Por: Jaime de Althaus Guarderas
Debe notarse que los protagonistas principales —en ocasiones exclusivos— de las movilizaciones y bloqueos, tanto en la selva como en la sierra, son los indígenas, no los colonos ni los mistis ni los pobladores urbanos (salvo, eventualmente, profesores del Sutep). En Sicuani ocurrió algo parecido —aunque también muchos comuneros fueron obligados a movilizarse bajo pena de multa— y la medida prácticamente no ha podido reanudarse gracias a la oposición tajante de los comerciantes, taxistas y otros sectores de la ciudad.
El lado positivo de esto es, naturalmente, la autoafirmación de una población tradicionalmente marginada o expoliada. Quizá no sea casual que el año pasado la pobreza disminuyera bastante más en el área rural, beneficiada por el incremento de los precios, y que este año esos precios estén cayendo. La expectativa de participación, por primera vez, en un mercado que se abre como una promesa, magnificada por los anuncios del crecimiento de la economía, se convierte en un espejismo frustrante si no se asfalta la carretera o si se cree que las concesiones mineras o hidroeléctricas han de quitarme el agua que necesito. La revelación de que un porcentaje alto de las tierras de las comunidades forma parte de lotes de concesiones mineras genera la confusión de que las propias tierras han sido entregadas y que se perderá el agua. Quizá se cuestiona el hecho mismo de haber entregado una concesión sin haber consultado al propietario de la tierra.
Por supuesto, la exploración minera sí tiene que ser consultada y si la mina necesita tierras de las comunidades, tiene que comprarlas. Pero esto no se sabe o se desconfía o se agita la tesis del despojo. Pues ocurre que a estas sensibilidades de origen histórico punzadas por la expansión de las concesiones, se suma un movimiento internacional de reivindicación de los derechos indígenas en el que confluyen los intereses anticapitalistas de algunas ONG “verdes” europeas y estadounidenses, el movimiento indígena andino que cuenta ahora con el liderazgo activo de Evo Morales y el proyecto hegemónico bolivariano estatizante, anticapitalista y antidemocrático liderado por Hugo Chávez en el que el propio Morales se inscribe.
Sin embargo, existe un claro interés nacional en la explotación minera, por los impuestos que genera para el propio desarrollo nacional, regional y local. Ante eso, solo queda dar la batalla política, ideológica e informativa. Pasar a la ofensiva. Pero para buscar un entendimiento, un pacto de desarrollo con los campesinos que les dé las seguridades de que serán los principales beneficiarios y protagonistas del modelo.
EL COMERCIO
Debe notarse que los protagonistas principales —en ocasiones exclusivos— de las movilizaciones y bloqueos, tanto en la selva como en la sierra, son los indígenas, no los colonos ni los mistis ni los pobladores urbanos (salvo, eventualmente, profesores del Sutep). En Sicuani ocurrió algo parecido —aunque también muchos comuneros fueron obligados a movilizarse bajo pena de multa— y la medida prácticamente no ha podido reanudarse gracias a la oposición tajante de los comerciantes, taxistas y otros sectores de la ciudad.
El lado positivo de esto es, naturalmente, la autoafirmación de una población tradicionalmente marginada o expoliada. Quizá no sea casual que el año pasado la pobreza disminuyera bastante más en el área rural, beneficiada por el incremento de los precios, y que este año esos precios estén cayendo. La expectativa de participación, por primera vez, en un mercado que se abre como una promesa, magnificada por los anuncios del crecimiento de la economía, se convierte en un espejismo frustrante si no se asfalta la carretera o si se cree que las concesiones mineras o hidroeléctricas han de quitarme el agua que necesito. La revelación de que un porcentaje alto de las tierras de las comunidades forma parte de lotes de concesiones mineras genera la confusión de que las propias tierras han sido entregadas y que se perderá el agua. Quizá se cuestiona el hecho mismo de haber entregado una concesión sin haber consultado al propietario de la tierra.
Por supuesto, la exploración minera sí tiene que ser consultada y si la mina necesita tierras de las comunidades, tiene que comprarlas. Pero esto no se sabe o se desconfía o se agita la tesis del despojo. Pues ocurre que a estas sensibilidades de origen histórico punzadas por la expansión de las concesiones, se suma un movimiento internacional de reivindicación de los derechos indígenas en el que confluyen los intereses anticapitalistas de algunas ONG “verdes” europeas y estadounidenses, el movimiento indígena andino que cuenta ahora con el liderazgo activo de Evo Morales y el proyecto hegemónico bolivariano estatizante, anticapitalista y antidemocrático liderado por Hugo Chávez en el que el propio Morales se inscribe.
Sin embargo, existe un claro interés nacional en la explotación minera, por los impuestos que genera para el propio desarrollo nacional, regional y local. Ante eso, solo queda dar la batalla política, ideológica e informativa. Pasar a la ofensiva. Pero para buscar un entendimiento, un pacto de desarrollo con los campesinos que les dé las seguridades de que serán los principales beneficiarios y protagonistas del modelo.
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