Una lucha, varios frentes

Una asamblea general de la CGTP ha acordado convocar una Jornada de Lucha para el 8 de julio, en vez del paro de tres días antes acordado en solidaridad con la Amazonía.

Es una decisión atinada, aunque estoy seguro de que no faltarán las críticas de quienes creen, o fingen creer, que la revolución está a la vuelta de la esquina y en el pico de una molotov.

En la poderosa marcha del 11 de junio, la más enérgica y caudalosa de la década, aparecieron personas que lanzaron bombas molotov.

Llamo la atención sobre provocadores peligrosos. La historia social registra muchas “hazañas” de ese tipo. En una época, el senderismo irrumpía con esas armas en los mítines de la izquierda; pero participaban también, sin duda, agentes de seguridad del Estado.

Desde los días de la lucha por las ocho horas en Estados Unidos, la policía sabe cómo lograr, mediante un dinamitazo, que se facilite la represión de trabajadores.

Debido a experiencias como ésa, los obreros peruanos de comienzos del siglo XX acompañaban sus huelgas y mítines con un cuerpo especial, los “comités pro marsa”, es decir, la fuerza de choque para controlar rompehuelgas e infiltrados.

La CGTP tuvo en otra época su guardia obrera, que en estos días de ascenso popular y de impulso represivo del régimen debería estar alerta para aislar, reducir e identificar a tales individuos.

Algunos de los conflictos actuales tienen carácter local, con gran apoyo ciudadano. El de Canchis es uno de los más graves. Sus reclamos han conducido a una multitudinaria marcha al Cusco. Se temió que pudiera frustrar la celebración del Inti Raymi.

Andahuaylas reclama, entre otros puntos, contra el Decreto Legislativo 1081, sobre Recursos Hídricos. El sector oficialista insiste en que este Decreto no privatiza el agua.

En diciembre del 2008 se publicó en Lima el libro Análisis de la Institucionalidad Ambiental en los Decretos Legislativos de la Implementación del TLC Perú-EE.UU. del especialista Alberto Barandiarán Gómez.

El autor señala que la Ley 29157, que concedió facultades legislativas al Ejecutivo, exige que los decretos legislativos se encuentren “estrictamente” vinculados con el TLC. Esto se ha incumplido en casi todos los casos.

En cuanto al Decreto sobre el agua, el autor recuerda que la tercera Disposición Complementaria del Reglamento de ese dispositivo precisa que la Autoridad Nacional del Agua puede encargar al sector público o privado no sólo estudios, proyectos y obras, sino también, donde no haya Juntas de Usuarios o Comisiones de Regantes, labores de operación y de mantenimiento, y hasta de recaudación (página 68).

Las acciones de lucha no son obra de agitadores. Son movimientos de masas, que deben ser respetados y atendidos.

LA PRIMERA - César Lévano