Partimos de una premisa básica: Si el Gobierno quiere realmente demostrar voluntad de lucha contra las drogas tiene que romper primero la cadena de producción y luego desbaratar todo el tinglado alrededor de la lacra del narcotráfico.
No puede haber titubeos en esta política de Estado, como lo explicamos en nuestro informe especial del domingo pasado. Por lo mismo, llamamos ahora la atención sobre la controvertida decisión de prorrogar por un año la entrada en vigencia del Decreto Supremo 045-2009 que prohíbe la producción y comercialización del kerosene (también conocido como A-1), el principal insumo para elaborar cocaína.
Tal medida resulta inentendible e injustificable y debe ser rectificada a la brevedad posible. Alegar que muchos ciudadanos aún usan el combustible y necesitan tiempo para cambiarlo es un argumento que no resiste el menor análisis, pues según se sabe menos de 200 mil hogares utilizan kerosene. Peor aun, en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) solo lo usan 648 familias, pero paradójicamente existen 34 grifos de expendio.
¿Cómo se explica esta tremenda desproporción? ¿Dónde va el resto del kerosene? Pues directamente a las pozas de maceración de hoja de coca para producir anualmente hasta 320 toneladas de cocaína, como indican los últimos reportes. ¿Es que los funcionarios de los ministerios involucrados y del Gobierno no reparan en esta barbaridad?
Del otro lado, es por demás incongruente que se siga dando carta libre a la venta del kerosene, mientras la Policía Nacional —ateniéndose a la Ley de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados realiza operaciones para incautar este combustible en las carreteras de penetración a la selva.
Sin embargo, de mil toneladas que se comercializaron en esa zona solo se incautaron 236 toneladas, lo que significa que el narcotráfico sigue produciendo droga en esas zonas.
Ante esto debemos reiterar que, cuando se supone que el país está embarcado en una guerra contra el narcotráfico, el Gobierno no puede seguir dando señales confusas o de debilidad. Menos aun cuando se sabe que estas mafias ominosas actúan en connivencia con grupos terroristas, que les sirven como mercenarios y que promueven la desestabilización y el río revuelto para sus protervos fines.
Así, si por un lado no deben descuidarse los programas de desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos, por otro lado hay que reafirmar las políticas de interdicción contra las cúpulas del narcotráfico y distinguir entre cocaleros legales e ilegales, que por estos días anuncian un nuevo paro.
En esta delicada coyuntura el Gobierno no puede ser tan ingenuo para permitir que los narcotraficantes se sigan proveyendo tan fácilmente de insumos químicos y kerosene. Por ello debe reconsiderar su decisión y declarar la entrada en vigencia inmediata del decreto que prohíbe terminantemente la producción y comercialización de kerosene.
EL COMERCIO
No puede haber titubeos en esta política de Estado, como lo explicamos en nuestro informe especial del domingo pasado. Por lo mismo, llamamos ahora la atención sobre la controvertida decisión de prorrogar por un año la entrada en vigencia del Decreto Supremo 045-2009 que prohíbe la producción y comercialización del kerosene (también conocido como A-1), el principal insumo para elaborar cocaína.
Tal medida resulta inentendible e injustificable y debe ser rectificada a la brevedad posible. Alegar que muchos ciudadanos aún usan el combustible y necesitan tiempo para cambiarlo es un argumento que no resiste el menor análisis, pues según se sabe menos de 200 mil hogares utilizan kerosene. Peor aun, en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) solo lo usan 648 familias, pero paradójicamente existen 34 grifos de expendio.
¿Cómo se explica esta tremenda desproporción? ¿Dónde va el resto del kerosene? Pues directamente a las pozas de maceración de hoja de coca para producir anualmente hasta 320 toneladas de cocaína, como indican los últimos reportes. ¿Es que los funcionarios de los ministerios involucrados y del Gobierno no reparan en esta barbaridad?
Del otro lado, es por demás incongruente que se siga dando carta libre a la venta del kerosene, mientras la Policía Nacional —ateniéndose a la Ley de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados realiza operaciones para incautar este combustible en las carreteras de penetración a la selva.
Sin embargo, de mil toneladas que se comercializaron en esa zona solo se incautaron 236 toneladas, lo que significa que el narcotráfico sigue produciendo droga en esas zonas.
Ante esto debemos reiterar que, cuando se supone que el país está embarcado en una guerra contra el narcotráfico, el Gobierno no puede seguir dando señales confusas o de debilidad. Menos aun cuando se sabe que estas mafias ominosas actúan en connivencia con grupos terroristas, que les sirven como mercenarios y que promueven la desestabilización y el río revuelto para sus protervos fines.
Así, si por un lado no deben descuidarse los programas de desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos, por otro lado hay que reafirmar las políticas de interdicción contra las cúpulas del narcotráfico y distinguir entre cocaleros legales e ilegales, que por estos días anuncian un nuevo paro.
En esta delicada coyuntura el Gobierno no puede ser tan ingenuo para permitir que los narcotraficantes se sigan proveyendo tan fácilmente de insumos químicos y kerosene. Por ello debe reconsiderar su decisión y declarar la entrada en vigencia inmediata del decreto que prohíbe terminantemente la producción y comercialización de kerosene.
EL COMERCIO
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