Por: Alverto Borea Constitucionalista
En el discurso inaugural de la Asamblea Constituyente de 1979, Víctor Raúl Haya de la Torre recordó una importante frase del prócer cubano José Martí: “Cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio”. Con ello significaba que la verdadera revolución es la que nace del pueblo, en la serenidad de la reflexión previa al acto libre del voto, donde se presentan en su esplendor la libertad y la igualdad del ser humano.
Cada sistema tiene características propias y en la democracia no es solo la del gobierno de las mayorías, sino también y, entre otras, la regulación de un sistema ordenado para compulsar realmente cuáles son esas mayorías.
Por eso las grandes decisiones no se toman en asambleas públicas, tan proclives al manejo emocional de las masas, sino luego de un proceso de debate que concluye incluso 48 horas antes del día del sufragio para evitar que las movilizaciones o los actos tumultuarios puedan distorsionar esa decisión o deberse a un estado de ánimo alterado.
No hay, por ello, ningún sistema que esté más legitimado para exigir respeto a la paz social que el democrático. La democracia exige que las autoridades sean respetuosas de los derechos de los ciudadanos y que se ciñan a los procedimientos y a las facultades que se les confiere para conducir al país. No se puede ignorar a la población ni, por pretender victorias inmediatas, saltarse las instancias de consulta o de debate, donde se exige la participación directa del pueblo o de su representación, como es evidente, ya que sucedió en el caso de los decretos sobre la Amazonía. Cuando eso pasa, la sombra de Pirro empañará cualquier triunfo.
La democracia permite las manifestaciones adversas al régimen llevadas a cabo dentro de un espíritu de tranquilidad, pero no autoriza ni la violencia ni le otorga a grupos de gente movilizadas por cualquier motivo el derecho a hablar en nombre de la nación o el exigir ponerse por encima de sus instituciones o cambiar de gobierno. Esa violencia es reprobable y debe ser combatida por las propias autoridades que tienen el deber de garantizar a todos aquellos que quieren la paz, que sigan disfrutando de ese valor del sistema.
Por ello la autoridad debe ejercerse en sus dos vectores “auctoritas” (o la capacidad de convencer de la bondad de las disposiciones adoptadas) y “potestas” (el ejercicio de la fuerza pública racionalmente empleada) para impedir que se dé al traste con el sistema que garantiza ese clima.
Superado ya el desafortunado atajo que pretendió el Gobierno con los decretos que ha derogado, no hay razón para que grupos que contendieron en las elecciones y que obtuvieron una votación muy menor pretendan remover las aguas para salir gananciosos en una pesca partidaria.
Volviendo a los romanos, ellos señalaban que no se puede conseguir por la vía indirecta lo que está prohibido obtener por la vía directa, y quienes perdieron las elecciones no pueden atentar contra el proceso democrático. No se puede entrar por la ventana cuando el pueblo les cerró la puerta.
EL COMERCIO
En el discurso inaugural de la Asamblea Constituyente de 1979, Víctor Raúl Haya de la Torre recordó una importante frase del prócer cubano José Martí: “Cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio”. Con ello significaba que la verdadera revolución es la que nace del pueblo, en la serenidad de la reflexión previa al acto libre del voto, donde se presentan en su esplendor la libertad y la igualdad del ser humano.
Cada sistema tiene características propias y en la democracia no es solo la del gobierno de las mayorías, sino también y, entre otras, la regulación de un sistema ordenado para compulsar realmente cuáles son esas mayorías.
Por eso las grandes decisiones no se toman en asambleas públicas, tan proclives al manejo emocional de las masas, sino luego de un proceso de debate que concluye incluso 48 horas antes del día del sufragio para evitar que las movilizaciones o los actos tumultuarios puedan distorsionar esa decisión o deberse a un estado de ánimo alterado.
No hay, por ello, ningún sistema que esté más legitimado para exigir respeto a la paz social que el democrático. La democracia exige que las autoridades sean respetuosas de los derechos de los ciudadanos y que se ciñan a los procedimientos y a las facultades que se les confiere para conducir al país. No se puede ignorar a la población ni, por pretender victorias inmediatas, saltarse las instancias de consulta o de debate, donde se exige la participación directa del pueblo o de su representación, como es evidente, ya que sucedió en el caso de los decretos sobre la Amazonía. Cuando eso pasa, la sombra de Pirro empañará cualquier triunfo.
La democracia permite las manifestaciones adversas al régimen llevadas a cabo dentro de un espíritu de tranquilidad, pero no autoriza ni la violencia ni le otorga a grupos de gente movilizadas por cualquier motivo el derecho a hablar en nombre de la nación o el exigir ponerse por encima de sus instituciones o cambiar de gobierno. Esa violencia es reprobable y debe ser combatida por las propias autoridades que tienen el deber de garantizar a todos aquellos que quieren la paz, que sigan disfrutando de ese valor del sistema.
Por ello la autoridad debe ejercerse en sus dos vectores “auctoritas” (o la capacidad de convencer de la bondad de las disposiciones adoptadas) y “potestas” (el ejercicio de la fuerza pública racionalmente empleada) para impedir que se dé al traste con el sistema que garantiza ese clima.
Superado ya el desafortunado atajo que pretendió el Gobierno con los decretos que ha derogado, no hay razón para que grupos que contendieron en las elecciones y que obtuvieron una votación muy menor pretendan remover las aguas para salir gananciosos en una pesca partidaria.
Volviendo a los romanos, ellos señalaban que no se puede conseguir por la vía indirecta lo que está prohibido obtener por la vía directa, y quienes perdieron las elecciones no pueden atentar contra el proceso democrático. No se puede entrar por la ventana cuando el pueblo les cerró la puerta.
EL COMERCIO
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