Ya lo sabíamos, pero cada vez más, con mayor énfasis y desde distintos frentes oficiales e internacionales, se reafirma la naturaleza intrínsecamente autoritaria y represiva del régimen político que gobierna Venezuela.
La pregunta es: ¿Qué pueden hacer los venezolanos para recuperar el ejercicio de sus derechos básicos y la libertad? Y, complementariamente, ¿qué está haciendo la comunidad internacional, particularmente la Organización de Estados Americanos, ante esta burda y ominosa afrenta a la Carta Democrática y la Declaración Universal de Derechos Humanos?
Esta vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte, en un extenso informe, sobre el serio peligro que corren el Estado de derecho y la democracia en Venezuela.
Así, refiere que el chavismo ha atacado arteramente el sistema de equilibrio de poderes del Estado hasta someter a la judicatura y el Congreso a los dictados del Ejecutivo. Asimismo, se hace cada vez más escandalosa la intolerancia, la hostilidad política y, por supuesto, el recorte de la libertad de expresión, cada vez más limitada por el amedrentamiento y el cierre descarado de televisoras, radios y medios críticos.
Se constata, además, lo que es gravísimo, la existencia de actividad paramilitar promovida por el Gobierno, a resultas de lo cual se ha denunciado ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes propiciados por agentes estatales. Pero no solo eso. Existen también grupos de incondicionales que apoyan cualquier acto presidencial, por más absurdo que sea, y atacan las reacciones opositoras que se manifiestan en recintos privados o en las calles.
Desde el aparato de poder, los disidentes son también “víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral y, en algunos casos, incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad”. Del otro lado, la oposición democrática sigue desunida y sin reaccionar adecuadamente, mientras los organismos electorales están bajo sospecha de parcialidad.
En suma, el panorama democrático en Venezuela se presenta sombrío, más aun cuando el debate público de ideas y programas se ve coartado por el régimen que amenaza, intimida o censura a la prensa. Y ya sabemos los peruanos de primera mano que sin libertad de expresión es imposible la dinámica democrática.
La comunidad internacional tiene que reaccionar de alguna manera para hacer cumplir los compromisos y acuerdos multilaterales que penalizan los desvíos democráticos, pues el informe de la CIDH no hace más que confirmar la penosa e injuriante situación en que subsisten desde hace varios años los ciudadanos venezolanos.
Antes lo hicieron entidades reconocidas como el Observatorio Iberoamericano de la Democracia (OID) con su documento “Venezuela: Criminalización de la disidencia” y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que expresó su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa y el sistema democrático por un régimen que, además, tiene vocación de expandir su doctrina y praxis dictatorial al resto de la subregión.
EL COMERCIO
La pregunta es: ¿Qué pueden hacer los venezolanos para recuperar el ejercicio de sus derechos básicos y la libertad? Y, complementariamente, ¿qué está haciendo la comunidad internacional, particularmente la Organización de Estados Americanos, ante esta burda y ominosa afrenta a la Carta Democrática y la Declaración Universal de Derechos Humanos?
Esta vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte, en un extenso informe, sobre el serio peligro que corren el Estado de derecho y la democracia en Venezuela.
Así, refiere que el chavismo ha atacado arteramente el sistema de equilibrio de poderes del Estado hasta someter a la judicatura y el Congreso a los dictados del Ejecutivo. Asimismo, se hace cada vez más escandalosa la intolerancia, la hostilidad política y, por supuesto, el recorte de la libertad de expresión, cada vez más limitada por el amedrentamiento y el cierre descarado de televisoras, radios y medios críticos.
Se constata, además, lo que es gravísimo, la existencia de actividad paramilitar promovida por el Gobierno, a resultas de lo cual se ha denunciado ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes propiciados por agentes estatales. Pero no solo eso. Existen también grupos de incondicionales que apoyan cualquier acto presidencial, por más absurdo que sea, y atacan las reacciones opositoras que se manifiestan en recintos privados o en las calles.
Desde el aparato de poder, los disidentes son también “víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral y, en algunos casos, incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad”. Del otro lado, la oposición democrática sigue desunida y sin reaccionar adecuadamente, mientras los organismos electorales están bajo sospecha de parcialidad.
En suma, el panorama democrático en Venezuela se presenta sombrío, más aun cuando el debate público de ideas y programas se ve coartado por el régimen que amenaza, intimida o censura a la prensa. Y ya sabemos los peruanos de primera mano que sin libertad de expresión es imposible la dinámica democrática.
La comunidad internacional tiene que reaccionar de alguna manera para hacer cumplir los compromisos y acuerdos multilaterales que penalizan los desvíos democráticos, pues el informe de la CIDH no hace más que confirmar la penosa e injuriante situación en que subsisten desde hace varios años los ciudadanos venezolanos.
Antes lo hicieron entidades reconocidas como el Observatorio Iberoamericano de la Democracia (OID) con su documento “Venezuela: Criminalización de la disidencia” y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que expresó su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa y el sistema democrático por un régimen que, además, tiene vocación de expandir su doctrina y praxis dictatorial al resto de la subregión.
EL COMERCIO
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