Por: Pedro Morales Mansilla*
La Comisión de Constitución del Congreso —luego de que su titular lanzara el globo de ensayo por la reelección presidencial inmediata, vale decir, del presidente García— elevó al pleno un dictamen que elimina el voto preferencial y modifica principalmente el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones.
No entendemos el afán y apuro por consolidar la omnipotencia de las cúpulas partidarias de sesgo autocrático, motivo principal de la deserción de militantes y de la animadversión de la población a la institución partidaria. Más aun si el dictamen se sustenta solo en el resumen de los power point ofrecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, que esgrime razones que a la luz de recientes experiencias son deleznables para justificar el establecimiento de “listas cerradas y bloqueadas en toda elección popular”.
Esta norma es motivada por tres posibles beneficios: promover la existencia de partidos políticos sólidos para fortalecer la democracia y beneficio de la sociedad; simplificar el proceso de elecciones, reducir costos y simplificar el escrutinio para no distorsionar la voluntad popular; y poner fin a la competencia desleal de los candidatos de una lista, mantener el orden determinado por las elecciones internas, reducir gastos de campaña ejecutados individualmente, el despliegue publicitario y las actitudes clientelistas.
Sin embargo, si antes no existían condiciones para que lo ideal funcione, resulta contraproducente llevar el derecho —democratizador— al voto preferencial rumbo al cadalso.
La sensatez aconseja gradualidad. Empezar por dar normas que garanticen procesos de democracia interna transparentes en la elección de dirigentes y de candidatos, establecer las responsabilidades de la ONPE en la supervisión y crear una instancia de ética extra partidaria.
Sin democracia interna, no es viable el sistema de lista cerrada.
El fortalecimiento de partidos también pasa por limitar, durante el proceso electoral, la publicidad individual, vigorizar la del grupo y, obviamente, por el cumplimiento de la ley de su financiamiento público.
La actual norma no tiene fuerza para garantizar la legitimidad de comicios internos y varias dirigencias han perdido el valor de la ética.
El Congreso de la República tiene la palabra si en verdad quiere consolidar la democracia, imposible sin partidos políticos.
(*) Ex congresista de la República
EL COMERCIO
La Comisión de Constitución del Congreso —luego de que su titular lanzara el globo de ensayo por la reelección presidencial inmediata, vale decir, del presidente García— elevó al pleno un dictamen que elimina el voto preferencial y modifica principalmente el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones.
No entendemos el afán y apuro por consolidar la omnipotencia de las cúpulas partidarias de sesgo autocrático, motivo principal de la deserción de militantes y de la animadversión de la población a la institución partidaria. Más aun si el dictamen se sustenta solo en el resumen de los power point ofrecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, que esgrime razones que a la luz de recientes experiencias son deleznables para justificar el establecimiento de “listas cerradas y bloqueadas en toda elección popular”.
Esta norma es motivada por tres posibles beneficios: promover la existencia de partidos políticos sólidos para fortalecer la democracia y beneficio de la sociedad; simplificar el proceso de elecciones, reducir costos y simplificar el escrutinio para no distorsionar la voluntad popular; y poner fin a la competencia desleal de los candidatos de una lista, mantener el orden determinado por las elecciones internas, reducir gastos de campaña ejecutados individualmente, el despliegue publicitario y las actitudes clientelistas.
Sin embargo, si antes no existían condiciones para que lo ideal funcione, resulta contraproducente llevar el derecho —democratizador— al voto preferencial rumbo al cadalso.
La sensatez aconseja gradualidad. Empezar por dar normas que garanticen procesos de democracia interna transparentes en la elección de dirigentes y de candidatos, establecer las responsabilidades de la ONPE en la supervisión y crear una instancia de ética extra partidaria.
Sin democracia interna, no es viable el sistema de lista cerrada.
El fortalecimiento de partidos también pasa por limitar, durante el proceso electoral, la publicidad individual, vigorizar la del grupo y, obviamente, por el cumplimiento de la ley de su financiamiento público.
La actual norma no tiene fuerza para garantizar la legitimidad de comicios internos y varias dirigencias han perdido el valor de la ética.
El Congreso de la República tiene la palabra si en verdad quiere consolidar la democracia, imposible sin partidos políticos.
(*) Ex congresista de la República
EL COMERCIO
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