El turismo en general –interno o receptivo– está en peligro. Peor cuando no existe alguien que asuma su defensa sin rodeos ni dubitaciones. Recordemos que hay estudios académicos que refieren que el Perú tiene por lo menos cien mil sitios arqueológicos, sin contar por supuesto otros destinos propios de la enorme riqueza cultural que posee nuestro país, riqueza comprobada con lugares menos antiguos en comparación con los vestigios precolombinos e incaicos. Vale decir, la cifra es mayor si sumamos todos los espacios creados en la colonia y durante los albores de la República. De manera que el Perú es uno de los países con mayor potencial turístico del mundo. Además mucho nos ha costado –principalmente en la última década– proyectar esa imagen a los cinco continentes y sobre todo para lograr que más turistas lleguen a nuestro país. Hace unos años celebramos el hecho de haber superado la barrera del millón de turistas al año. Y cuánto nos complace saber que podemos avanzar pronto a remontar los tres millones de visitantes. Sin embargo, un conjunto de desadaptados no mide el peligro que representa paralizar las carreteras con bloqueos, así como fomentar el caos con huelgas y marchas de protesta tanto en zonas urbanas del país como en el ámbito rural.
El turismo genera anualmente cientos de millones de dólares en inversión privada y crea constantemente miles de puestos de trabajo. Llegar a esta realidad nos ha tomado tiempo pero en un abrir y cerrar de ojos esa condición puede cambiar si dejamos que cualquier individuo salga a las calles –dizque “a luchar por los pobres”– a colocar troncos y piedras en las carreteras o a tomar puertos, aeropuertos y locales públicos. Bastantes pérdidas ya tiene el Perú frente a este tipo de medidas de fuerza. Lo cierto es que con la paralización sistemática de las actividades económicas, perpetrada por sectores ultras, el país se está disparando a los pies. En consecuencia, es suicida que un grupo ideologizado de ciudadanos ponga en vilo a más de 28 millones de peruanos. El caso de sujetos recalcitrantes en Canchis, por ejemplo, es el colmo puesto que están generando la mala imagen del Cusco, lo que conlleva a la cancelación de visitas de miles de turistas que deseaban arribar a la Ciudad Imperial para la fiesta del Inti Raymi (24 de junio).
Ya está bueno, señores. Hay que poner término al boicot. Si las autoridades regionales o provinciales no son capaces de poner orden y defender a los ciudadanos que sí quieren trabajar y ejercer sus derechos al libre tránsito, le compete al Gobierno Central asumir sus responsabilidades constitucionales a fin de dar una señal clara y contundente que ponga coto a esa mala costumbre de aislar ciudades enteras al cortárseles sus vías y arterias principales que las comunican con el resto del Perú. Las leyes penales son muy claras y están vigentes, de modo que invocamos al Ejecutivo a no persistir en medio de la debilidad y parálisis. Los turistas, sean ciudadanos nacionales o extranjeros, tienen derechos que deben respetarse y defenderse.
EXPRESO
El turismo genera anualmente cientos de millones de dólares en inversión privada y crea constantemente miles de puestos de trabajo. Llegar a esta realidad nos ha tomado tiempo pero en un abrir y cerrar de ojos esa condición puede cambiar si dejamos que cualquier individuo salga a las calles –dizque “a luchar por los pobres”– a colocar troncos y piedras en las carreteras o a tomar puertos, aeropuertos y locales públicos. Bastantes pérdidas ya tiene el Perú frente a este tipo de medidas de fuerza. Lo cierto es que con la paralización sistemática de las actividades económicas, perpetrada por sectores ultras, el país se está disparando a los pies. En consecuencia, es suicida que un grupo ideologizado de ciudadanos ponga en vilo a más de 28 millones de peruanos. El caso de sujetos recalcitrantes en Canchis, por ejemplo, es el colmo puesto que están generando la mala imagen del Cusco, lo que conlleva a la cancelación de visitas de miles de turistas que deseaban arribar a la Ciudad Imperial para la fiesta del Inti Raymi (24 de junio).
Ya está bueno, señores. Hay que poner término al boicot. Si las autoridades regionales o provinciales no son capaces de poner orden y defender a los ciudadanos que sí quieren trabajar y ejercer sus derechos al libre tránsito, le compete al Gobierno Central asumir sus responsabilidades constitucionales a fin de dar una señal clara y contundente que ponga coto a esa mala costumbre de aislar ciudades enteras al cortárseles sus vías y arterias principales que las comunican con el resto del Perú. Las leyes penales son muy claras y están vigentes, de modo que invocamos al Ejecutivo a no persistir en medio de la debilidad y parálisis. Los turistas, sean ciudadanos nacionales o extranjeros, tienen derechos que deben respetarse y defenderse.
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