Ha llegado el momento que la opinión pública y la clase política actúen sin apasionamiento en torno a la evaluación general del desempeño de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Ya no cabe duda de que, a pocos años de haber presentado su informe y concluido su labor, saltan serios yerros conceptuales y metodológicos, que la condujeron a tergiversar la realidad y la historia, acaso motivada por intereses de grupo, pues –a decir de documentos que obran en nuestro poder– representaba a las ONG políticas ligadas al tema de los derechos humanos; o quizá impulsada por convicciones endebles sobre la democracia capitalista, sencillamente porque sus impulsores y miembros pertenecieron a partidos radicales de izquierda en la década del setenta, coincidiendo con Sendero Luminoso en la transformación de la sociedad mediante la lucha armada.
Esos defectos explican los errores y la intencionalidad malsana de la CVR al revisar la historia del Perú, disfrazando la victoria contra el terror de terrorismo de Estado. Empecemos por decir que no existe justificación alguna para que en su informe haya multiplicado el número real de muertos entre los años 1980-2000, tiempo en el cual la subversión ejecutó sus principales acciones delictivas. Peor aún cuando esto lo comprueba el estudio realizado por el especialista Daniel Manrique Valier a pedido de la propia CVR. En ese trabajo se precisa que el número total de víctimas fatales es de alrededor de 19 mil personas, y el número de desaparecidos cercano a tres mil. Así consta en el documento “Informe de consultoría para la elaboración de una base de datos de víctimas de la violencia política”, elaborado por Manrique Valier a instancias –reiteramos para que no se olvide– de la misma CVR. Pero como aquellos datos oficiales no convenían a los intereses particulares de los miembros de la CVR –ni a los de sus verdaderos mandatarios, las ONG políticas peruanas y extranjeras– optaron por ocultarlos, con el agravante de poner de contrabando una cifra absolutamente descabellada: 69,200 víctimas.
El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Édgar Núñez, ha anunciado que enviará la documentación completa a la Fiscalía para facilitar la investigación ya abierta sobre la CVR. Pero en paralelo a este asunto –que ya está en manos del Ministerio Público– la sociedad peruana debe cuestionar a la elite de instituciones y a ese cogollo de seudo periodistas militantes de la izquierda marxista que hoy se presentan como “analistas políticos”, quienes sirvieron de comparsa para respaldar mediáticamente los dictados de la CVR y todas sus mentiras. Ellos son cómplices de haber vendido al mundo –con propósitos ideológicos del socialismo progresista– una idea distinta en materia de datos y estadísticas veraces sobre la lucha de nuestro país contra el fundamentalismo senderista de Abimael Guzmán y emerretista de Víctor Polay Campos.
Cabe anotar que entre esos aliados de la CVR está en primera fila la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Por supuesto que no nos referimos a su digna comunidad universitaria, sino a ese pequeño grupo de autoridades de conocida raigambre velasquista que desde hace décadas controla los destinos de dicha casa superior de estudios, y que aún pretende controlar la rectoría y los puestos administrativos claves de la PUCP. No olvidemos que quien fuera su rector llegó a presidir nada menos que esa CVR que mintió al Perú y el mundo, y que hoy está aún más cuestionada.
EXPRESO
Ya no cabe duda de que, a pocos años de haber presentado su informe y concluido su labor, saltan serios yerros conceptuales y metodológicos, que la condujeron a tergiversar la realidad y la historia, acaso motivada por intereses de grupo, pues –a decir de documentos que obran en nuestro poder– representaba a las ONG políticas ligadas al tema de los derechos humanos; o quizá impulsada por convicciones endebles sobre la democracia capitalista, sencillamente porque sus impulsores y miembros pertenecieron a partidos radicales de izquierda en la década del setenta, coincidiendo con Sendero Luminoso en la transformación de la sociedad mediante la lucha armada.
Esos defectos explican los errores y la intencionalidad malsana de la CVR al revisar la historia del Perú, disfrazando la victoria contra el terror de terrorismo de Estado. Empecemos por decir que no existe justificación alguna para que en su informe haya multiplicado el número real de muertos entre los años 1980-2000, tiempo en el cual la subversión ejecutó sus principales acciones delictivas. Peor aún cuando esto lo comprueba el estudio realizado por el especialista Daniel Manrique Valier a pedido de la propia CVR. En ese trabajo se precisa que el número total de víctimas fatales es de alrededor de 19 mil personas, y el número de desaparecidos cercano a tres mil. Así consta en el documento “Informe de consultoría para la elaboración de una base de datos de víctimas de la violencia política”, elaborado por Manrique Valier a instancias –reiteramos para que no se olvide– de la misma CVR. Pero como aquellos datos oficiales no convenían a los intereses particulares de los miembros de la CVR –ni a los de sus verdaderos mandatarios, las ONG políticas peruanas y extranjeras– optaron por ocultarlos, con el agravante de poner de contrabando una cifra absolutamente descabellada: 69,200 víctimas.
El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Édgar Núñez, ha anunciado que enviará la documentación completa a la Fiscalía para facilitar la investigación ya abierta sobre la CVR. Pero en paralelo a este asunto –que ya está en manos del Ministerio Público– la sociedad peruana debe cuestionar a la elite de instituciones y a ese cogollo de seudo periodistas militantes de la izquierda marxista que hoy se presentan como “analistas políticos”, quienes sirvieron de comparsa para respaldar mediáticamente los dictados de la CVR y todas sus mentiras. Ellos son cómplices de haber vendido al mundo –con propósitos ideológicos del socialismo progresista– una idea distinta en materia de datos y estadísticas veraces sobre la lucha de nuestro país contra el fundamentalismo senderista de Abimael Guzmán y emerretista de Víctor Polay Campos.
Cabe anotar que entre esos aliados de la CVR está en primera fila la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Por supuesto que no nos referimos a su digna comunidad universitaria, sino a ese pequeño grupo de autoridades de conocida raigambre velasquista que desde hace décadas controla los destinos de dicha casa superior de estudios, y que aún pretende controlar la rectoría y los puestos administrativos claves de la PUCP. No olvidemos que quien fuera su rector llegó a presidir nada menos que esa CVR que mintió al Perú y el mundo, y que hoy está aún más cuestionada.
EXPRESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario