Pese a que altos dirigentes del Partido Aprista y de Unidad Nacional solicitaron la inmediata cancelación de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) de su calidad de veedora del trabajo que lleva a cabo la Comisión Seleccionadora de los Candidatos al Tribunal Constitucional –debido a que este organismo no gubernamental representa a intereses ajenos, tiene intereses creados en la administración de justicia y además su participación es innecesaria–, la Comisión Permanente del Congreso decidió –por estrecha mayoría– que la ONG IDL permanezca como veedora en ese grupo de trabajo. Votaron a favor de la medida los nacionalistas Víctor Mayorga y Fredy Otárola; José Vega (UPP) y Raúl Castro (PPC). En contra lo hicieron los apristas Humberto Falla y Wilder Calderón y el fujimorista Rolando Sousa.
Contundentes, al respecto, fueron las declaraciones de Mercedes Cabanillas, quien advirtió que la participación de la ONG IDL en el proceso seleccionador aludido podría prestarse a suspicacias, porque habría conflicto de intereses dado que dicta cursos de capacitación a magistrados, y también mantiene poderosa influencia en la judicatura. Además, Cabanillas se refirió a la falta de representatividad de una ONG, sugiriendo que los convocados sean las universidades o colegios profesionales para esta veeduría.
En el mismo sentido se expresó el congresista de Unidad Nacional, Javier Bedoya, quien señaló que el Congreso no debe abdicar de su autoridad, dándole injerencia a la ONG IDL, para que expida algo así como certificados de buena conducta a los magistrados. El legislador fue enfático en descalificar a la ONG IDL, porque constantemente busca influir en las instancias judiciales y auspicia denuncias a militares y policías que combaten el terrorismo.
El Congreso es depositario de la voluntad popular. En ese carácter, y de acuerdo a sus atribuciones, procederá a nombrar a los magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales previa selección de los candidatos, a cargo de una comisión ad hoc. Para esa tarea, este poder del Estado no requiere de veedores. Pero, si fuera el caso, no es el de la ONG IDL, aunque la comisión haya ratificado su permanencia. La veeduría de hecho la ejercen la ciudadanía y los medios de comunicación que no tienen intereses creados en el asunto.
Las organizaciones no gubernamentales son bienvenidas en todas las áreas del quehacer social, educativo, de salud y comunitario, donde prestan un apoyo que es menester resaltar que es reconocido por todo el país. Pero, como en el caso de la ONG IDL, cuando tienen una finalidad política específica y son dirigidas por intereses políticos, su labor se distorsiona y constituye una abierta, inconveniente injerencia en la labor de las instituciones competentes del Estado.
Reprobamos, pues, la decisión adoptada por la Comisión Seleccionadora de los Candidatos al Tribunal Constitucional, y exhortamos a las bancadas parlamentarias a llevar el asunto al Pleno del Congreso, para que –argumentos legales, técnicos y políticos en mano–, proceda a anular esta veeduría foránea e interesada, que debería declinar el encargo por el solo hecho de no ser un organismo que represente a la opinión pública.
EXPRESO
Contundentes, al respecto, fueron las declaraciones de Mercedes Cabanillas, quien advirtió que la participación de la ONG IDL en el proceso seleccionador aludido podría prestarse a suspicacias, porque habría conflicto de intereses dado que dicta cursos de capacitación a magistrados, y también mantiene poderosa influencia en la judicatura. Además, Cabanillas se refirió a la falta de representatividad de una ONG, sugiriendo que los convocados sean las universidades o colegios profesionales para esta veeduría.
En el mismo sentido se expresó el congresista de Unidad Nacional, Javier Bedoya, quien señaló que el Congreso no debe abdicar de su autoridad, dándole injerencia a la ONG IDL, para que expida algo así como certificados de buena conducta a los magistrados. El legislador fue enfático en descalificar a la ONG IDL, porque constantemente busca influir en las instancias judiciales y auspicia denuncias a militares y policías que combaten el terrorismo.
El Congreso es depositario de la voluntad popular. En ese carácter, y de acuerdo a sus atribuciones, procederá a nombrar a los magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales previa selección de los candidatos, a cargo de una comisión ad hoc. Para esa tarea, este poder del Estado no requiere de veedores. Pero, si fuera el caso, no es el de la ONG IDL, aunque la comisión haya ratificado su permanencia. La veeduría de hecho la ejercen la ciudadanía y los medios de comunicación que no tienen intereses creados en el asunto.
Las organizaciones no gubernamentales son bienvenidas en todas las áreas del quehacer social, educativo, de salud y comunitario, donde prestan un apoyo que es menester resaltar que es reconocido por todo el país. Pero, como en el caso de la ONG IDL, cuando tienen una finalidad política específica y son dirigidas por intereses políticos, su labor se distorsiona y constituye una abierta, inconveniente injerencia en la labor de las instituciones competentes del Estado.
Reprobamos, pues, la decisión adoptada por la Comisión Seleccionadora de los Candidatos al Tribunal Constitucional, y exhortamos a las bancadas parlamentarias a llevar el asunto al Pleno del Congreso, para que –argumentos legales, técnicos y políticos en mano–, proceda a anular esta veeduría foránea e interesada, que debería declinar el encargo por el solo hecho de no ser un organismo que represente a la opinión pública.
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