25.7.09

Institucionalizar el diálogo para desactivar conflictos

Es positivo que el nuevo jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, haya adelantado los lineamientos de su estrategia para afrontar los numerosos conflictos sociales, lo que revela la prioridad del tema.

En este esquema, lo que se busca es descentralizar responsabilidades, de modo que cada ministerio asuma los conflictos en su ámbito. Luego se considera la necesidad y utilidad del diálogo como método de disuasión y búsqueda de consenso para solucionar problemas. Y, adicionalmente, se aliviaría a la Presidencia del Consejo de Ministros de la enorme carga que arrastra hace años, pues con la llamada “política del bombero” todos los conflictos, ya en etapa violentista, debían ser vistos por el jefe del Gabinete.

Asimismo, es importante que varios ministros hayan empezado a viajar al interior del país para tomar conocimiento directo de los problemas y que el mismo Velásquez siga esta labor.

En Andahuaylas, el ministro de Agricultura instaló la mesa de diálogo con autoridades locales, regionales y dirigentes de los campesinos, para promover el desarrollo integral de la zona y luchar contra la pobreza. Se incluye aquí la evaluación de proyectos de infraestructura, inversiones, préstamos para el agro, etc.

En Puno, mientras tanto, Velásquez dialogó con los alcaldes para buscar fórmulas que faciliten la provisión de servicios básicos y las inversiones, así como para empezar a desterrar los mitos de que se les va a quitar el agua o a invadir sus tierras.

Son pasos importantes, pero aún no suficientes para enfrentar el grave problema. Para definir una estrategia coherente, unitaria y efectiva es crucial que todas las partes entiendan la necesidad de dar sostenibilidad en el tiempo e institucionalizar las mesas de diálogo como instrumentos del Estado democrático.

Ello implica seleccionar cuidadosamente a los participantes, bajo estrictos criterios de legitimidad y representatividad, en lo que los gobiernos regionales y las municipalidades no pueden estar ausentes, sino tener una participación activa. También deben aceptarse las reglas básicas como evitar condicionamientos o chantajes previos, escuchar a las partes y respetar tanto el orden constitucional y legal cuanto los derechos de los demás.

Asimismo, debe tenerse especial cuidado al evaluar la responsabilidad de las partes. En el complejo caso de Doe Run la principal responsabilidad es de la empresa, que pretende prorrogar indefinidamente el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. El Estado actúa más como interlocutor ante las graves repercusiones sociales del conflicto para una amplia población en La Oroya.

Aparte de ello, la PCM y los ministerios tienen que instalar oficinas de comunicación, atentas a cualquier inicio de conflicto y con sistemas de alerta, prevención y solución temprana. Complementariamente, la Defensoría del Pueblo puede ayudar a instalar un sistema de seguimiento de los conflictos. Luego deben honrarse los compromisos que se asuman. Al respecto, es una buena noticia que Velásquez haya declarado que se respetarán los 326 compromisos asumidos por la gestión de Yehude Simon.

Como lo ha probado la experiencia propia y de otros países, esta etapa crítica para la paz social puede y debe ser superada con diálogo, orden y respeto a los demás, para lo cual las mesas de diálogo son un instrumento primordial.

EL COMERCIO

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