La falta de independencia del Poder Judicial es uno de los más pesados lastres que arrastra nuestra sociedad en general. Es una carga que se ha venido haciendo más pesada a lo largo de los últimos 30 años y, sobre ella, mucho se ha hablado, pero en nada se ha mejorado.
El costo económico para el país de tener un sistema judicial deficiente y manipulable es incalculable. Basta ver cómo la falta de independencia judicial es el peor indicador que tenemos como país en los diversos índices de libertad económica o de competitividad que se usan como referencia para decidir quiénes desean realizar una inversión.
Pero el verdadero drama lo sufre el peruano común y corriente. Cualquiera que alguna vez haya tenido la mala fortuna de haber asistido a una fiscalía o juzgado sabe por experiencia que entrar en un proceso legal de cualquier tipo en el Perú es una pesadilla que puede durar toda la vida para el ciudadano honrado. La justicia en nuestro país solo parece existir para servir a los gobiernos de turno o, en todo caso, a los que tienen recursos.
Hace algunas semanas, cuando el presidente de la Corte Suprema se refirió con aparente indignación a la lentitud de un proceso que él mismo calificó de emblemático, tuvimos la esperanza de que, finalmente, el caso de los 'petroaudios’ pudiera ser investigado acuciosa y eficientemente.
Lamentablemente, estuvimos equivocados, y el doctor Villa Stein ha dejado pasar una brillante oportunidad para revertir el continuo descenso a los abismos del desprestigio que desde hace años mantiene el Poder Judicial.
Incluso, aunque parezca imposible que puedan caer aún más bajo de lo que ya están, no hay duda de que la desaprobación de la población aumentará significativamente con esta resolución. Nadie se va a comprar la historia de que la decisión de la sala ha sido objetiva y sin injerencia o influencia política. Basta ver el absurdo estancamiento del proceso, que no ha avanzado nada en nueve meses, así como los vínculos partidarios y los antecedentes de los vocales participantes, para que esa aseveración se quede sin piso.
En realidad, solo nos queda esperar que la reacción ciudadana genere aunque sea temor en las altas instancias judiciales –evidentemente, la vergüenza les es extraña– y el caso sea, finalmente, encomendado a un juez que sea capaz y eficiente y, lo más importante, que esté dispuesto a investigar.
PERU 21
El costo económico para el país de tener un sistema judicial deficiente y manipulable es incalculable. Basta ver cómo la falta de independencia judicial es el peor indicador que tenemos como país en los diversos índices de libertad económica o de competitividad que se usan como referencia para decidir quiénes desean realizar una inversión.
Pero el verdadero drama lo sufre el peruano común y corriente. Cualquiera que alguna vez haya tenido la mala fortuna de haber asistido a una fiscalía o juzgado sabe por experiencia que entrar en un proceso legal de cualquier tipo en el Perú es una pesadilla que puede durar toda la vida para el ciudadano honrado. La justicia en nuestro país solo parece existir para servir a los gobiernos de turno o, en todo caso, a los que tienen recursos.
Hace algunas semanas, cuando el presidente de la Corte Suprema se refirió con aparente indignación a la lentitud de un proceso que él mismo calificó de emblemático, tuvimos la esperanza de que, finalmente, el caso de los 'petroaudios’ pudiera ser investigado acuciosa y eficientemente.
Lamentablemente, estuvimos equivocados, y el doctor Villa Stein ha dejado pasar una brillante oportunidad para revertir el continuo descenso a los abismos del desprestigio que desde hace años mantiene el Poder Judicial.
Incluso, aunque parezca imposible que puedan caer aún más bajo de lo que ya están, no hay duda de que la desaprobación de la población aumentará significativamente con esta resolución. Nadie se va a comprar la historia de que la decisión de la sala ha sido objetiva y sin injerencia o influencia política. Basta ver el absurdo estancamiento del proceso, que no ha avanzado nada en nueve meses, así como los vínculos partidarios y los antecedentes de los vocales participantes, para que esa aseveración se quede sin piso.
En realidad, solo nos queda esperar que la reacción ciudadana genere aunque sea temor en las altas instancias judiciales –evidentemente, la vergüenza les es extraña– y el caso sea, finalmente, encomendado a un juez que sea capaz y eficiente y, lo más importante, que esté dispuesto a investigar.
PERU 21
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