Federico Battifora
Hoy la informalidad en el tránsito y transporte terrestre peruano continúa expresándose a través del desorden, inseguridad y muy baja calidad del servicio público, cuya misión es la de movilizar a las personas de forma segura y eficiente. Demasiadas dificultades tienen las autoridades correspondientes y las vinculadas (ministerio de Transporte, municipios y gobiernos regionales) para asegurar una competencia leal y por consiguiente no afectar a los usuarios y mucho menos pueden hacer frente a la informalidad que se manifiesta de múltiples formas. Es complicado desarrollar auténtica actividad empresarial en este sector, pocas son las posibilidades de recuperar el capital invertido y actuar con responsabilidad social. En casi el 90% de este sector, en lo referente a políticas laborales, literalmente no existen. El transporte terrestre urbano continúa siendo un colchón social de refugio, del auténtico Desempleo reinante hace muchos décadas en el Perú. Si a esto añadimos la precaria infraestructura vial tanto a nivel nacional y regional (carreteras) como vecinales (avenidas y calles urbanas). La fiscalización que debería jugar un rol dirimente y principalísimo deja mucho que desear, en principio porque en los interiores del ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa operando una suerte de banda que mantiene las mismas costumbres y prácticas con referente a la frondosa normativa proclive a corrupción, aclarando que en estas conductas intervienen también los transportistas a través de conocidos tramitadores que transitan como Pedro en su casa, en los pasillos de estas dependencias, desde transpirados hombrecillos que llevan y traen papeles, hasta los más encumbrados cuello y corbata que operan los grandes intereses. Hasta mañana.
LA PRIMERA
Hoy la informalidad en el tránsito y transporte terrestre peruano continúa expresándose a través del desorden, inseguridad y muy baja calidad del servicio público, cuya misión es la de movilizar a las personas de forma segura y eficiente. Demasiadas dificultades tienen las autoridades correspondientes y las vinculadas (ministerio de Transporte, municipios y gobiernos regionales) para asegurar una competencia leal y por consiguiente no afectar a los usuarios y mucho menos pueden hacer frente a la informalidad que se manifiesta de múltiples formas. Es complicado desarrollar auténtica actividad empresarial en este sector, pocas son las posibilidades de recuperar el capital invertido y actuar con responsabilidad social. En casi el 90% de este sector, en lo referente a políticas laborales, literalmente no existen. El transporte terrestre urbano continúa siendo un colchón social de refugio, del auténtico Desempleo reinante hace muchos décadas en el Perú. Si a esto añadimos la precaria infraestructura vial tanto a nivel nacional y regional (carreteras) como vecinales (avenidas y calles urbanas). La fiscalización que debería jugar un rol dirimente y principalísimo deja mucho que desear, en principio porque en los interiores del ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa operando una suerte de banda que mantiene las mismas costumbres y prácticas con referente a la frondosa normativa proclive a corrupción, aclarando que en estas conductas intervienen también los transportistas a través de conocidos tramitadores que transitan como Pedro en su casa, en los pasillos de estas dependencias, desde transpirados hombrecillos que llevan y traen papeles, hasta los más encumbrados cuello y corbata que operan los grandes intereses. Hasta mañana.
LA PRIMERA
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