Después de los sucesos de Bagua, el Gobierno ha hecho bien en comprometerse a reanudar una relación más equilibrada con la sociedad civil, trátese de comunidades amazónicas u otros grupos que quisieran participar más estrechamente en la aplicación de políticas que los involucran directamente o comprometen su desarrollo.
Y es que la necesidad del diálogo, de instaurar mecanismos de participación ciudadana y de mejorar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos es hoy más urgente que nunca, como lo muestra la última encuesta nacional de El Comercio, elaborada por Ipsos Apoyo S.A.
En principio, no debe subestimarse que el 92% de los peruanos encuestados cree que el Gobierno debió consultar a las comunidades nativas antes de promulgar los cuestionados decretos legislativos, lo cual ratifica la vocación democrática de la mayoría de ciudadanos y su rechazo a la violencia. Desafiar esta voluntad implicaría no solo desoír a una población que exige una mayor presencia del Estado, sino elevar los índices de desaprobación que hoy concede al Ejecutivo, al Legislativo e incluso a algunos líderes de la oposición.
Pero las estadísticas dicen más: señalan que apenas el 5% de los consultados conocía muy bien el contenido de los decretos frente a un abultado 65% que sabía poco de esas disposiciones y 29% que no los conocía en lo más mínimo. Esto solo prueba que la falta de comunicación no solo cundió en los grupos amazónicos, sino que también en el grueso de la población.
En otras palabras, que la mayoría de peruanos no sabía de qué trataban los decretos derogados la semana pasada y que probablemente se enteraron de los hechos parcialmente, a través de las versiones que presentaron los medios de comunicación o mediante la campaña de propaganda que el Gobierno difundió después que estalló la crisis.
Sin información ni comunicación, las percepciones solo pueden ser negativas.
Frente a este panorama la salida debe hallarse en diálogo para solucionar los problemas, anticiparse a las crisis y recuperar el orden público en caso de desbordamientos. Eso es lo que el país espera haga el Gobierno en el futuro, por ejemplo, en el caso de Sicuani (Cusco), donde cientos de comuneros han bloqueado carreteras y siguen cometiendo otros excesos, a pesar de que el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado ya que dialogará con ellos.
Ante esto evidentemente no puede excluirse que grupos infiltrados interesados en crear el caos en el país estén alentado estos levantamientos en el Cusco.
Pero hoy más que nunca el Gobierno tiene que ponerse por encima de ellos. Desarrollar una estrategia inteligente y capaz de discernir entre las demandas legítimas que se pueden solucionar en la mesa de diálogo, de aquellas otras que solo buscan provocar al Estado, para alentar una escalada de pronósticos reservados, que podría detectarse y prevenirse oportunamente antes de que los conflictos se vuelvan inmanejables.
Los hechos están demostrando, y esto se expresa en la encuesta de El Comercio, que el presidente Alan García no solamente ha hecho bien en reconocer sus errores, sino que es fundamental que realice un giro en sus relaciones con los diversos sectores de la sociedad civil.
EL COMERCIO
Y es que la necesidad del diálogo, de instaurar mecanismos de participación ciudadana y de mejorar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos es hoy más urgente que nunca, como lo muestra la última encuesta nacional de El Comercio, elaborada por Ipsos Apoyo S.A.
En principio, no debe subestimarse que el 92% de los peruanos encuestados cree que el Gobierno debió consultar a las comunidades nativas antes de promulgar los cuestionados decretos legislativos, lo cual ratifica la vocación democrática de la mayoría de ciudadanos y su rechazo a la violencia. Desafiar esta voluntad implicaría no solo desoír a una población que exige una mayor presencia del Estado, sino elevar los índices de desaprobación que hoy concede al Ejecutivo, al Legislativo e incluso a algunos líderes de la oposición.
Pero las estadísticas dicen más: señalan que apenas el 5% de los consultados conocía muy bien el contenido de los decretos frente a un abultado 65% que sabía poco de esas disposiciones y 29% que no los conocía en lo más mínimo. Esto solo prueba que la falta de comunicación no solo cundió en los grupos amazónicos, sino que también en el grueso de la población.
En otras palabras, que la mayoría de peruanos no sabía de qué trataban los decretos derogados la semana pasada y que probablemente se enteraron de los hechos parcialmente, a través de las versiones que presentaron los medios de comunicación o mediante la campaña de propaganda que el Gobierno difundió después que estalló la crisis.
Sin información ni comunicación, las percepciones solo pueden ser negativas.
Frente a este panorama la salida debe hallarse en diálogo para solucionar los problemas, anticiparse a las crisis y recuperar el orden público en caso de desbordamientos. Eso es lo que el país espera haga el Gobierno en el futuro, por ejemplo, en el caso de Sicuani (Cusco), donde cientos de comuneros han bloqueado carreteras y siguen cometiendo otros excesos, a pesar de que el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado ya que dialogará con ellos.
Ante esto evidentemente no puede excluirse que grupos infiltrados interesados en crear el caos en el país estén alentado estos levantamientos en el Cusco.
Pero hoy más que nunca el Gobierno tiene que ponerse por encima de ellos. Desarrollar una estrategia inteligente y capaz de discernir entre las demandas legítimas que se pueden solucionar en la mesa de diálogo, de aquellas otras que solo buscan provocar al Estado, para alentar una escalada de pronósticos reservados, que podría detectarse y prevenirse oportunamente antes de que los conflictos se vuelvan inmanejables.
Los hechos están demostrando, y esto se expresa en la encuesta de El Comercio, que el presidente Alan García no solamente ha hecho bien en reconocer sus errores, sino que es fundamental que realice un giro en sus relaciones con los diversos sectores de la sociedad civil.
EL COMERCIO
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