Por: Jaime de Althaus Guarderas
Es asombroso lo que ha ocurrido. Comunidades nativas hasta hace poco desconocidas o ignoradas, mu-chas en una economía paleolítica, doblegaron al Estado. Ello solo pudo ocurrir gracias al poder movilizador de un gran mito, el mito expoliador: que los decretos legislativos les iban a quitar sus tierras. El psicosocial más eficaz de la historia contemporánea.
El problema es que ese mito ha logrado derribar unas leyes que eran necesarias precisamente para conseguir una explotación sostenible y formalizada, controlable, de los recursos forestales de la selva. Y los hechos y su desenlace final contienen el germen de dos cursos de acción posibles y alternativos para el país: uno arcaizante y destructor, y otro paradójicamente modernizador e institucionalizador.
Pues una manera de leer lo ocurrido es que la gesta indígena haya sido, en el fondo, una batalla de los pueblos nativos por su inclusión en el desarrollo nacional, por reclamar su parte en él. El mito de los decretos no habría sido sino el instrumento. Y algo de esto han declarado sus dirigentes. Pero que efectivamente resulte así dependerá de que se haga todo lo humana y técnicamente posible para que el diálogo que se ha iniciado desemboque efectivamente en un acuerdo o pacto social de desarrollo que compatibilice las distintas visiones y propuestas existentes en una visión compartida. Eso tiene que lograrse.
De lo contrario, podría terminar institucionalizándose el otro curso posible entrañado en este conflicto: el triunfo de la fuerza sobre la ley, el impulso a un proceso insurreccional a la boliviana por medio de bloqueos y paros que provoquen muertos hasta acumular una fuerza social incontrolable. Eso es, de hecho, lo que explícitamente buscaba, por ejemplo, el movimiento Cumbre de los Pueblos en su declaración del 12 de octubre, y, recientemente, la Cumbre Continental de Pueblos Indígenas reunida en Puno, que acordó un “levantamiento nacional de los pueblos del Perú en junio”, que ya se está desplegando en Sicuani y Andahuaylas. El objetivo, también explícito, es conseguir la vacancia presidencial y una asamblea constituyente. Y el mito movilizador es, como en el caso anterior, la versión de que la ley de recursos hídricos busca privatizar el agua.
De imponerse este curso, lo que veremos en el país es una demanda creciente de orden, que probablemente encarnará para el 2011 en alguna alternativa autoritaria como la fujimorista. De allí la responsabilidad de las dirigencias políticas en desmontar el nuevo mito y demandar la utilización de las vías legales para los reclamos. A fin de institucionalizar la democracia y no la fuerza.
EL COMERCIO
Es asombroso lo que ha ocurrido. Comunidades nativas hasta hace poco desconocidas o ignoradas, mu-chas en una economía paleolítica, doblegaron al Estado. Ello solo pudo ocurrir gracias al poder movilizador de un gran mito, el mito expoliador: que los decretos legislativos les iban a quitar sus tierras. El psicosocial más eficaz de la historia contemporánea.
El problema es que ese mito ha logrado derribar unas leyes que eran necesarias precisamente para conseguir una explotación sostenible y formalizada, controlable, de los recursos forestales de la selva. Y los hechos y su desenlace final contienen el germen de dos cursos de acción posibles y alternativos para el país: uno arcaizante y destructor, y otro paradójicamente modernizador e institucionalizador.
Pues una manera de leer lo ocurrido es que la gesta indígena haya sido, en el fondo, una batalla de los pueblos nativos por su inclusión en el desarrollo nacional, por reclamar su parte en él. El mito de los decretos no habría sido sino el instrumento. Y algo de esto han declarado sus dirigentes. Pero que efectivamente resulte así dependerá de que se haga todo lo humana y técnicamente posible para que el diálogo que se ha iniciado desemboque efectivamente en un acuerdo o pacto social de desarrollo que compatibilice las distintas visiones y propuestas existentes en una visión compartida. Eso tiene que lograrse.
De lo contrario, podría terminar institucionalizándose el otro curso posible entrañado en este conflicto: el triunfo de la fuerza sobre la ley, el impulso a un proceso insurreccional a la boliviana por medio de bloqueos y paros que provoquen muertos hasta acumular una fuerza social incontrolable. Eso es, de hecho, lo que explícitamente buscaba, por ejemplo, el movimiento Cumbre de los Pueblos en su declaración del 12 de octubre, y, recientemente, la Cumbre Continental de Pueblos Indígenas reunida en Puno, que acordó un “levantamiento nacional de los pueblos del Perú en junio”, que ya se está desplegando en Sicuani y Andahuaylas. El objetivo, también explícito, es conseguir la vacancia presidencial y una asamblea constituyente. Y el mito movilizador es, como en el caso anterior, la versión de que la ley de recursos hídricos busca privatizar el agua.
De imponerse este curso, lo que veremos en el país es una demanda creciente de orden, que probablemente encarnará para el 2011 en alguna alternativa autoritaria como la fujimorista. De allí la responsabilidad de las dirigencias políticas en desmontar el nuevo mito y demandar la utilización de las vías legales para los reclamos. A fin de institucionalizar la democracia y no la fuerza.
EL COMERCIO
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