Heriberto Manuel Benítez Rivas
La Carta Política determina que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan; todos los integrantes del gabinete son solidariamente responsables por los actos violatorios de la Constitución o de leyes en que incurra el jefe de Estado, que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. El Presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Magna Carta, los tratados internacionales, las leyes y demás disposiciones legales; además, ejerce la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas, ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites dicta decretos y resoluciones. El Consejo de Ministros tiene que aprobar los decretos legislativos que dicta el primer mandatario de la Nación, así como los proyectos de Ley, decretos y resoluciones que dispone la Ley.
El Estado tiene entre sus deberes primordiales el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; asimismo, respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, las cuales tienen existencia legal y son autónomas en el uso y libre disposición de sus tierras, cuya propiedad, por cierto, es imprescriptible. Los tratados internacionales celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional; en consecuencia, existe la obligación de acatar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General del 13 de septiembre del 2007, donde los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando pretendan dictar normas legales relacionadas con sus derechos.
Los decretos legislativos que atropellaron nuestra legislación fueron aprobados durante la gestión de Jorge del Castillo (PCM). El Poder Ejecutivo no cumplió sus compromisos internacionales; la mesa de diálogo fracasó y tuvo como resultado un enfrentamiento entre nativos y policías, con pérdidas humanas lamentables. El gobierno, inmediatamente, pidió la captura de Alberto Pizango y amordazó una radio local; la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) denunció constitucionalmente a varios legisladores nacionalistas, no se conformaron con haber suspendido, abusivamente, a siete parlamentarios.
Finalmente, Alan García ofendió, públicamente, a los nativos. Ahora queda claro que el gobierno avaló, a sabiendas, las atrocidades jurídicas y barbaridades legales cometidas contra las comunidades nativas y eso merece una sanción política ejemplar; en consecuencia, hay una grave infracción constitucional y los responsables podrían ser inhabilitados hasta por diez años en el ejercicio de la función pública. El plazo para denunciarlos vence cinco años después que hayan concluido sus funciones; si el actual Congreso de la República no actúa, el tema quedará en manos del próximo Poder Legislativo.
La Carta Política determina que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan; todos los integrantes del gabinete son solidariamente responsables por los actos violatorios de la Constitución o de leyes en que incurra el jefe de Estado, que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. El Presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Magna Carta, los tratados internacionales, las leyes y demás disposiciones legales; además, ejerce la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas, ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites dicta decretos y resoluciones. El Consejo de Ministros tiene que aprobar los decretos legislativos que dicta el primer mandatario de la Nación, así como los proyectos de Ley, decretos y resoluciones que dispone la Ley.
El Estado tiene entre sus deberes primordiales el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; asimismo, respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, las cuales tienen existencia legal y son autónomas en el uso y libre disposición de sus tierras, cuya propiedad, por cierto, es imprescriptible. Los tratados internacionales celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional; en consecuencia, existe la obligación de acatar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General del 13 de septiembre del 2007, donde los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando pretendan dictar normas legales relacionadas con sus derechos.
Los decretos legislativos que atropellaron nuestra legislación fueron aprobados durante la gestión de Jorge del Castillo (PCM). El Poder Ejecutivo no cumplió sus compromisos internacionales; la mesa de diálogo fracasó y tuvo como resultado un enfrentamiento entre nativos y policías, con pérdidas humanas lamentables. El gobierno, inmediatamente, pidió la captura de Alberto Pizango y amordazó una radio local; la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) denunció constitucionalmente a varios legisladores nacionalistas, no se conformaron con haber suspendido, abusivamente, a siete parlamentarios.
Finalmente, Alan García ofendió, públicamente, a los nativos. Ahora queda claro que el gobierno avaló, a sabiendas, las atrocidades jurídicas y barbaridades legales cometidas contra las comunidades nativas y eso merece una sanción política ejemplar; en consecuencia, hay una grave infracción constitucional y los responsables podrían ser inhabilitados hasta por diez años en el ejercicio de la función pública. El plazo para denunciarlos vence cinco años después que hayan concluido sus funciones; si el actual Congreso de la República no actúa, el tema quedará en manos del próximo Poder Legislativo.
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