Un Estado ágil y moderno implica necesariamente servicios públicos ágiles, oportunos y seguros, además de ninguna cortapisa a la iniciativa privada concurrente con el desarrollo económico y social.
En esa perspectiva está la anunciada disminución hecha por el jefe del Estado de un cincuenta por ciento del número de trámites, gestiones, requisitos y plazos administrativos que realizan los ciudadanos en las instituciones públicas. De la misma manera lo están los logros alcanzados por la aplicación de la Ley del Silencio Administrativo. La promulgación de la resolución suprema que aprueba el consolidado de mejoras en los procedimientos administrativos efectuados por el Poder Ejecutivo en el periodo 2007-2009, así como el hecho de que hasta el momento se hayan realizado más de 1,250 mejoras en este terreno, son evidencia de un avance que es menester destacar porque nos sitúa en la ruta del progreso.
El trabajo llevado a cabo en cada ministerio, identificando los trámites que más frecuentemente hacen los usuarios individuales e institucionales, permitió establecer la mejor forma de reducirlos. En este objetivo, se constituyeron en herramientas apropiadas la simplificación de procedimientos, el silencio positivo administrativo y la declaratoria como días hábiles para trámites de los sábados, domingos y feriados.
La disminución de trámites en el sector público es clave para que el Estado empiece a recuperar la confianza de la población en materia de servicios públicos. Cualquier ciudadano constata cada día la lentitud y farragocidad de las gestiones que emprende. Este hecho simple pero cotidiano, mina una relación sana entre el Estado y la sociedad. Por ello tiene tanta significación que se hayan dado los primeros pasos para cambiar esta relación. Por cierto son importantes pero es tan pesada la carga burocrática con la que se tiene que lidiar en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, que debe persistirse en el esfuerzo por varios años para fijar los logros.
Hablamos de las regiones y los municipios, porque son ellos, en muchas oportunidades, los más burocráticos. No es posible que en una comunidad alejada o en una región muy pobre, las iniciativas productivas conozcan trabas que las hagan inviables, de la misma forma que no se puede tolerar que trámites sencillos para acceder a diferentes servicios sean engorrosos e interminables. Allí en donde la pobreza campea no debe haber lugar para la inacción ni para esta solapada forma de sabotaje a la inclusión social.
Bienvenida, pues, la simplificación administrativa con todas sus positivas consecuencias. Sin duda es un hito en la larga marcha al desarrollo. Pero no debe ser sólo obra de los gobiernos sino de la ciudadanía que tiene que vigilar cercanamente el proceso.
EXPRESO
En esa perspectiva está la anunciada disminución hecha por el jefe del Estado de un cincuenta por ciento del número de trámites, gestiones, requisitos y plazos administrativos que realizan los ciudadanos en las instituciones públicas. De la misma manera lo están los logros alcanzados por la aplicación de la Ley del Silencio Administrativo. La promulgación de la resolución suprema que aprueba el consolidado de mejoras en los procedimientos administrativos efectuados por el Poder Ejecutivo en el periodo 2007-2009, así como el hecho de que hasta el momento se hayan realizado más de 1,250 mejoras en este terreno, son evidencia de un avance que es menester destacar porque nos sitúa en la ruta del progreso.
El trabajo llevado a cabo en cada ministerio, identificando los trámites que más frecuentemente hacen los usuarios individuales e institucionales, permitió establecer la mejor forma de reducirlos. En este objetivo, se constituyeron en herramientas apropiadas la simplificación de procedimientos, el silencio positivo administrativo y la declaratoria como días hábiles para trámites de los sábados, domingos y feriados.
La disminución de trámites en el sector público es clave para que el Estado empiece a recuperar la confianza de la población en materia de servicios públicos. Cualquier ciudadano constata cada día la lentitud y farragocidad de las gestiones que emprende. Este hecho simple pero cotidiano, mina una relación sana entre el Estado y la sociedad. Por ello tiene tanta significación que se hayan dado los primeros pasos para cambiar esta relación. Por cierto son importantes pero es tan pesada la carga burocrática con la que se tiene que lidiar en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, que debe persistirse en el esfuerzo por varios años para fijar los logros.
Hablamos de las regiones y los municipios, porque son ellos, en muchas oportunidades, los más burocráticos. No es posible que en una comunidad alejada o en una región muy pobre, las iniciativas productivas conozcan trabas que las hagan inviables, de la misma forma que no se puede tolerar que trámites sencillos para acceder a diferentes servicios sean engorrosos e interminables. Allí en donde la pobreza campea no debe haber lugar para la inacción ni para esta solapada forma de sabotaje a la inclusión social.
Bienvenida, pues, la simplificación administrativa con todas sus positivas consecuencias. Sin duda es un hito en la larga marcha al desarrollo. Pero no debe ser sólo obra de los gobiernos sino de la ciudadanía que tiene que vigilar cercanamente el proceso.
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