Parece acertada la percepción sobre que la dación del bono de mil soles al personal de las Fuerzas Armadas y Policiales inaugura una nueva relación con esas instituciones tutelares de la patria. Con esta medida se abre un nuevo y necesario trato de cara al bienestar del personal de las FF AA y la PNP, tema sensible de la gran reforma del Estado.
En cuanto a lo primero, es público y notorio que la relación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Estado, representado por los gobiernos nacional, regionales y locales, además de instituciones de distintos sectores de la sociedad, se encuentra deteriorada. Múltiples factores lo acreditan, pero ello no es sólo injustificable sino profundamente dañino para el país. Maltratadas año a año, olvidadas, ignoradas, devaluadas en su papel fundamental de garantía de la seguridad interna y externa, arrinconadas en los tribunales de justicia por haber defendido a la democracia del terrorismo, y además muy mal remuneradas, las Fuerzas Armadas y Policiales tenían –y tienen–razones de sobra para el resentimiento. Por ello el pago de este bono –y la actitud y el consenso público que lo soportan– constituye un punto de quiebre en esta relación y para el inicio de un nuevo trato que cancele los silencios, olvidos y desconsideraciones del anterior. Enhorabuena por el Perú y por las propias Fuerzas Armadas militares y Policiales.
En cuanto a lo segundo, seguimos considerando a la reforma del Estado como prioridad básica para la clase política. Ella, sin duda, es punto de partida para el Perú moderno, inclusivo y desarrollado que todo queremos. Se han dado pasos iniciales, estimables, pero todavía es una agenda pendiente. No sólo porque las contingencias de la hora la postergan, sino porque no hay hasta hoy un consenso definitivo de su necesidad. Pero esta reforma, aun en sus pasos iniciales y en la búsqueda de los puntos comunes para darlos con seguridad y proyección, precisa de otra que el presidente García ha llamado, con propiedad, la reforma del alma. Es decir, aquella que cambia las actitudes y sensibiliza a todos en la justa consideración de algunos temas y actores del proceso social. Es esa la parte sensible a la que se refiere el debate en torno al caso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Porque los militares y los policías están vigentes por mandato constitucional para guardarnos y protegernos. Y por ese simple hecho deben recibir un trato digno.
Mientras la artera guadaña del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no ha servido sino para exacerbar a la sociedad contra sus Fuerzas Armadas y Policiales, este bono, si bien simbólico –e inicial de una política de abordaje integral del problema que aspira corregir– trata con humildad de ser el punto de partida de una relación sana del Estado con los institutos de armas. Contribuyamos a que así sea.
EXPRESO
En cuanto a lo primero, es público y notorio que la relación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Estado, representado por los gobiernos nacional, regionales y locales, además de instituciones de distintos sectores de la sociedad, se encuentra deteriorada. Múltiples factores lo acreditan, pero ello no es sólo injustificable sino profundamente dañino para el país. Maltratadas año a año, olvidadas, ignoradas, devaluadas en su papel fundamental de garantía de la seguridad interna y externa, arrinconadas en los tribunales de justicia por haber defendido a la democracia del terrorismo, y además muy mal remuneradas, las Fuerzas Armadas y Policiales tenían –y tienen–razones de sobra para el resentimiento. Por ello el pago de este bono –y la actitud y el consenso público que lo soportan– constituye un punto de quiebre en esta relación y para el inicio de un nuevo trato que cancele los silencios, olvidos y desconsideraciones del anterior. Enhorabuena por el Perú y por las propias Fuerzas Armadas militares y Policiales.
En cuanto a lo segundo, seguimos considerando a la reforma del Estado como prioridad básica para la clase política. Ella, sin duda, es punto de partida para el Perú moderno, inclusivo y desarrollado que todo queremos. Se han dado pasos iniciales, estimables, pero todavía es una agenda pendiente. No sólo porque las contingencias de la hora la postergan, sino porque no hay hasta hoy un consenso definitivo de su necesidad. Pero esta reforma, aun en sus pasos iniciales y en la búsqueda de los puntos comunes para darlos con seguridad y proyección, precisa de otra que el presidente García ha llamado, con propiedad, la reforma del alma. Es decir, aquella que cambia las actitudes y sensibiliza a todos en la justa consideración de algunos temas y actores del proceso social. Es esa la parte sensible a la que se refiere el debate en torno al caso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Porque los militares y los policías están vigentes por mandato constitucional para guardarnos y protegernos. Y por ese simple hecho deben recibir un trato digno.
Mientras la artera guadaña del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no ha servido sino para exacerbar a la sociedad contra sus Fuerzas Armadas y Policiales, este bono, si bien simbólico –e inicial de una política de abordaje integral del problema que aspira corregir– trata con humildad de ser el punto de partida de una relación sana del Estado con los institutos de armas. Contribuyamos a que así sea.
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