Así como nos preocupamos de los Andes, al comprometernos –por ejemplo– con la defensa de la vicuña frente a la depredación y caza ilegal de este camélido peruano, igualmente estamos dedicados a denunciar a quienes deforestan la selva peruana mediante la tala ilegal dirigida especialmente al tráfico de madera.
En este tema las comunidades nativas reciben el apoyo del Estado. Sin embargo, no todos los funcionarios públicos tienen el suficiente grado de conciencia para trabajar con eficiencia tan importante objetivo nacional, entre otros, como preservar el medio ambiente vía el cuidado de la flora del país.
Por otro lado, con frecuencia los colonos de la costa y de la sierra llegan a la zona selvática con el propósito de cultivar (por lo general coca) y lo primero que hacen es quemar los bosques para asentar el terreno, generando no sólo contaminación sino la reducción de los recursos madereros. Además, existen otros lugares donde arriban en masa buscadores de oro, personas que no hacen otra cosa que minería informal, contaminando grandes extensiones de la selva. Lamentablemente, por más que sea deber del Estado hacer frente a esta problemática, los nativos no siempre respetan las normas de la República ni actúan con la necesaria conciencia, prontitud e indignación para revertir esta realidad.
Detrás de la tala ilegal hay un negocio millonario que durante el período 2001-2006 –vale decir
en la administración del presidente Alejandro Toledo– se expandió aprovechando la ausencia de toda fiscalización. Las mafias hicieron lo que quisieron. Entonces ahora es necesario dar resultados concretos: capturar a los responsables de estos crímenes contra el medio ambiente y la economía del país, para evitar que sigan actuando en la impunidad. Que quede claro, luchar contra la tala ilegal es también combatir a la corrupción. Ahora, ¿cuán aliadas del Perú pueden ser las comunidades nativas ante este tipo de problemas? He aquí una tarea común que debería destacar en la agenda de mediano y largo plazo como derrotero, no ítem decorativo. Debe considerarse asimismo que la deforestación –y el sembrío ilegal de coca– no sólo trae consigo inconvenientes para el medio ambiente, sino que conduce a la pérdida de terrenos destinados a la recolección de alimentos que ofrecen los árboles silvestres, o de medicinas tomadas de plantas curativas usadas por los indígenas.
Recordemos los millones de hectáreas que ha perdido el Perú en los últimos años. Pero nada se ha hecho frente a los campamentos ilegales de forasteros que llegan a las tierras vírgenes de la selva para destruir la riqueza forestal de todos los peruanos. Para hacer frente a esta realidad no sólo urge que actúen las comunidades y el Estado, sino también que coopere el sector privado, sea a través de la inversión controlada y eficazmente supervisada por las entidades públicas, o mediante el apoyo de asociaciones responsables y desideologizadas. Todo ello demuestra la demanda de una alianza estratégica entre indígenas, autoridades y la sociedad para derrotar a los enemigos de los bosques nacionales. El uso racional de estos recursos es el camino, asunto para el cual tiene que haber leyes claras que no sean utilizadas por agitadores y demagogos con el fin maquiavélico de desinformar a la población.
EXPRESO
En este tema las comunidades nativas reciben el apoyo del Estado. Sin embargo, no todos los funcionarios públicos tienen el suficiente grado de conciencia para trabajar con eficiencia tan importante objetivo nacional, entre otros, como preservar el medio ambiente vía el cuidado de la flora del país.
Por otro lado, con frecuencia los colonos de la costa y de la sierra llegan a la zona selvática con el propósito de cultivar (por lo general coca) y lo primero que hacen es quemar los bosques para asentar el terreno, generando no sólo contaminación sino la reducción de los recursos madereros. Además, existen otros lugares donde arriban en masa buscadores de oro, personas que no hacen otra cosa que minería informal, contaminando grandes extensiones de la selva. Lamentablemente, por más que sea deber del Estado hacer frente a esta problemática, los nativos no siempre respetan las normas de la República ni actúan con la necesaria conciencia, prontitud e indignación para revertir esta realidad.
Detrás de la tala ilegal hay un negocio millonario que durante el período 2001-2006 –vale decir
en la administración del presidente Alejandro Toledo– se expandió aprovechando la ausencia de toda fiscalización. Las mafias hicieron lo que quisieron. Entonces ahora es necesario dar resultados concretos: capturar a los responsables de estos crímenes contra el medio ambiente y la economía del país, para evitar que sigan actuando en la impunidad. Que quede claro, luchar contra la tala ilegal es también combatir a la corrupción. Ahora, ¿cuán aliadas del Perú pueden ser las comunidades nativas ante este tipo de problemas? He aquí una tarea común que debería destacar en la agenda de mediano y largo plazo como derrotero, no ítem decorativo. Debe considerarse asimismo que la deforestación –y el sembrío ilegal de coca– no sólo trae consigo inconvenientes para el medio ambiente, sino que conduce a la pérdida de terrenos destinados a la recolección de alimentos que ofrecen los árboles silvestres, o de medicinas tomadas de plantas curativas usadas por los indígenas.
Recordemos los millones de hectáreas que ha perdido el Perú en los últimos años. Pero nada se ha hecho frente a los campamentos ilegales de forasteros que llegan a las tierras vírgenes de la selva para destruir la riqueza forestal de todos los peruanos. Para hacer frente a esta realidad no sólo urge que actúen las comunidades y el Estado, sino también que coopere el sector privado, sea a través de la inversión controlada y eficazmente supervisada por las entidades públicas, o mediante el apoyo de asociaciones responsables y desideologizadas. Todo ello demuestra la demanda de una alianza estratégica entre indígenas, autoridades y la sociedad para derrotar a los enemigos de los bosques nacionales. El uso racional de estos recursos es el camino, asunto para el cual tiene que haber leyes claras que no sean utilizadas por agitadores y demagogos con el fin maquiavélico de desinformar a la población.
EXPRESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario