Autor: Fritz Du Bois
La historia del pago de una deuda de 36 millones de soles que había sido fraccionada a 10 años y que, sin embargo, la Municipalidad de Lima canceló al contado para beneficio de la oscura empresa Comunicore, va adquiriendo un sendero enrevesado.
Por ello, las interrogantes siguen aumentando. A la operación, de por sí extraña e injustificada, se sumó la veloz desaparición de los fondos y el rápido desmantelamiento de la empresa usando testaferros que eran analfabetos. Luego se confirmó que tan abultada negociación no había sido autorizada por el Concejo y que la mayoría de regidores se enteró de ella al leer este diario.
Ahora tenemos que el gerente y principal funcionario municipal, quien es también brazo derecho del alcalde –a quien acompaña en todos sus cargos desde el IPSS, hace casi 20 años–, tenía un ventajoso contrato de consultoría con una compañía propiedad del mismo empresario que formó Comunicore y que armó la transacción. Personaje que anteriormente trabajó para Relima, de donde parece que nació la relación.
Dicho contrato de asesoría, que estuvo vigente durante más de dos años y fue cancelado en el acto apenas Perú.21 publicó la primera denuncia del negociado, en diciembre pasado, le reportaba al funcionario municipal un jugoso ingreso mensual sin más obligación que estar a disposición para cualquier consulta del mencionado empresario. Difícil creer que el gerente municipal desconocía que tenía incompatibilidad para realizar ese tipo de actividad mientras ejercía el cargo, especialmente una con tan evidente conflicto de interés.
Por otro lado, el estudio de abogados que se encargó de los imaginativos trámites legales para desmantelar Comunicore, nombrando como directores a tres humildes ciudadanos, también figura como proveedor de servicios legales para la municipalidad. Todo lo cual dificulta identificar a ciencia cierta quién trabaja para la comuna y quién está al servicio de esa maraña de empresas vinculadas que parecen haberse beneficiado por su relación con la actual administración municipal. Creemos que la vinculación ya no se puede ocultar.
Todo lo cual nos lleva a reiterar que la Contraloría y el Congreso deben investigar a fondo esta operación, sobre la cual cada día encontramos más huellas digitales en el camino a ubicar el destino del botín y a conocer quién fue, finalmente, el gran beneficiado.
PERU 21
La historia del pago de una deuda de 36 millones de soles que había sido fraccionada a 10 años y que, sin embargo, la Municipalidad de Lima canceló al contado para beneficio de la oscura empresa Comunicore, va adquiriendo un sendero enrevesado.
Por ello, las interrogantes siguen aumentando. A la operación, de por sí extraña e injustificada, se sumó la veloz desaparición de los fondos y el rápido desmantelamiento de la empresa usando testaferros que eran analfabetos. Luego se confirmó que tan abultada negociación no había sido autorizada por el Concejo y que la mayoría de regidores se enteró de ella al leer este diario.
Ahora tenemos que el gerente y principal funcionario municipal, quien es también brazo derecho del alcalde –a quien acompaña en todos sus cargos desde el IPSS, hace casi 20 años–, tenía un ventajoso contrato de consultoría con una compañía propiedad del mismo empresario que formó Comunicore y que armó la transacción. Personaje que anteriormente trabajó para Relima, de donde parece que nació la relación.
Dicho contrato de asesoría, que estuvo vigente durante más de dos años y fue cancelado en el acto apenas Perú.21 publicó la primera denuncia del negociado, en diciembre pasado, le reportaba al funcionario municipal un jugoso ingreso mensual sin más obligación que estar a disposición para cualquier consulta del mencionado empresario. Difícil creer que el gerente municipal desconocía que tenía incompatibilidad para realizar ese tipo de actividad mientras ejercía el cargo, especialmente una con tan evidente conflicto de interés.
Por otro lado, el estudio de abogados que se encargó de los imaginativos trámites legales para desmantelar Comunicore, nombrando como directores a tres humildes ciudadanos, también figura como proveedor de servicios legales para la municipalidad. Todo lo cual dificulta identificar a ciencia cierta quién trabaja para la comuna y quién está al servicio de esa maraña de empresas vinculadas que parecen haberse beneficiado por su relación con la actual administración municipal. Creemos que la vinculación ya no se puede ocultar.
Todo lo cual nos lleva a reiterar que la Contraloría y el Congreso deben investigar a fondo esta operación, sobre la cual cada día encontramos más huellas digitales en el camino a ubicar el destino del botín y a conocer quién fue, finalmente, el gran beneficiado.
PERU 21
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