Como correspondía, todo el continente así como los más importantes organismos supranacionales han condenado con dureza el golpe de Estado perpetrado la madrugada del domingo en Honduras; un fenómeno que nos ha devuelto de un día para el otro a un pasado funesto y a un escenario que creíamos superado en América Latina.
Tan extendido repudio se fundamenta, evidentemente, en la injustificada ruptura del orden institucional producido en una nación democrática que, por lo demás, debería haber valorado con mayor amplitud las consecuencias de esta quiebra del Estado de derecho y la inconveniencia de optar por el camino más inadecuado que puede seguir un país para resolver sus problemas.
En el caso de Honduras, a diferencia de la década de los 70, el derrocamiento cívico-militar del presidente Manuel Zelaya se cumplió inicialmente sin violencia y hasta con visos de legalidad, pues contó con el aval de los poderes Legislativo y Judicial hondureños. De esta manera, se confirmó que los golpes de Estado pueden adoptar hoy modus operandi atípicos, respecto a cómo se pueden llevar a cabo y quiénes pueden asumir su autoría.
Sin embargo, como diría el politólogo Norberto Bobbio, lo más significativo de ese golpe de Estado es que se ha instaurado un nuevo orden jurídico que no es sinónimo de unión o coincidencia, sino por el contrario de confrontación, de violación de la legalidad y del Estado de derecho.
Frente a este desalentador escenario, y con el respeto que merece la autonomía de los pueblos y de los gobiernos, lo que se exige ahora es apelar de manera urgente a los instrumentos que establece el derecho internacional, y demandar la inmediata aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
No hay tiempo que perder. Ayer hubo enfrentamientos callejeros, limitaciones a las libertades fundamentales, toque de queda que algunos ciudadanos desconocen y, en general, una crisis que recrudece conforme pasan las horas y ante la cual la Organización de Estados Americanos (OEA) no puede mantenerse de perfil.
Debe señalarse que esta situación es la crónica de una muerte anunciada y que se habría evitado si de un lado la OEA hubiera aplicado el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana que a la letra dice: “Cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente, y este realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
De otro lado, este golpe demuestra que ni el presidente defenestrado ni la oposición hondureña sopesaron las consecuencias de una crisis política que podría haberse enfrentado mediante la utilización de mecanismos democráticos, para resolver las diferencias en torno a la polémica consulta popular que buscaba instaurar la reelección inmediata en ese país.
De haber sido así, Honduras no tendría hoy un gobierno transitorio y tampoco la región estaría confrontada con el pasado nefasto de los golpes de Estado, una de las amenazas más deleznables, incendiarias y peligrosas a la democracia moderna.
EL COMERCIO
Tan extendido repudio se fundamenta, evidentemente, en la injustificada ruptura del orden institucional producido en una nación democrática que, por lo demás, debería haber valorado con mayor amplitud las consecuencias de esta quiebra del Estado de derecho y la inconveniencia de optar por el camino más inadecuado que puede seguir un país para resolver sus problemas.
En el caso de Honduras, a diferencia de la década de los 70, el derrocamiento cívico-militar del presidente Manuel Zelaya se cumplió inicialmente sin violencia y hasta con visos de legalidad, pues contó con el aval de los poderes Legislativo y Judicial hondureños. De esta manera, se confirmó que los golpes de Estado pueden adoptar hoy modus operandi atípicos, respecto a cómo se pueden llevar a cabo y quiénes pueden asumir su autoría.
Sin embargo, como diría el politólogo Norberto Bobbio, lo más significativo de ese golpe de Estado es que se ha instaurado un nuevo orden jurídico que no es sinónimo de unión o coincidencia, sino por el contrario de confrontación, de violación de la legalidad y del Estado de derecho.
Frente a este desalentador escenario, y con el respeto que merece la autonomía de los pueblos y de los gobiernos, lo que se exige ahora es apelar de manera urgente a los instrumentos que establece el derecho internacional, y demandar la inmediata aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
No hay tiempo que perder. Ayer hubo enfrentamientos callejeros, limitaciones a las libertades fundamentales, toque de queda que algunos ciudadanos desconocen y, en general, una crisis que recrudece conforme pasan las horas y ante la cual la Organización de Estados Americanos (OEA) no puede mantenerse de perfil.
Debe señalarse que esta situación es la crónica de una muerte anunciada y que se habría evitado si de un lado la OEA hubiera aplicado el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana que a la letra dice: “Cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente, y este realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
De otro lado, este golpe demuestra que ni el presidente defenestrado ni la oposición hondureña sopesaron las consecuencias de una crisis política que podría haberse enfrentado mediante la utilización de mecanismos democráticos, para resolver las diferencias en torno a la polémica consulta popular que buscaba instaurar la reelección inmediata en ese país.
De haber sido así, Honduras no tendría hoy un gobierno transitorio y tampoco la región estaría confrontada con el pasado nefasto de los golpes de Estado, una de las amenazas más deleznables, incendiarias y peligrosas a la democracia moderna.
EL COMERCIO
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