Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Los graves déficits institucionales del Perú.
La última semana sacó a la superficie varios problemas que recuerdan que, a pesar del avance importante en las inversiones privadas, el Perú tiene severos déficits sociales e institucionales que son grandes obstáculos para la perspectiva nacional, especialmente en la calidad de vida de la población y en la competitividad de la economía.
La recuperación en varios mercados sigue siendo alentadora y la proximidad del período electoral no ha detenido las inversiones. Al contrario, surgen protestas cuando el gobierno da señales de pausa en proyectos como el del puerto del Callao.
Pero ese solo es un lado de la historia. Por ejemplo, vinculado a lo anterior, está el severo déficit de infraestructura –factor clave para la competitividad del país–, estimado en US$ 37,760 millones en el estudio difundido esta semana por Afin.
Otro incendio institucional es la justicia, cuya podredumbre se evidenció por el ampay de varias de sus autoridades que se comportan como pirañitas. Una justicia corrupta y mediocre como la actual es –como el Congreso– un serio obstáculo para la competitividad pues vuelve el proceso legislativo y judicial en subasta al mejor postor.
A su vez, la estructura remunerativa de las fuerzas armadas y policiales desnudó una precariedad institucional que ahora el gobierno quiere resolver, con improvisación, en 180 días en los que lo más probable es que solo se patee el problema.
En la seguridad ciudadana también hay noticias alarmantes: asesinatos por parte de sicarios, aumento de la delincuencia –el asalto en el Jockey Plaza es notorio pero replica lo que sucede en muchos lados–, y avance sólido del narcotráfico.
Las carreteras siguen siendo un espacio fatal por la irresponsabilidad de transportistas e incapacidad de las autoridades para controlarlas. Anteayer, por ejemplo, fallecieron 50 ciudadanos en accidentes en La Libertad, Cusco y Ayacucho.
A su vez, en los hospitales públicos te pueden cortar la pierna equivocada, y el drama educativo lo recordaremos la próxima semana que empiezan las clases escolares. También es negativo que una consecuencia de la reciente crisis internacional es que no será posible lograr la meta de reducción de pobreza al 30% en el año 2011 como se propuso el gobierno.
Todas esas señales negativas contrastan con lo que sucede en el terreno de la inversión privada, donde felizmente logramos todos los grados de inversión. Por ello, deberíamos empezar a preocuparnos más por los indicadores sociales e institucionales pues su deterioro es un freno decisivo para la perspectiva del país y de los ciudadanos.
LA REPUBLICA
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Los graves déficits institucionales del Perú.
La última semana sacó a la superficie varios problemas que recuerdan que, a pesar del avance importante en las inversiones privadas, el Perú tiene severos déficits sociales e institucionales que son grandes obstáculos para la perspectiva nacional, especialmente en la calidad de vida de la población y en la competitividad de la economía.
La recuperación en varios mercados sigue siendo alentadora y la proximidad del período electoral no ha detenido las inversiones. Al contrario, surgen protestas cuando el gobierno da señales de pausa en proyectos como el del puerto del Callao.
Pero ese solo es un lado de la historia. Por ejemplo, vinculado a lo anterior, está el severo déficit de infraestructura –factor clave para la competitividad del país–, estimado en US$ 37,760 millones en el estudio difundido esta semana por Afin.
Otro incendio institucional es la justicia, cuya podredumbre se evidenció por el ampay de varias de sus autoridades que se comportan como pirañitas. Una justicia corrupta y mediocre como la actual es –como el Congreso– un serio obstáculo para la competitividad pues vuelve el proceso legislativo y judicial en subasta al mejor postor.
A su vez, la estructura remunerativa de las fuerzas armadas y policiales desnudó una precariedad institucional que ahora el gobierno quiere resolver, con improvisación, en 180 días en los que lo más probable es que solo se patee el problema.
En la seguridad ciudadana también hay noticias alarmantes: asesinatos por parte de sicarios, aumento de la delincuencia –el asalto en el Jockey Plaza es notorio pero replica lo que sucede en muchos lados–, y avance sólido del narcotráfico.
Las carreteras siguen siendo un espacio fatal por la irresponsabilidad de transportistas e incapacidad de las autoridades para controlarlas. Anteayer, por ejemplo, fallecieron 50 ciudadanos en accidentes en La Libertad, Cusco y Ayacucho.
A su vez, en los hospitales públicos te pueden cortar la pierna equivocada, y el drama educativo lo recordaremos la próxima semana que empiezan las clases escolares. También es negativo que una consecuencia de la reciente crisis internacional es que no será posible lograr la meta de reducción de pobreza al 30% en el año 2011 como se propuso el gobierno.
Todas esas señales negativas contrastan con lo que sucede en el terreno de la inversión privada, donde felizmente logramos todos los grados de inversión. Por ello, deberíamos empezar a preocuparnos más por los indicadores sociales e institucionales pues su deterioro es un freno decisivo para la perspectiva del país y de los ciudadanos.
LA REPUBLICA
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