23.6.09

Mercantilismo en los Andes

Desde todo punto de vista, es inusual el cierre de la Carretera Central por parte de los trabajadores de Doe Run. En primer lugar, el intento de sitiar a la capital, privándola del principal acceso que tiene para recibir alimentos, nos remonta a una estrategia militar tan antigua como las oscuras motivaciones mercantilistas detrás de ella. Asimismo, debe de ser la primera vez en el país que el margen de utilidad de un inversionista sea el motivo del bloqueo de una de nuestras principales vías.

Es indudable que el problema ha sido causado por los accionistas de la empresa en cuestión. Hace meses, cuando Doe Run estuvo a punto de parar por falta de financiamiento, el Estado actuó como buen componedor y logró que se llegara a un acuerdo con los proveedores de concentrados mineros para que la refinería de La Oroya continuara operando. Ese acuerdo involucraba, por parte de la compañía, la obligación de capitalizar parte de su deuda, así como el entregar las acciones en prenda.

Lamentablemente, luego de todo este tiempo, la única parte que no ha cumplido con el acuerdo ha sido la de los accionistas de la empresa. No sabemos si su reticencia se deba a que han recibido alguna indicación por parte de allegados del gobierno, en el sentido de que si fuerzan el tema podrán recibir ayuda gubernamental. O es puro oportunismo y, tras los sucesos de Bagua, han decidido evitar el aporte de capital –ganándose algo– creando la impresión de un nuevo conflicto social.

El hecho innegable es que, desde hace varios años, utilizan al sindicato para presionar a las autoridades a fin de lograr continuos retrasos en los compromisos que tienen, especialmente para mejorar la deplorable situación ambiental de esa ciudad. Paradójicamente, con esa actitud, los más perjudicados son los familiares de los trabajadores a los que hoy utilizan para lograr la postergación de la inversión.

La solución al problema tiene que seguir el cauce normal y, si los accionistas no quieren aportar, entonces los acreedores deben llevarla a Indecopi para que la declare en insolvencia. Con tiempo, podrán determinar si es viable y manejarla, o inviable y liquidarla. Lo que no se puede, de ninguna manera, es aceptar el chantaje del mercantilismo y la prepotencia. Nunca nos desarrollaremos como sociedad si cada vez que se bloquea una vía se cede, si cada vez que se queman llantas se retrocede.

PERU 21

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