No es justo ni procedente que, amparándose en el permiso otorgado al ex presidente Alberto Fujimori –para que asista a la boda de su hija– voceros políticos y la defensa legal del terrorista Abimael Guzmán demanden similar trato para el genocida y su pareja, Elena Yparraguirre –condenados ambos a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad– celebren su matrimonio en prisión.
En cuanto al tema moral y político, Guzmán e Yparraguirre, cabecillas de Sendero Luminoso, son responsables de la muerte de decenas de miles de peruanos, de la pérdida de miles de millones de dólares en infraestructura pulverizada, y del horror y las secuelas del espanto que asoló el Perú más de dos décadas. En tal sentido y, de acuerdo a las leyes peruanas, su régimen de prisión es severo y no debe contemplar flexibilidades fuera de las internacionalmente validadas para casos similares. Un pedido de la naturaleza del propuesto por el abogado de Guzmán, miembro también de la cúpula senderista, contiene una clara intencionalidad política y una amenaza abierta al país que se inscribe en el contexto de la lucha por reconstruir el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso bajo la égida y el aliento de sus líderes y militantes, a quienes la prisión no ha modificado un ápice en su ideología de destruir el Estado peruano y levantar sobre sus escombros la república popular de “nueva democracia”, cuya faz asesina es fácil de imaginar a la luz de nuestra terrible experiencia y la de países que la sufrieron en carne propia como Camboya.
En el campo procesal, la demanda también es inaceptable pues, como señalan los especialistas, no se le puede aplicar el principio de “a igual razón, igual derecho” respecto a la solicitud aprobada en el caso del ex presidente, porque se trata de casos completamente distintos. El permiso para la pareja terrorista implicaría, automáticamente, un cambio de régimen carcelario, con todo lo que ello puede significar en el aspecto jurídico y de seguridad del país, considerando que el terrorismo sigue vivo y sus mandos principales convivirían en virtud de ese nuevo régimen.
Es importante anotar, también, que algunos expertos han señalado que la existencia de vacíos legales podrían favorecer el pedido del criminal Guzmán, ya que el Código de Ejecución Penal no limita esa posibilidad para terroristas, sino que simplemente le da al Instituto Nacional Penitenciario, Inpe, la potestad de decidir caso por caso. Es menester, por tanto, cubrir a la brevedad ese vacío dada la gravedad, magnitud y consecuencias del delito de terrorismo por el que han sido condenados Guzmán e Yparraguirre. Mientras tanto, el Inpe debe actuar con justicia y sentido de la proporción, denegando ese permiso por contraproducente, indebido, peligroso, inmoral, y políticamente injusto.
EXPRESO
En cuanto al tema moral y político, Guzmán e Yparraguirre, cabecillas de Sendero Luminoso, son responsables de la muerte de decenas de miles de peruanos, de la pérdida de miles de millones de dólares en infraestructura pulverizada, y del horror y las secuelas del espanto que asoló el Perú más de dos décadas. En tal sentido y, de acuerdo a las leyes peruanas, su régimen de prisión es severo y no debe contemplar flexibilidades fuera de las internacionalmente validadas para casos similares. Un pedido de la naturaleza del propuesto por el abogado de Guzmán, miembro también de la cúpula senderista, contiene una clara intencionalidad política y una amenaza abierta al país que se inscribe en el contexto de la lucha por reconstruir el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso bajo la égida y el aliento de sus líderes y militantes, a quienes la prisión no ha modificado un ápice en su ideología de destruir el Estado peruano y levantar sobre sus escombros la república popular de “nueva democracia”, cuya faz asesina es fácil de imaginar a la luz de nuestra terrible experiencia y la de países que la sufrieron en carne propia como Camboya.
En el campo procesal, la demanda también es inaceptable pues, como señalan los especialistas, no se le puede aplicar el principio de “a igual razón, igual derecho” respecto a la solicitud aprobada en el caso del ex presidente, porque se trata de casos completamente distintos. El permiso para la pareja terrorista implicaría, automáticamente, un cambio de régimen carcelario, con todo lo que ello puede significar en el aspecto jurídico y de seguridad del país, considerando que el terrorismo sigue vivo y sus mandos principales convivirían en virtud de ese nuevo régimen.
Es importante anotar, también, que algunos expertos han señalado que la existencia de vacíos legales podrían favorecer el pedido del criminal Guzmán, ya que el Código de Ejecución Penal no limita esa posibilidad para terroristas, sino que simplemente le da al Instituto Nacional Penitenciario, Inpe, la potestad de decidir caso por caso. Es menester, por tanto, cubrir a la brevedad ese vacío dada la gravedad, magnitud y consecuencias del delito de terrorismo por el que han sido condenados Guzmán e Yparraguirre. Mientras tanto, el Inpe debe actuar con justicia y sentido de la proporción, denegando ese permiso por contraproducente, indebido, peligroso, inmoral, y políticamente injusto.
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