(“la ley es dura, pero es la ley”). Todos debemos tener conciencia de ello, si en verdad respetamos los principios democráticos entre los cuales está el derecho de vivir civilizadamente y sin atentar contra nuestros semejantes. De manera que, en medio del caos experimentado en el nororiente peruano, lo menos que podía hacer el Estado es cumplir lo que manda la legislación en materia de violencia callejera, bloqueo de carreteras y toma de locales, en especial cuando hay delitos perpetrados como el de homicidio calificado, lesiones graves, atentado a los medios de transporte público y otros daños agravados. La autoridad jamás debe renunciar a su obligación de garantizar que la ley y el orden se cumplan para todos los ciudadanos, cuya gran mayoría no se dedica a la demagogia ni a la sedición. El peruano de a pie quiere desarrollar sus actividades sin sobresalto y desea –sencillamente– trabajar y progresar. Sólo un pequeño clan politizado es el que quiere pescar a río revuelto, y por ello no duda en agitar y azuzar a menesterosos pobladores de diversas regiones para enfrentarlos –como carne de cañón– a la Policía.
El Estado (Poder Judicial y Ministerio Público incluidos) no puede dejar desguarnecida a la población que transita por una carretera; a la gente que quiere trasladarse llevando a cuestas un enfermo que urge atención médica en alguna ciudad importante del país; no debe dejar desamparado al conductor que viaja transportando productos agrícolas, industriales o mercadería de las más variadas actividades económicas del interior; ni puede tampoco desentenderse del turista que viene de otras latitudes a conocer los atractivos que publicita el Perú, quien desafortunadamente se encuentra varado por días en medio del monte o de los Andes por la prepotencia de grupos violentistas que dicen actuar en respaldo de los lugareños. Quienes impiden que un humilde ciudadano falte involuntariamente a su centro de trabajo –porque una vía férrea o carrozable resulta bloqueada durante semanas– tienen que asumir las consecuencias penales por realizar este tipo de ilícitos.
Entonces, separemos de un lado lo importante que significa dialogar y arribar a soluciones concertadas cuando se trata de superar un conflicto. Pero –por otro lado– no permitamos que las autoridades sean chantajeadas de mil formas para que no denuncien o para que pasen por agua tibia los delitos de los autores materiales e intelectuales de crímenes contra la vida, el cuerpo y la salud, entre otros. Nadie tiene corona para estar por encima de la ley. En consecuencia, bajo el respeto a las garantías del debido proceso, esperamos que las 61 personas procesadas por los muertos y los daños causados al país en Bagua y otras ciudades (incluidos algunos líderes amazónicos), sean sancionadas drásticamente de ser encontradas culpables. De no suceder esto, el Estado seguirá incurriendo en debilidad, la que más tarde habrá de endosarle una factura muy cara a nuestra democracia. Además, hoy más que nunca los fiscales y jueces necesitan estar aplicando justicia a la altura del clamor de los 24 mártires de la PNP y de sus deudos. Todo lo demás es demagogia y complicidad con el delito
EL COMERCIO
El Estado (Poder Judicial y Ministerio Público incluidos) no puede dejar desguarnecida a la población que transita por una carretera; a la gente que quiere trasladarse llevando a cuestas un enfermo que urge atención médica en alguna ciudad importante del país; no debe dejar desamparado al conductor que viaja transportando productos agrícolas, industriales o mercadería de las más variadas actividades económicas del interior; ni puede tampoco desentenderse del turista que viene de otras latitudes a conocer los atractivos que publicita el Perú, quien desafortunadamente se encuentra varado por días en medio del monte o de los Andes por la prepotencia de grupos violentistas que dicen actuar en respaldo de los lugareños. Quienes impiden que un humilde ciudadano falte involuntariamente a su centro de trabajo –porque una vía férrea o carrozable resulta bloqueada durante semanas– tienen que asumir las consecuencias penales por realizar este tipo de ilícitos.
Entonces, separemos de un lado lo importante que significa dialogar y arribar a soluciones concertadas cuando se trata de superar un conflicto. Pero –por otro lado– no permitamos que las autoridades sean chantajeadas de mil formas para que no denuncien o para que pasen por agua tibia los delitos de los autores materiales e intelectuales de crímenes contra la vida, el cuerpo y la salud, entre otros. Nadie tiene corona para estar por encima de la ley. En consecuencia, bajo el respeto a las garantías del debido proceso, esperamos que las 61 personas procesadas por los muertos y los daños causados al país en Bagua y otras ciudades (incluidos algunos líderes amazónicos), sean sancionadas drásticamente de ser encontradas culpables. De no suceder esto, el Estado seguirá incurriendo en debilidad, la que más tarde habrá de endosarle una factura muy cara a nuestra democracia. Además, hoy más que nunca los fiscales y jueces necesitan estar aplicando justicia a la altura del clamor de los 24 mártires de la PNP y de sus deudos. Todo lo demás es demagogia y complicidad con el delito
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