogo ya instaladas.

Es bueno que este nuevo enfoque proponga mecanismos de negociación más institucionalizados en el interés de dejar de lado la llamada política del bombero, según la cual cualquier brote conflictivo demanda la presencia del presidente del Consejo de Ministros en cualquier punto del país, para apaciguar los ánimos y evaluar alternativas de solución improvisadas.

Por tanto, la idea de Velásquez es positiva, pero hay dos aspectos que deben evaluarse con mucho cuidado: las mesas de diálogo no son malas o innecesarias en sí mismas, pues funcionan como una buena válvula de escape en situaciones extremas en las cuales los interlocutores sociales tienen representaciones imprecisas (como los frentes, movimientos, etc.). Lo que debe evitarse es el abuso de este mecanismo democrático y que su funcionamiento no esté bien regulado en cuestiones medulares como su alcance y carácter vinculante con los estamentos del Estado.

Asimismo, si bien no pueden alentarse formas de negociación social paraestatales, antes de desactivar lo que ya existe, aunque sea de modo precario, es urgente hacer un balance de los conflictos en curso, para lo cual es fundamental el apoyo de la Defensoría del Pueblo, que mantiene un registro actualizado de ellos.

Se necesitan también mejores sistemas de prevención, para lo cual debe irse a una reingeniería total de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM para detectar tempranamente los problemas políticos y sociales que enervan a la nación. En otro plano, la colaboración del Ministerio del Interior y la Policía Nacional es importante para mantener el orden, pero es obvio que su función antes que represiva debe priorizar la prevención.

En ese enfoque urge reforzar las labores de inteligencia para descartar y denunciar cualquier injerencia de grupos desestabilizadores, muchas veces vinculados a fuerzas extremistas de la izquierda radical y subversiva, o a grupos que responden a intereses foráneos.

Luego debe mejorarse la coordinación entre los ministerios, no solo para compartir la metodología de detección y desactivación de conflictos, sino para evitar que se dupliquen esfuerzos.

Otro aspecto sumamente importante es el que concierne a los gobiernos regionales y locales. Como se ha visto en tiempos recientes, muchos conflictos sociales son de naturaleza local y tendrían que haber sido resueltos por los presidentes de los gobiernos regionales. Sin embargo, estos, de modo facilista e irresponsable, eluden esta responsabilidad y la endilgan al Gobierno Central, lo que al final causa gran perturbación a la gobernabilidad y la paz social.

Finalmente todos debemos entender que la apertura al diálogo no debe ser vista como un signo de debilidad, sino, por el contrario, como una expresión de una voluntad democrática que debe guardar el equilibrio entre diálogo, orden, respeto a los demás (para evitar bloqueos indiscriminados de vías) y, por supuesto, desarrollo e inclusión social.

EL COMERCIO

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