Luego de los sucesos de las últimas semanas y de la creciente tendencia entre los partidarios del Gobierno a evadir la realidad culpando por los actuales problemas a todo el mundo, menos a ellos, se va creando la preocupante impresión de un oficialismo cada vez más aislado que no escucha a la opinión pública ni a la oposición.
Sin embargo, en lo que respecta al cuestionado manejo del canal del Estado, el Gobierno está demostrando reflejos ante las críticas y receptividad a las sugerencias que se plantearon, y su flamante presidente ha anunciado que se separará claramente la administración del canal de cualquier influencia partidaria o del Gobierno.
Para lograr este objetivo se designaría un directorio compuesto únicamente por personalidades independientes. Asimismo, se reformaría drásticamente la actual programación para darles énfasis a programas educativos y culturales, limitando la excesiva –mejor dicho, asfixiante– cobertura que se les ha venido dando a las actividades gubernamentales. De esa manera no tenemos duda de que el canal del Estado recuperará audiencia y, lo que es más importante, de que podrá ser mucho más efectivo ya que, en la actualidad, sufre de una aguda falta de credibilidad ante la población.
Este último punto es fundamental porque el nivel de desconfianza de la población, especialmente rural, hacia el Perú oficial es cada vez mayor. Basta ver el rechazo a proyectos de inversión como el caso de la hidroeléctrica en Canchis, que traerían bienestar y progreso a esa región. Simple y llanamente, el poblador ya no le cree ni al Gobierno ni al Estado.
No es solo cuestión de que existan agitadores azuzando a la población; el hecho innegable –y felizmente pasible de ser corregido por el Gobierno– es que el aparato de comunicación del Estado ha sido mal utilizado y, como resultado, ha incumplido su función fracasando en su rol comunicador.
Por otro lado, esta positiva decisión debería extenderse a otras entidades estatales que tienen que ser claramente blindadas ante los gobiernos de turno. Entre ellas están el INEI, el Indecopi y un organismo que fusione a los reguladores de servicios públicos. Estas instituciones, sumadas al Banco Central, a la SBS y, ahora, al Canal 7, conformarían una espina dorsal, técnica y autónoma, para las funciones que tiene que realizar el Estado al margen de a quien elijamos.
PERU 21
Sin embargo, en lo que respecta al cuestionado manejo del canal del Estado, el Gobierno está demostrando reflejos ante las críticas y receptividad a las sugerencias que se plantearon, y su flamante presidente ha anunciado que se separará claramente la administración del canal de cualquier influencia partidaria o del Gobierno.
Para lograr este objetivo se designaría un directorio compuesto únicamente por personalidades independientes. Asimismo, se reformaría drásticamente la actual programación para darles énfasis a programas educativos y culturales, limitando la excesiva –mejor dicho, asfixiante– cobertura que se les ha venido dando a las actividades gubernamentales. De esa manera no tenemos duda de que el canal del Estado recuperará audiencia y, lo que es más importante, de que podrá ser mucho más efectivo ya que, en la actualidad, sufre de una aguda falta de credibilidad ante la población.
Este último punto es fundamental porque el nivel de desconfianza de la población, especialmente rural, hacia el Perú oficial es cada vez mayor. Basta ver el rechazo a proyectos de inversión como el caso de la hidroeléctrica en Canchis, que traerían bienestar y progreso a esa región. Simple y llanamente, el poblador ya no le cree ni al Gobierno ni al Estado.
No es solo cuestión de que existan agitadores azuzando a la población; el hecho innegable –y felizmente pasible de ser corregido por el Gobierno– es que el aparato de comunicación del Estado ha sido mal utilizado y, como resultado, ha incumplido su función fracasando en su rol comunicador.
Por otro lado, esta positiva decisión debería extenderse a otras entidades estatales que tienen que ser claramente blindadas ante los gobiernos de turno. Entre ellas están el INEI, el Indecopi y un organismo que fusione a los reguladores de servicios públicos. Estas instituciones, sumadas al Banco Central, a la SBS y, ahora, al Canal 7, conformarían una espina dorsal, técnica y autónoma, para las funciones que tiene que realizar el Estado al margen de a quien elijamos.
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