La propuesta del Poder Ejecutivo para crear un seguro obligatorio de salud con el propósito de proteger a los pacientes de eventuales negligencias médicas en los hospitales públicos y privados, no ha encontrado consenso entre las diferentes bancadas y el tema ha pasado a un cuarto intermedio en la Comisión Permanente del Congreso. La filosofía de la propuesta es resarcir el daño, cuando éste se produzca, y, además, pagar una indemnización a los pacientes sujetos de una negligencia médica. Es importante considerar que se trata de dos cosas distintas. El resarcimiento implica corregir el yerro del acto médico- por ejemplo el olvido de una gasa en una intervención quirúrgica, con otra intervención o procedimiento. La reparación consiste en pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al paciente y que la negligencia provocó.
En la actualidad, un paciente con quien se haya cometido una negligencia no tiene otra vía que la judicial para hacer valer su derecho a una justa reparación. Esta, sin embargo, resulta onerosa, larga e improductiva. Un promedio de siete años demoran las causas de negligencias médicas para resolverse, ocasionando al demandante innumerables gastos que al final, dada una sentencia favorable en el mejor de los casos, no se compensan pues es frecuente que el demandado no pueda pagar lo estipulado. En suma daño tras daño, en una espiral inconcebible que nos coloca a la zaga del mundo en cuanto a defensa de los legítimos derechos de los usuarios de los servicios de salud, sean estos privados o públicos, particulares o institucionales.
Frente a esta dramática necesidad puesta en evidencia una vez más por incalificables negligencias producidas en las últimas semanas, es que surge la propuesta del Ejecutivo que no hace otras cosa que buscar el principio de equidad al momento de establecer las responsabilidades de una impericia médica. En nombre de esa equidad es que llama la atención la denuncia del Premier acerca de la existencia de lobbies, especialmente del gremio médico, que impiden que se aborde esta problemática. Recordemos que no es la primera vez que un proyecto de esta naturaleza llega al Congreso y se paraliza. Es hora, pues, de tomar al toro por las astas y resolver el dilema con una óptica de justicia y de modernidad tal como lo han hecho muchos países.
Exhortamos al Legislativo a escuchar una legítima y varias veces postergada demanda ciudadana y favorecer un consenso que permita que los pacientes cuenten a la brevedad con una herramienta sencilla y expeditiva para ser resarcidos e indemnizados por las negligencias médicas que pudieran sufrir. Y exhortamos, finalmente, a los gremios médicos y a todos los médicos en general a entender que están al servicio de la salud y de sus pacientes por lo que deben necesaria y responsablemente asumir las consecuencias de sus actos profesionales.
EXPRESO
En la actualidad, un paciente con quien se haya cometido una negligencia no tiene otra vía que la judicial para hacer valer su derecho a una justa reparación. Esta, sin embargo, resulta onerosa, larga e improductiva. Un promedio de siete años demoran las causas de negligencias médicas para resolverse, ocasionando al demandante innumerables gastos que al final, dada una sentencia favorable en el mejor de los casos, no se compensan pues es frecuente que el demandado no pueda pagar lo estipulado. En suma daño tras daño, en una espiral inconcebible que nos coloca a la zaga del mundo en cuanto a defensa de los legítimos derechos de los usuarios de los servicios de salud, sean estos privados o públicos, particulares o institucionales.
Frente a esta dramática necesidad puesta en evidencia una vez más por incalificables negligencias producidas en las últimas semanas, es que surge la propuesta del Ejecutivo que no hace otras cosa que buscar el principio de equidad al momento de establecer las responsabilidades de una impericia médica. En nombre de esa equidad es que llama la atención la denuncia del Premier acerca de la existencia de lobbies, especialmente del gremio médico, que impiden que se aborde esta problemática. Recordemos que no es la primera vez que un proyecto de esta naturaleza llega al Congreso y se paraliza. Es hora, pues, de tomar al toro por las astas y resolver el dilema con una óptica de justicia y de modernidad tal como lo han hecho muchos países.
Exhortamos al Legislativo a escuchar una legítima y varias veces postergada demanda ciudadana y favorecer un consenso que permita que los pacientes cuenten a la brevedad con una herramienta sencilla y expeditiva para ser resarcidos e indemnizados por las negligencias médicas que pudieran sufrir. Y exhortamos, finalmente, a los gremios médicos y a todos los médicos en general a entender que están al servicio de la salud y de sus pacientes por lo que deben necesaria y responsablemente asumir las consecuencias de sus actos profesionales.
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