Por: Juan Ossio Sociólogo
La derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090 y las recientes expresiones de apertura al diálogo por parte del Gobierno constituyen acaso los primeros pasos hacia el restablecimiento de los lazos de confianza entre el Estado y la ciudadanía. A fin de fortalecer estos lazos, se precisa de una política de gestión que permita armonizar las diversas demandas sociales y políticas exigidas en las diversas localidades del país con aquellas mayores que comprenden los intereses nacionales. La gestión del territorio constituye, de ese modo, la definición de una política de gestión que comprende al territorio como principal eje coordinador de las políticas sectoriales que los diversos ministerios actualmente vienen emprendiendo.
Como señala el artículo 149 de la Constitución de 1993, las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que estas no violen los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, las comunidades gozan de autonomía y libertad jurisdiccional para legislar sobre sus territorios, siendo competencia de los municipios distritales y provinciales velar por los intereses de los ciudadanos de su jurisdicción. El territorio permite estructurar, de ese modo, las políticas emprendidas por cada sector del aparato público de acuerdo con las costumbres y modos de vida de las localidades sobre las que estas se aplican.
Tradicionalmente, la implementación de políticas se viene organizando sobre la base de sectores en los cuales el diseño y ejecución son conducidos por las respectivas carteras ministeriales. Es decir, las políticas sectoriales (salud, vivienda, educación, energía y minas, ambiente, trabajo, economía, etc.) han prevalecido sobre la autonomía de los municipios y demás instancias subnacionales. Sin embargo, los hechos acaecidos en Bagua ponen en entredicho la capacidad de respuesta de estos organismos, a fin de organizar los requerimientos sectoriales según el marco legal prefijado en sus atribuciones políticas, lo que garantizaría, para efectos del caso, los adecuados mecanismos de coordinación y ejecución de las políticas públicas en el ámbito de su jurisdicción.
Una reforma del Estado debe, pues, contemplar el territorio como eje articulador de las actuales políticas emprendidas por cada ministerio tomando en cuenta las características geográficas, económicas y culturales propias de cada localidad, con el objetivo de fortalecer los lazos de confianza entre el Estado y la ciudadanía. La perspectiva estadocéntrica que concebía el diseño de políticas por sectores (arriba-abajo), debe, por lo tanto, superarse por un modelo de gestión que comprenda, en su lugar, el fortalecimiento de los municipios y las regiones, a fin de involucrar activamente a la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas y sociales (abajo-arriba).
Por lo anterior, la gestión del territorio constituye pieza fundamental en la gobernabilidad futura del país y la promoción de relaciones democráticas y más armónicas al interior de cada localidad. En el caso específico de las ciudades intermedias, estas medidas deben coordinarse a través de los respectivos municipios y organismos descentralizados que actualmente comprenden los territorios de su jurisdicción. Para ello, las mesas de diálogo constituyen un primer paso, pero no el único, a fin de alcanzar, sobre la base del común acuerdo la conciliación entre intereses nacionales y locales.
EL COMERCIO
La derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090 y las recientes expresiones de apertura al diálogo por parte del Gobierno constituyen acaso los primeros pasos hacia el restablecimiento de los lazos de confianza entre el Estado y la ciudadanía. A fin de fortalecer estos lazos, se precisa de una política de gestión que permita armonizar las diversas demandas sociales y políticas exigidas en las diversas localidades del país con aquellas mayores que comprenden los intereses nacionales. La gestión del territorio constituye, de ese modo, la definición de una política de gestión que comprende al territorio como principal eje coordinador de las políticas sectoriales que los diversos ministerios actualmente vienen emprendiendo.
Como señala el artículo 149 de la Constitución de 1993, las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que estas no violen los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, las comunidades gozan de autonomía y libertad jurisdiccional para legislar sobre sus territorios, siendo competencia de los municipios distritales y provinciales velar por los intereses de los ciudadanos de su jurisdicción. El territorio permite estructurar, de ese modo, las políticas emprendidas por cada sector del aparato público de acuerdo con las costumbres y modos de vida de las localidades sobre las que estas se aplican.
Tradicionalmente, la implementación de políticas se viene organizando sobre la base de sectores en los cuales el diseño y ejecución son conducidos por las respectivas carteras ministeriales. Es decir, las políticas sectoriales (salud, vivienda, educación, energía y minas, ambiente, trabajo, economía, etc.) han prevalecido sobre la autonomía de los municipios y demás instancias subnacionales. Sin embargo, los hechos acaecidos en Bagua ponen en entredicho la capacidad de respuesta de estos organismos, a fin de organizar los requerimientos sectoriales según el marco legal prefijado en sus atribuciones políticas, lo que garantizaría, para efectos del caso, los adecuados mecanismos de coordinación y ejecución de las políticas públicas en el ámbito de su jurisdicción.
Una reforma del Estado debe, pues, contemplar el territorio como eje articulador de las actuales políticas emprendidas por cada ministerio tomando en cuenta las características geográficas, económicas y culturales propias de cada localidad, con el objetivo de fortalecer los lazos de confianza entre el Estado y la ciudadanía. La perspectiva estadocéntrica que concebía el diseño de políticas por sectores (arriba-abajo), debe, por lo tanto, superarse por un modelo de gestión que comprenda, en su lugar, el fortalecimiento de los municipios y las regiones, a fin de involucrar activamente a la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas y sociales (abajo-arriba).
Por lo anterior, la gestión del territorio constituye pieza fundamental en la gobernabilidad futura del país y la promoción de relaciones democráticas y más armónicas al interior de cada localidad. En el caso específico de las ciudades intermedias, estas medidas deben coordinarse a través de los respectivos municipios y organismos descentralizados que actualmente comprenden los territorios de su jurisdicción. Para ello, las mesas de diálogo constituyen un primer paso, pero no el único, a fin de alcanzar, sobre la base del común acuerdo la conciliación entre intereses nacionales y locales.
EL COMERCIO
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