Más allá de que se apruebe o desapruebe en el Congreso la moción de censura que la oposición ha planteado contra el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, preocupa que se siga postergando el inicio de un proceso cuya finalidad debería ser mejorar la relación Estado-ciudadanía y consolidar la paz social.
Es más, ahora que el primer ministro acaba de anunciar que en breve estará dejando su puesto, el tema político de la censura no debería seguir distrayendo al Gobierno ni a las fuerzas políticas respecto de la andanada de problemas que se avecinan y otros que están pendientes de solución. En tal escenario, la propuesta de Simon de apostar por un gabinete de concertación resulta, sin duda, atendible. Y es que después de los hechos de violencia en Bagua y Sicuani, y la amenaza de grupos que se oponen a todo tipo de inversión, lo que el país demanda no es pensar en censuras, sino en abrir espacios de diálogo para desactivar conflictos y ser más proactivos, antes que atender agendas cortoplacistas.
Como ha expresado el presidente de la PCM, el Gobierno tiene que nombrar un gabinete plural, que cuente no solo con el respaldo del presidente García, sino con el apoyo y la confianza de todos los sectores políticos. Evidentemente, el primer ministro habla por experiencia. Recordemos que su nombramiento se produjo en un momento de incertidumbre y de crisis política, pero dio un respiro al Gobierno ante graves denuncias de corrupción. En aquella coyuntura, la personalidad conciliadora de Simon aportó a reducir la tensión y a mejorar la aceptación del régimen, incidiendo más en las coincidencias que en las diferencias.
El siguiente paso debería ser atender los compromisos recientemente asumidos por la PCM y dar todo el respaldo que requiera la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos de Extrema Pobreza, encargada de resolver las demandas con Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Sería un retroceso para el país que el Gobierno repita experiencias recientes e incumpla los acuerdos que permitieron resolver la crisis de Andahuaylas. Se trata de asuntos largamente postergados.
Pero, además, lo que el Gobierno tendría que hacer es dar nuevo impulso al Acuerdo Nacional para fomentar la participación de todos los sectores, gobiernos regionales y locales, sociedad civil y de los movimientos sociales. Ello permitiría que aprendamos a resolver los conflictos en la mesa de diálogo y no en las calles.
La meta es la reforma del Estado que el Ejecutivo tiene asignada como tarea pendiente y que resulta medular ante la descentralización. En cuanto al Congreso, la inacción demostrada en las reformas constitucionales simplemente es inaceptable. Corresponde aceptar que el país necesita reconciliarse y eso solo será posible si todos —Gobierno, instituciones y ciudadanos— trabajamos para hacer del país uno más inclusivo y participante.
EL COMERCIO
Es más, ahora que el primer ministro acaba de anunciar que en breve estará dejando su puesto, el tema político de la censura no debería seguir distrayendo al Gobierno ni a las fuerzas políticas respecto de la andanada de problemas que se avecinan y otros que están pendientes de solución. En tal escenario, la propuesta de Simon de apostar por un gabinete de concertación resulta, sin duda, atendible. Y es que después de los hechos de violencia en Bagua y Sicuani, y la amenaza de grupos que se oponen a todo tipo de inversión, lo que el país demanda no es pensar en censuras, sino en abrir espacios de diálogo para desactivar conflictos y ser más proactivos, antes que atender agendas cortoplacistas.
Como ha expresado el presidente de la PCM, el Gobierno tiene que nombrar un gabinete plural, que cuente no solo con el respaldo del presidente García, sino con el apoyo y la confianza de todos los sectores políticos. Evidentemente, el primer ministro habla por experiencia. Recordemos que su nombramiento se produjo en un momento de incertidumbre y de crisis política, pero dio un respiro al Gobierno ante graves denuncias de corrupción. En aquella coyuntura, la personalidad conciliadora de Simon aportó a reducir la tensión y a mejorar la aceptación del régimen, incidiendo más en las coincidencias que en las diferencias.
El siguiente paso debería ser atender los compromisos recientemente asumidos por la PCM y dar todo el respaldo que requiera la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos de Extrema Pobreza, encargada de resolver las demandas con Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Sería un retroceso para el país que el Gobierno repita experiencias recientes e incumpla los acuerdos que permitieron resolver la crisis de Andahuaylas. Se trata de asuntos largamente postergados.
Pero, además, lo que el Gobierno tendría que hacer es dar nuevo impulso al Acuerdo Nacional para fomentar la participación de todos los sectores, gobiernos regionales y locales, sociedad civil y de los movimientos sociales. Ello permitiría que aprendamos a resolver los conflictos en la mesa de diálogo y no en las calles.
La meta es la reforma del Estado que el Ejecutivo tiene asignada como tarea pendiente y que resulta medular ante la descentralización. En cuanto al Congreso, la inacción demostrada en las reformas constitucionales simplemente es inaceptable. Corresponde aceptar que el país necesita reconciliarse y eso solo será posible si todos —Gobierno, instituciones y ciudadanos— trabajamos para hacer del país uno más inclusivo y participante.
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