Como un medio de comunicación comprometido con la paz, la democracia y el desarrollo justo y sostenible del Perú debemos expresar nuestra preocupación por las graves dimensiones que está tomando la protesta social, debido, sobre todo, a la manipulación y el aprovechamiento de algunos grupos radicales de ultraizquierda.
Los peruanos ya hemos vivido en carne propia esta experiencia dolorosa y traumática, que pone en riesgo la gobernabilidad, por lo que no estamos dispuestos a repetirla. Por ello, hoy cuando los mismos grupos radicales y violentistas pretenden dañar nuevamente el país, tenemos que alzar la voz para denunciar y poner coto a esta agenda desestabilizadora que quiere ponernos al borde del caos.
No se trata de desconocer la legitimidad de ciertas demandas sociales. Por el contrario, lo primero que debe hacerse es diferenciar la justa protesta de aquellos brotes subversivos, lo que debe merecer una reacción distinta del Gobierno y de la sociedad.
En cuanto a lo primero, la autoridad gubernamental está obligada a escuchar y buscar vías de información, participación y diálogo para evaluar a fondo los problemas y buscar alternativas de solución. Todo ello bajo la premisa básica de que ambas partes actúan de buena fe y están dispuestas a negociar.
Sin embargo, cuando los grupos radicales aparecen en la escena para imponer el extremismo en los pliegos de reclamos y cerrar todo camino a la negociación, es evidente que se afecta gravemente las opciones de diálogo. Aquí todo entendimiento se bloquea adrede y cualquier pretexto se infla hasta convertirlo en un reclamo maximalista que no cede en nada.
¿Cómo actuar en estas circunstancias? En el primer prospecto el Gobierno y el Estado tienen que reaccionar con apertura y tolerancia, pero también con firmeza. Se puede dialogar dentro de la ley y el sentido común, pero no se puede transigir en cuestiones básicas de respeto al orden constitucional, los derechos de los demás y la unidad del Estado.
Sin embargo, en el otro escenario no se puede ser ingenuo ante la arremetida de los subversivos cuyos métodos ya conocemos: primero infiltran los movimientos sociales, luego azuzan e incitan a la violencia y, posteriormente, utilizan y se apropian de la protesta para radicalizarla y buscar víctimas que legitimen su recusable accionar desestabilizador.
Ante esto, el Estado tiene la obligación de restablecer el orden y el principio de autoridad. En La Oroya, se trata de un asunto en el que la empresa misma tiene una grave responsabilidad; en Andahuaylas, el pliego de reclamos ha sido cambiado de una semana a otra de modo sospechoso; y en Sicuani y Cusco, los pedidos sobrepasan el ámbito de lo atendible.
Como lo hemos aclarado, no estamos en contra del derecho a la protesta legítima —tampoco a la insurgencia contra una dictadura, que no es el caso—, todo lo cual tiene protección constitucional. Pero sí debemos denunciar y advertir sobre aquellos ataques a la democracia representativa y participativa, así como a la viabilidad del Estado, por ciertos grupos desestabilizadores, lo que demanda una respuesta conjunta de la sociedad democrática.
Es momento de reflexión y de respuesta firme para preservar la peruanidad.
Todos debemos unirnos cuando está en juego la estabilidad democrática. Aquí no está en juego el éxito o fracaso del Gobierno de turno, que tiene que asumir su propia responsabilidad. Todos los actores políticos que no están en el poder tienen que poner el hombro para rechazar estos embates de la ultraizquierda. Particularmente, el Congreso no puede seguir dando la espalda a este gravísimo problema al ocuparse de temas adjetivos y caer en el juego del radicalismo violentista.
EL COMERCIO
Los peruanos ya hemos vivido en carne propia esta experiencia dolorosa y traumática, que pone en riesgo la gobernabilidad, por lo que no estamos dispuestos a repetirla. Por ello, hoy cuando los mismos grupos radicales y violentistas pretenden dañar nuevamente el país, tenemos que alzar la voz para denunciar y poner coto a esta agenda desestabilizadora que quiere ponernos al borde del caos.
No se trata de desconocer la legitimidad de ciertas demandas sociales. Por el contrario, lo primero que debe hacerse es diferenciar la justa protesta de aquellos brotes subversivos, lo que debe merecer una reacción distinta del Gobierno y de la sociedad.
En cuanto a lo primero, la autoridad gubernamental está obligada a escuchar y buscar vías de información, participación y diálogo para evaluar a fondo los problemas y buscar alternativas de solución. Todo ello bajo la premisa básica de que ambas partes actúan de buena fe y están dispuestas a negociar.
Sin embargo, cuando los grupos radicales aparecen en la escena para imponer el extremismo en los pliegos de reclamos y cerrar todo camino a la negociación, es evidente que se afecta gravemente las opciones de diálogo. Aquí todo entendimiento se bloquea adrede y cualquier pretexto se infla hasta convertirlo en un reclamo maximalista que no cede en nada.
¿Cómo actuar en estas circunstancias? En el primer prospecto el Gobierno y el Estado tienen que reaccionar con apertura y tolerancia, pero también con firmeza. Se puede dialogar dentro de la ley y el sentido común, pero no se puede transigir en cuestiones básicas de respeto al orden constitucional, los derechos de los demás y la unidad del Estado.
Sin embargo, en el otro escenario no se puede ser ingenuo ante la arremetida de los subversivos cuyos métodos ya conocemos: primero infiltran los movimientos sociales, luego azuzan e incitan a la violencia y, posteriormente, utilizan y se apropian de la protesta para radicalizarla y buscar víctimas que legitimen su recusable accionar desestabilizador.
Ante esto, el Estado tiene la obligación de restablecer el orden y el principio de autoridad. En La Oroya, se trata de un asunto en el que la empresa misma tiene una grave responsabilidad; en Andahuaylas, el pliego de reclamos ha sido cambiado de una semana a otra de modo sospechoso; y en Sicuani y Cusco, los pedidos sobrepasan el ámbito de lo atendible.
Como lo hemos aclarado, no estamos en contra del derecho a la protesta legítima —tampoco a la insurgencia contra una dictadura, que no es el caso—, todo lo cual tiene protección constitucional. Pero sí debemos denunciar y advertir sobre aquellos ataques a la democracia representativa y participativa, así como a la viabilidad del Estado, por ciertos grupos desestabilizadores, lo que demanda una respuesta conjunta de la sociedad democrática.
Es momento de reflexión y de respuesta firme para preservar la peruanidad.
Todos debemos unirnos cuando está en juego la estabilidad democrática. Aquí no está en juego el éxito o fracaso del Gobierno de turno, que tiene que asumir su propia responsabilidad. Todos los actores políticos que no están en el poder tienen que poner el hombro para rechazar estos embates de la ultraizquierda. Particularmente, el Congreso no puede seguir dando la espalda a este gravísimo problema al ocuparse de temas adjetivos y caer en el juego del radicalismo violentista.
EL COMERCIO
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