Como habían adelantado algunos observadores políticos, la percepción ciudadana sobre el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, es predominantemente negativa. Solo 20% de la población aprueba su designación, uno de los indicadores históricos más bajos, según la última encuesta nacional de El Comercio aplicada por la empresa Ipsos Apoyo S.A.
Esta falta de respaldo coloca, sin duda, una valla muy alta a la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Pero esta tendrá que superarla rápidamente, para cumplir con las metas que el presidente García asignó al Gabinete: instaurar el orden y luchar contra la exclusión social rampante en el país.
Se necesita restablecer una relación de confianza —actualmente bastante deteriorada— con la población, generar en ella mayores expectativas sobre el futuro e involucrarla más en la solución de sus problemas. Esto no está sucediendo actualmente, pues, como refiere la encuesta, los peruanos consultados creen que la nueva PCM no significará una mejoría en materia de economía, promoción de la inversión, la descentralización, el diálogo social, el orden público, el control de la corrupción, la reforma del Estado y la lucha contra la pobreza. La única buena noticia en todo esto probablemente sea que la población piensa que la situación no empeorará.
Pero como dice el refrán: mal de muchos, consuelo de tontos. Lo concreto es que el escepticismo subsiste y revertirlo implica varias cosas, empezando por cumplir las promesas, una práctica que este gobierno ha descuidado grandemente, aunque se trata de un búmeran y un factor desestabilizador que va en contra del propio régimen. Por lo menos así lo considera el 36% de peruanos que, según la encuesta, desaprueba la gestión presidencial precisamente porque “no cumple sus promesas”.
En principio, la PCM debe asumir seriamente la lucha contra la pobreza; hoy solo el 29% piensa que el Ejecutivo la está enfrentando de manera sostenida.
Por ello, si bien tienen razón aquellos que consideran que no hay tiempo para grandes cambios —porque alcanzar la inclusión es un proceso largo—, el Gobierno sí podría impulsar el gasto público, transparente y eficientemente para beneficio de la economía y la generación de empleo; dar prioridad a las demandas del mundo rural, allí donde precisamente se gestan los más graves conflictos sociales; y garantizar el funcionamiento de los programas sociales, bajo esquemas ordenados de ayuda social, temporales, bien administrados, focalizados hacia los sectores más necesitados y totalmente despolitizados.
A la par de una política social agresiva, y aprovechando las reconocidas dotes de Velásquez Quesquén como eficaz operador político, el Gobierno podría además responder a las demandas de los peruanos que exigen estabilidad y paz. Y para ello se necesita, como señalamos ayer, diálogo con la ciudadanía, sea través de cada ministerio o sea través de mesas de diálogo que deben funcionar bien y con las herramientas adecuadas para empoderar a la población, coadyuvar a su desarrollo social e individual, reconocer el respeto que merece el otro y consolidar nuestras instituciones democráticas.
EL COMERCIO
Esta falta de respaldo coloca, sin duda, una valla muy alta a la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Pero esta tendrá que superarla rápidamente, para cumplir con las metas que el presidente García asignó al Gabinete: instaurar el orden y luchar contra la exclusión social rampante en el país.
Se necesita restablecer una relación de confianza —actualmente bastante deteriorada— con la población, generar en ella mayores expectativas sobre el futuro e involucrarla más en la solución de sus problemas. Esto no está sucediendo actualmente, pues, como refiere la encuesta, los peruanos consultados creen que la nueva PCM no significará una mejoría en materia de economía, promoción de la inversión, la descentralización, el diálogo social, el orden público, el control de la corrupción, la reforma del Estado y la lucha contra la pobreza. La única buena noticia en todo esto probablemente sea que la población piensa que la situación no empeorará.
Pero como dice el refrán: mal de muchos, consuelo de tontos. Lo concreto es que el escepticismo subsiste y revertirlo implica varias cosas, empezando por cumplir las promesas, una práctica que este gobierno ha descuidado grandemente, aunque se trata de un búmeran y un factor desestabilizador que va en contra del propio régimen. Por lo menos así lo considera el 36% de peruanos que, según la encuesta, desaprueba la gestión presidencial precisamente porque “no cumple sus promesas”.
En principio, la PCM debe asumir seriamente la lucha contra la pobreza; hoy solo el 29% piensa que el Ejecutivo la está enfrentando de manera sostenida.
Por ello, si bien tienen razón aquellos que consideran que no hay tiempo para grandes cambios —porque alcanzar la inclusión es un proceso largo—, el Gobierno sí podría impulsar el gasto público, transparente y eficientemente para beneficio de la economía y la generación de empleo; dar prioridad a las demandas del mundo rural, allí donde precisamente se gestan los más graves conflictos sociales; y garantizar el funcionamiento de los programas sociales, bajo esquemas ordenados de ayuda social, temporales, bien administrados, focalizados hacia los sectores más necesitados y totalmente despolitizados.
A la par de una política social agresiva, y aprovechando las reconocidas dotes de Velásquez Quesquén como eficaz operador político, el Gobierno podría además responder a las demandas de los peruanos que exigen estabilidad y paz. Y para ello se necesita, como señalamos ayer, diálogo con la ciudadanía, sea través de cada ministerio o sea través de mesas de diálogo que deben funcionar bien y con las herramientas adecuadas para empoderar a la población, coadyuvar a su desarrollo social e individual, reconocer el respeto que merece el otro y consolidar nuestras instituciones democráticas.
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