¿Nos hemos preguntado seriamente, acaso, quiénes ganan con el caos generado por las protestas en varias regiones del país? Por supuesto que en materia política resulta evidente que los únicos beneficiados con la inestabilidad económica e institucional del Perú son el chavismo (en el extranjero) y la izquierda de todo pelaje (dentro de nuestras fronteras).
Sin embargo, nuestra interrogante va por un ángulo al cual no le dedicamos la debida atención. Nos referimos a las mafias que pasan inadvertidas en medio del desorden generado y que saben lo rentable que resulta para ellas actuar en paralelo al desgobierno y al debilitamiento del principio de autoridad.
Concretamente, a lo largo de las recientes protestas y movilizaciones hemos comprobado cómo se activan con gran facilidad –tanto en Canchis (Cusco) como en Andahuaylas– movilizaciones populares, parafernalia de costosas banderolas y pancartas, así como intensa propaganda violentista. Hace tiempo que Cusco es la región del país que reúne a más cocaleros informales, y es el lugar con mayor producción de coca en comparación a San Martín, Huánuco, Ayacucho o Puno. Y en el caso de Andahuaylas, esa región no solo es el espacio más cercano al Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), sino también es una zona en que su economía informal se ve muy afectada por el golpe que el Estado viene infligiendo a terroristas y narcotraficantes enquistados en la aludida cuenca.
Lamentablemente, ciertas comunidades campesinas que dominan los pomposamente denominados “Frentes de Defensa”, que simpatizan con los cuadros militantes de Patria Roja, el Sutep y que coinciden con las autoridades locales genuflexas o timoratas, le hacen el juego a la “megaindustria” del narcotráfico. Es sabido que esas lacras sociales hacen alianzas entre ellas. Pasa en Colombia, donde la mafia cocainómana actúa del brazo de las FARC. Sin ir muy lejos, en Bagua los taladores ilegales de árboles (traficantes de madera que, además, aprovechan los terrenos secuestrados para sembrar hoja de coca), siempre estuvieron detrás de la protesta que recientemente ha enlutado al Perú.
Urge pues decirle a miles de compatriotas que no olviden que tras los bloqueos de carreteras, los discursos incendiarios y los ultimátums al Estado, se frota las manos el terrorismo unido al narcotráfico, karmas que solo quieren repletar de dólares sus bolsillos sangrientos, como medio para capturar el poder del Estado. Y todo a costa de asesinar vidas inocentes. Por ello censuramos a las ONG políticas que esconden la verdad a los nativos acerca de cómo, por ejemplo, los cocaleros deforestan millones de hectáreas de selva y contaminan los ríos con tóxicos insumos químicos con los que elaboran clorhidrato de cocaína. Y asimismo a esas ONG que desinforman a los nativos del demencial avance del narcotráfico en regiones como Cusco. Una vez más EXPRESO, fiel a su línea intachable de defensa de los intereses nacionales y de los principios democráticos, saca al fresco a las ONG políticas –siempre tan gratas para la progresía caviar– denunciando su silenciamiento cómplice sobre el hecho criminal que, en medio de las mortíferas protestas indígenas, quienes se benefician –captando como ellas millones de dólares de su donantes extranjeros– son tanto los politicastros ultras como los capos de la droga. Es decir, tres sectores aliados que no pestañearán un instante en su objetivo de capturar el poder violando los derechos humanos y las libertades elementales de millones de peruanos.
EXPRESO
Sin embargo, nuestra interrogante va por un ángulo al cual no le dedicamos la debida atención. Nos referimos a las mafias que pasan inadvertidas en medio del desorden generado y que saben lo rentable que resulta para ellas actuar en paralelo al desgobierno y al debilitamiento del principio de autoridad.
Concretamente, a lo largo de las recientes protestas y movilizaciones hemos comprobado cómo se activan con gran facilidad –tanto en Canchis (Cusco) como en Andahuaylas– movilizaciones populares, parafernalia de costosas banderolas y pancartas, así como intensa propaganda violentista. Hace tiempo que Cusco es la región del país que reúne a más cocaleros informales, y es el lugar con mayor producción de coca en comparación a San Martín, Huánuco, Ayacucho o Puno. Y en el caso de Andahuaylas, esa región no solo es el espacio más cercano al Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), sino también es una zona en que su economía informal se ve muy afectada por el golpe que el Estado viene infligiendo a terroristas y narcotraficantes enquistados en la aludida cuenca.
Lamentablemente, ciertas comunidades campesinas que dominan los pomposamente denominados “Frentes de Defensa”, que simpatizan con los cuadros militantes de Patria Roja, el Sutep y que coinciden con las autoridades locales genuflexas o timoratas, le hacen el juego a la “megaindustria” del narcotráfico. Es sabido que esas lacras sociales hacen alianzas entre ellas. Pasa en Colombia, donde la mafia cocainómana actúa del brazo de las FARC. Sin ir muy lejos, en Bagua los taladores ilegales de árboles (traficantes de madera que, además, aprovechan los terrenos secuestrados para sembrar hoja de coca), siempre estuvieron detrás de la protesta que recientemente ha enlutado al Perú.
Urge pues decirle a miles de compatriotas que no olviden que tras los bloqueos de carreteras, los discursos incendiarios y los ultimátums al Estado, se frota las manos el terrorismo unido al narcotráfico, karmas que solo quieren repletar de dólares sus bolsillos sangrientos, como medio para capturar el poder del Estado. Y todo a costa de asesinar vidas inocentes. Por ello censuramos a las ONG políticas que esconden la verdad a los nativos acerca de cómo, por ejemplo, los cocaleros deforestan millones de hectáreas de selva y contaminan los ríos con tóxicos insumos químicos con los que elaboran clorhidrato de cocaína. Y asimismo a esas ONG que desinforman a los nativos del demencial avance del narcotráfico en regiones como Cusco. Una vez más EXPRESO, fiel a su línea intachable de defensa de los intereses nacionales y de los principios democráticos, saca al fresco a las ONG políticas –siempre tan gratas para la progresía caviar– denunciando su silenciamiento cómplice sobre el hecho criminal que, en medio de las mortíferas protestas indígenas, quienes se benefician –captando como ellas millones de dólares de su donantes extranjeros– son tanto los politicastros ultras como los capos de la droga. Es decir, tres sectores aliados que no pestañearán un instante en su objetivo de capturar el poder violando los derechos humanos y las libertades elementales de millones de peruanos.
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