22.7.09

A una semana (II)

Uri Ben Schmuel
uribs@larazon.com.pe


Algunas reflexiones sobre el mensaje presidencial no alcanzaron a mencionarse en la columna anterior por falta de espacio. Por ejemplo, la soporífera enumeración de los kilómetros de carretera asfaltados, la cantidad de turistas que llegaron y cosas por el estilo, si bien es parte del mandato constitucional, no tendría por qué incluirse en la lectura. Podría imprimirse y que el Congreso se encargue de entregar copias a sus miembros y a los medios.
Porque, insistimos, el presidente García debe aprovechar este crucial mensaje para dar una respuesta política a las inquietudes populares. Deslindar con los marxistas –jurásicos y caviares–, y con antisistemas como Antauro Humala, que incordian con el cambio de modelo económico. Y explicar en términos didácticos las bondades de ese modelo y lo mal que le va a aquellos países que han vuelto al Estado benefactor.

Dicho esto, es obvio que la acción del gobierno en lo que resta de su mandato no puede limitarse a explicar las cosas y dar la batalla ideológica. Ahora, más que nunca, es imperativo aplicar lo que se ha dado en llamar el TLC interno y así incorporar a la modernidad a millones de peruanos. Esos que oyen hablar de la bonanza macroeconómica pero a los cuales no llega ni por asomo el crecimiento del que disfrutan los habitantes de una franja costera que va de Tumbes a Ica y que apenas roza otras zonas del Perú.


Sin duda, como hemos señalado aquí en numerosas ocasiones, existen motivos políticos subalternos en una agitación que a partir de agosto amenaza con expandirse. La manipulación es sobre todo evidente en el sur, donde es cada vez más desembozada la mano y la billetera del chavismo. Es una zona que, no olvidemos, comparte frontera con Bolivia, país convertido en pieza clave del tablero expansionista del dictador venezolano.

Pero tampoco puede cerrarse los ojos a la realidad y atribuir absolutamente todo el descontento a manos que mecen la cuna. Existen severas e innegables desigualdades que son el caldo de cultivo para la generación de conflictos. Y éstos no podrán resolverse en tanto no cuaje el proceso de descentralización, que marcha a trompicones debido a una clamorosa incapacidad de los gobiernos regionales. Hierve la sangre constatar que, en medio de tantas necesidades, cientos de millones de dólares estén inmovilizados en los bancos ante la ausencia de programas y equipos capacitados de las autoridades regionales y municipales.

El gobierno también tiene su cuota de responsabilidad en esta situación. Por haber transferido competencias y recursos sin cooperar en su ejecución, por no apurar la reforma del Estado y por no hacer un mayor esfuerzo para construir infraestructura, mejorar servicios sociales y facilitar la inversión privada en zonas problemáticas. Allí, la gente no entiende por qué algunas demandas históricamente postergadas no se traducen en obras, pese al crecimiento sostenido de la economía y a los mayores recursos públicos.

Por eso, junto con un mensaje que debe ser pedagógico, se impone poner el pie en el acelerador. Tomar medidas que sirvan para llenar la ausencia del Estado en aquellos lugares donde la falta de “chorreo” está provocando una preocupante insatisfacción ante la democracia y la economía de mercado, que pone al país en riesgo de sufrir una pesadilla electoral en el 2011.

LA RAZON

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