Estado y partidos

El presidente del Consejo de Ministros y la ministra del Interior fueron interpelados por el Legislativo. El pliego de preguntas y respuestas brindadas al ritmo del acalorado debate en el Hemiciclo así como el desarrollo de las exposiciones de las partes, nos lleva a reflexionar en torno al beneficio que ofrecen a la sociedad tanto el Estado como los partidos políticos, teniendo en cuenta la avalancha de protestas y reclamos generados al margen de los cánones legales establecidos para canalizar la demanda social. Bloquear carreteras, destruir puentes, incendiar locales públicos, tomar rehenes o llevar a una “mesa de diálogo” –más bien de claudicación del Estado– poniéndole a los interlocutores una pistola en la cabeza, no constituye precisamente una fórmula democrática y menos un procedimiento ajustado al estado de derecho. Pilares del orden constitucional son el respeto a la vida, la paz, el derecho de todos a vivir en un ambiente de tranquilidad pública y sin zozobra, así como la facultad de trasladarnos de un lugar a otro del territorio nacional sin temor a ser interceptados o vapuleados por turbas criminales. Si bien dos aspectos puntuales fueron los abordados en la interpelación de ayer –la “intervención” de la Sunat en Panamericana Televisión, y el trágico operativo policial en Bagua–, el contexto real de la hora presente es más delicado de lo que se percibe, y ello nos conduce a cuestionar seriamente la actuación no sólo de los gobernantes de turno sino también el papel que vienen desempeñando los partidos políticos, con mayor razón aquellos con representantes en el Poder Legislativo.

Por parte del Estado se está llegando a un exceso de concesiones, a una claudicación disfrazada de consenso, que lo único que logrará –a corto y mediano plazo– es que los agitadores, pobladores radicalizados y cuanto desadaptado crea que es el salvador de su localidad a través de esos seudos “Frentes de Defensa”, demuestren al resto de la población que no hay otro camino que la rebelión para conseguir lo que se les antoja. Igualmente, la actitud sumisa del Estado demuestra a aquellos actores –que no dudan en “bolivianizar” la política peruana– que tienen al frente autoridades pusilánimes, asustadas y sin convicciones.

En cuanto a los movimientos políticos, vaya nuestra más severa crítica a sus principales líderes y dirigentes, porque irresponsable –en algunos casos– cobardemente han abandonado las funciones que la ley de partidos políticos les franquea, de ser legítimos intermediarios entre la sociedad y el Estado. En esta coyuntura difícil, denunciamos a revoltosos y sediciosos que hacen lo que quieren y extorsionan al poder público emanado de las ánforas a la hora y en el lugar donde se les antoja. Lamentablemente, al menos desde su colapso evidenciado el 5 de abril de 1992, los partidos en el Perú no han hecho nada por insertarse en las regiones y provincias de la costa, sierra y selva. Así, mientras el Estado cede de manera impune –a diestra y siniestra, ante quienes cometen delito cuando interrumpen carreteras o calles y plazas del país, entre otros estropicios–, las inútiles agrupaciones políticas del país no ofrecen alternativa alguna a la ciudadanía, y más bien se dedican a vegetar en su punible irresponsabilidad.

EXPRESO