Por: Jaime de Althaus Guarderas
Francamente, hay que torcer demasiado el texto de los decretos legislativos para interpretar que su propósito es despojar de sus tierras a las comunidades nativas. Los pocos artículos imprecisos o mal interpretables en ese sentido pudieron haber sido fácilmente aclarados o limitados en sus alcances si no se hubiese insistido hasta la muerte de 35 peruanos en la derogatoria absoluta. Es obvio que se ha construido un mito expoliador en torno a los decretos y los pueblos indígenas han reaccionado movilizados por ese mito, con justa razón si fuese cierto. La primera responsabilidad, entonces, está en quienes arteramente construyeron ese monstruo y lo difundieron, aun cuando sea cierto que el Gobierno debió consultar y explicar los decretos y que los artículos sobre el perro del hortelano fueran efectivamente una provocación tonta e inútil.
Pero, en el fondo, los nativos ya vencieron. La ley que suspende la aplicación de dos decretos legislativos y restituye las leyes anteriores, que en la práctica es una derogatoria, fue claramente un retroceso en la posición de los grupos mayoritarios del Congreso y un acto de transacción que lamentablemente no ha sido reciprocado. Los nativos y diversos sectores políticos y gremiales se mantienen en una posición maximalista que no es democrática, no contribuye a pacificar el país y no reconoce que, para todo efecto práctico, ya consiguieron lo que querían: dejar sin efecto los decretos y abrir el espacio para trabajar una legislación a partir de la consulta. Hacer ahora lo que no se hizo antes.
El Perú ya aprendió la lección: nunca más dejar de consultar (no solo a los pueblos indígenas). Esa es la principal victoria de los nativos; una lección de democracia. Podemos entender, sin embargo, que tengan razones para desconfiar de la ley aprobada. Pero para eso están las dirigencias políticas, la Iglesia y la defensoría, que deberían reconocer el gesto del Congreso y llamar a los nativos a deponer las medidas de fuerza que, además, son ilegales, y sentarse a dialogar. Si el Partido Nacionalista y otras fuerzas insisten en el maximalismo radical, significaría que lo que buscan en realidad es llevar a cabo el plan que trazaron —recordémoslo— el año pasado en la Coordinadora Política y Social y en la Cumbre de los Pueblos —donde estaban los partidos Socialista, Nacionalista y Patria Roja junto con la CGTP, frentes, Aidesep, Conacami, etc.—, cuyo objetivo explícito era conseguir el 2009 la revocatoria presidencial e instalar una asamblea constituyente para “refundar la República” en la línea del “socialismo del siglo XXI”, para lo cual se trazaba una estrategia boliviana de bloqueos, paros y movilizaciones como la que está ocurriendo.
Eso es lo que está en juego en última instancia. Lo triste es que, en esa batalla, los nativos hayan sido convertidos, aprovechando los abusos que han sufrido, en carne de cañón.
EL COMERCIO
Francamente, hay que torcer demasiado el texto de los decretos legislativos para interpretar que su propósito es despojar de sus tierras a las comunidades nativas. Los pocos artículos imprecisos o mal interpretables en ese sentido pudieron haber sido fácilmente aclarados o limitados en sus alcances si no se hubiese insistido hasta la muerte de 35 peruanos en la derogatoria absoluta. Es obvio que se ha construido un mito expoliador en torno a los decretos y los pueblos indígenas han reaccionado movilizados por ese mito, con justa razón si fuese cierto. La primera responsabilidad, entonces, está en quienes arteramente construyeron ese monstruo y lo difundieron, aun cuando sea cierto que el Gobierno debió consultar y explicar los decretos y que los artículos sobre el perro del hortelano fueran efectivamente una provocación tonta e inútil.
Pero, en el fondo, los nativos ya vencieron. La ley que suspende la aplicación de dos decretos legislativos y restituye las leyes anteriores, que en la práctica es una derogatoria, fue claramente un retroceso en la posición de los grupos mayoritarios del Congreso y un acto de transacción que lamentablemente no ha sido reciprocado. Los nativos y diversos sectores políticos y gremiales se mantienen en una posición maximalista que no es democrática, no contribuye a pacificar el país y no reconoce que, para todo efecto práctico, ya consiguieron lo que querían: dejar sin efecto los decretos y abrir el espacio para trabajar una legislación a partir de la consulta. Hacer ahora lo que no se hizo antes.
El Perú ya aprendió la lección: nunca más dejar de consultar (no solo a los pueblos indígenas). Esa es la principal victoria de los nativos; una lección de democracia. Podemos entender, sin embargo, que tengan razones para desconfiar de la ley aprobada. Pero para eso están las dirigencias políticas, la Iglesia y la defensoría, que deberían reconocer el gesto del Congreso y llamar a los nativos a deponer las medidas de fuerza que, además, son ilegales, y sentarse a dialogar. Si el Partido Nacionalista y otras fuerzas insisten en el maximalismo radical, significaría que lo que buscan en realidad es llevar a cabo el plan que trazaron —recordémoslo— el año pasado en la Coordinadora Política y Social y en la Cumbre de los Pueblos —donde estaban los partidos Socialista, Nacionalista y Patria Roja junto con la CGTP, frentes, Aidesep, Conacami, etc.—, cuyo objetivo explícito era conseguir el 2009 la revocatoria presidencial e instalar una asamblea constituyente para “refundar la República” en la línea del “socialismo del siglo XXI”, para lo cual se trazaba una estrategia boliviana de bloqueos, paros y movilizaciones como la que está ocurriendo.
Eso es lo que está en juego en última instancia. Lo triste es que, en esa batalla, los nativos hayan sido convertidos, aprovechando los abusos que han sufrido, en carne de cañón.
EL COMERCIO
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