La eventual propuesta de censura, planteada por un sector de la oposición, contra el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, es hoy una alternativa por demás inoportuna y hasta riesgosa.
Es verdad que en un momento, cuando se desató la crisis de Bagua que generó 34 muertos, pedimos desde esta tribuna la renuncia de Simon, por una cuestión de responsabilidad política y bajo la premisa de que —siguiendo la tradición democrática— el recambio ministerial oxigenaría al Gobierno y preservaría la gobernabilidad y la paz social.
Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado. Conjurada la crisis de Bagua a un altísimo costo de vidas humanas, heridos y otros daños a la economía, el país es golpeado por una desusada ola de protestas sociales que amenazan severamente la paz social y hasta la viabilidad económica, social y política. Luego de los bloqueos, paros y movilizaciones de Andahuaylas, de inmediato estallaron otras revueltas en Puno, Sicuani y Cusco, con graves daños a la tranquilidad y propiedad públicas.
Es verdad que algunas protestas son legítimas y nos alertan sobre el complejo desarrollo histórico del Perú, pleno de olvidos, resentimientos y diferencias culturales no superadas. Ante esto, lo urgente y necesario es agotar los mecanismos de consulta, diálogo, negociación y consenso entre la autoridad y los líderes representativos de comunidades para buscar salidas viables.
Sin embargo, según informes de inteligencia, detrás de muchas protestas se agazapan las mismas fuerzas oscuras y violentistas del extremismo subversivo que promueven la intransigencia, reniegan del diálogo y solo buscan desestabilizar al país. Más grave aún, se ha conocido que los infiltrados de Sendero Luminoso están llamando a asesinar gente y sembrar el caos.
En este convulso escenario nuestra preocupación sigue siendo la misma, preservar la gobernabilidad y la paz social, e impedir que la crisis llegue a afectar la estructura y el corazón del Estado. Pero, en este contexto, si antes la renuncia de Simon era lo adecuado, hoy sería inconveniente por varias razones.
Ante todo porque implicaría hacerle el juego a los enemigos de la democracia que quieren traerse abajo al Gobierno y la nación. En momentos en que Simon se ha convertido en la cabeza visible del Gobierno que dialoga no se lo puede desembarcar del cargo, ya que ello generaría mayor confusión e inestabilidad y postergaría o truncaría las salidas.
Luego, no hay duda de que el presidente Alan García ha cambiado, es más autocrítico, ha reconocido errores y ha asumido su propia corresponsabilidad política en la crisis amazónica. Y es con base en este nuevo liderazgo conciliador que Simon tiene respaldo para apaciguar este y los otros conflictos en curso.
Es distinto el caso de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien, por sus desatinos y falta de reacción en Bagua, debe asumir su responsabilidad, operativa y política, y renunciar ya.
Finalmente, tenemos que recordar que este Congreso es corresponsable de la crisis amazónica y de otras, por acción u omisión, por lo cual no puede pretender lavarse las manos con el circo romano de una censura, que más parecería una “vendetta” electoral. Fue el Congreso el que delegó facultades para aprobar los decretos cuestionados y el que permitió jugarretas políticas para evitar o finalmente aprobar la derogación. Y la verdad es que los voceros de las diversas bancadas solo han salido a criticar todo, pero no han llamado a sus bases a defender la democracia y encontrar soluciones consensuadas.
¿Qué autoridad moral tendrían entonces para censurar? ¿Es que no pueden dejar de lado por un momento sus ansias electoreras y pensar en el país? ¿Y quién piensan que puede reemplazar a Simon? ¿Qué pasaría si, en tan convulsionada coyuntura, el eventual nuevo Gabinete fracasa y se abren las puertas a la disolución del Congreso?
Es momento de reflexionar sobre lo que está en riesgo: la paz social, la democracia que tanto nos ha costado recuperar y las expectativas económicas amenazadas por extremistas —cuya participación violentista se evidencia más y más—, pero también por la miopía de nuestros políticos. Lo urgente hoy, recalcamos, es desactivar conflictos, ser proactivos y pensar en el país antes que en nuestras agendas egoístas y cortoplacistas.
EL COMERCIO
Es verdad que en un momento, cuando se desató la crisis de Bagua que generó 34 muertos, pedimos desde esta tribuna la renuncia de Simon, por una cuestión de responsabilidad política y bajo la premisa de que —siguiendo la tradición democrática— el recambio ministerial oxigenaría al Gobierno y preservaría la gobernabilidad y la paz social.
Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado. Conjurada la crisis de Bagua a un altísimo costo de vidas humanas, heridos y otros daños a la economía, el país es golpeado por una desusada ola de protestas sociales que amenazan severamente la paz social y hasta la viabilidad económica, social y política. Luego de los bloqueos, paros y movilizaciones de Andahuaylas, de inmediato estallaron otras revueltas en Puno, Sicuani y Cusco, con graves daños a la tranquilidad y propiedad públicas.
Es verdad que algunas protestas son legítimas y nos alertan sobre el complejo desarrollo histórico del Perú, pleno de olvidos, resentimientos y diferencias culturales no superadas. Ante esto, lo urgente y necesario es agotar los mecanismos de consulta, diálogo, negociación y consenso entre la autoridad y los líderes representativos de comunidades para buscar salidas viables.
Sin embargo, según informes de inteligencia, detrás de muchas protestas se agazapan las mismas fuerzas oscuras y violentistas del extremismo subversivo que promueven la intransigencia, reniegan del diálogo y solo buscan desestabilizar al país. Más grave aún, se ha conocido que los infiltrados de Sendero Luminoso están llamando a asesinar gente y sembrar el caos.
En este convulso escenario nuestra preocupación sigue siendo la misma, preservar la gobernabilidad y la paz social, e impedir que la crisis llegue a afectar la estructura y el corazón del Estado. Pero, en este contexto, si antes la renuncia de Simon era lo adecuado, hoy sería inconveniente por varias razones.
Ante todo porque implicaría hacerle el juego a los enemigos de la democracia que quieren traerse abajo al Gobierno y la nación. En momentos en que Simon se ha convertido en la cabeza visible del Gobierno que dialoga no se lo puede desembarcar del cargo, ya que ello generaría mayor confusión e inestabilidad y postergaría o truncaría las salidas.
Luego, no hay duda de que el presidente Alan García ha cambiado, es más autocrítico, ha reconocido errores y ha asumido su propia corresponsabilidad política en la crisis amazónica. Y es con base en este nuevo liderazgo conciliador que Simon tiene respaldo para apaciguar este y los otros conflictos en curso.
Es distinto el caso de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien, por sus desatinos y falta de reacción en Bagua, debe asumir su responsabilidad, operativa y política, y renunciar ya.
Finalmente, tenemos que recordar que este Congreso es corresponsable de la crisis amazónica y de otras, por acción u omisión, por lo cual no puede pretender lavarse las manos con el circo romano de una censura, que más parecería una “vendetta” electoral. Fue el Congreso el que delegó facultades para aprobar los decretos cuestionados y el que permitió jugarretas políticas para evitar o finalmente aprobar la derogación. Y la verdad es que los voceros de las diversas bancadas solo han salido a criticar todo, pero no han llamado a sus bases a defender la democracia y encontrar soluciones consensuadas.
¿Qué autoridad moral tendrían entonces para censurar? ¿Es que no pueden dejar de lado por un momento sus ansias electoreras y pensar en el país? ¿Y quién piensan que puede reemplazar a Simon? ¿Qué pasaría si, en tan convulsionada coyuntura, el eventual nuevo Gabinete fracasa y se abren las puertas a la disolución del Congreso?
Es momento de reflexionar sobre lo que está en riesgo: la paz social, la democracia que tanto nos ha costado recuperar y las expectativas económicas amenazadas por extremistas —cuya participación violentista se evidencia más y más—, pero también por la miopía de nuestros políticos. Lo urgente hoy, recalcamos, es desactivar conflictos, ser proactivos y pensar en el país antes que en nuestras agendas egoístas y cortoplacistas.
EL COMERCIO
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