El Ministerio Público investigará a la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR. Concretamente, la 57º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima dispuso investigarla en virtud del pedido de congresistas de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, quienes hicieron suya la denuncia de EXPRESO que consistía en el señalamiento de la intervención irregular de ciertas ONG de derechos humanos en el trabajo de la CVR, hecho que se materializó en una injerencia constante, peligrosa y punible. Al respecto, cabe decir que las pruebas de nuestra denuncia las proporciona quien fuera secretario ejecutivo de la CVR, es decir uno de los principales responsables de esa comisión, Javier Ciurlizza, autor de un artículo titulado “La Comisión de la Verdad y Reconciliación” publicado en la página web del Centro Internacional para la Justicia Transicional, documento reproducido por EXPRESO donde Ciurlizza revela la forma como las ONG políticas, vinculadas a la defensa de los derechos humanos, se asociaron para señalar y dirigir el rumbo que debía seguir la CVR. Además Ciurlizza reveló que dichas ONG aportaron el marco conceptual para las recomendaciones finales en materia de reparaciones de la CVR, una entidad conformada y financiada por el Estado peruano.
Ante esta “confesión de parte”, la Fiscalía considera que hay elementos que configurarían delito “contra la administración pública”, y como tal se aboca a la investigación y posible denuncia contra quienes resulten responsables, señalando que el agraviado en este caso es el Estado peruano. Saludamos la decisión del Ministerio Público, la misma que se sustenta en el pedido hecho a la señora Fiscal de la Nación, formulado por la Comisión de Defensa del Legislativo mediante un oficio firmado por todos los miembros de aquel grupo de trabajo. Para estos parlamentarios existen evidencias que demostrarían que la CVR ha sido exprofesamente preparada y orientada por un sector ideologizado y politizado del país –y del extranjero–, desvirtuando aspectos medulares para los que fue constituida. Tampoco se descarta que en algún momento la CVR subcontrató servicios de una consultoría, cuyo trabajo concluyó en la existencia de alrededor de 18 mil muertos en los años de la violencia, no obstante que el informe final de la CVR habla de más de 68 mil víctimas.
El hecho que la Fiscalía investigue la actuación de la CVR significa un paso favorable para demostrar las falsedades de su informe final, fallas que lógicamente influyeron en un pésimo planteamiento de sus labores. Paradójicamente, la apertura de la investigación fiscal se dio el pasado 2 de junio, fecha en la cual hace ocho años el ex presidente Paniagua firmó el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM que creó la CVR, y en cuyo articulado el Estado le encomendó acciones específicas. Obviamente, los miembros de la CVR cumplieron una función pública, así como su secretaría ejecutiva en manos de Javier Ciurlizza. Ahora bien, como es sabido la administración pública es toda actividad perteneciente al complejo de funciones que ejercen los órganos estatales en la consecución del bien colectivo. En consecuencia, atentan contra la administración pública quienes con su mala performance alteran, impiden o perturban la organización y el desarrollo normal de las actividades de las entidades estatales en el ejercicio de las funciones para las que fueron creadas. Y el hecho de haber sometido el trabajo de una entidad constituida por el Estado a la voluntad de organizaciones paraestatales –como son las ONG– constituye un del
EXPRESO
Ante esta “confesión de parte”, la Fiscalía considera que hay elementos que configurarían delito “contra la administración pública”, y como tal se aboca a la investigación y posible denuncia contra quienes resulten responsables, señalando que el agraviado en este caso es el Estado peruano. Saludamos la decisión del Ministerio Público, la misma que se sustenta en el pedido hecho a la señora Fiscal de la Nación, formulado por la Comisión de Defensa del Legislativo mediante un oficio firmado por todos los miembros de aquel grupo de trabajo. Para estos parlamentarios existen evidencias que demostrarían que la CVR ha sido exprofesamente preparada y orientada por un sector ideologizado y politizado del país –y del extranjero–, desvirtuando aspectos medulares para los que fue constituida. Tampoco se descarta que en algún momento la CVR subcontrató servicios de una consultoría, cuyo trabajo concluyó en la existencia de alrededor de 18 mil muertos en los años de la violencia, no obstante que el informe final de la CVR habla de más de 68 mil víctimas.
El hecho que la Fiscalía investigue la actuación de la CVR significa un paso favorable para demostrar las falsedades de su informe final, fallas que lógicamente influyeron en un pésimo planteamiento de sus labores. Paradójicamente, la apertura de la investigación fiscal se dio el pasado 2 de junio, fecha en la cual hace ocho años el ex presidente Paniagua firmó el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM que creó la CVR, y en cuyo articulado el Estado le encomendó acciones específicas. Obviamente, los miembros de la CVR cumplieron una función pública, así como su secretaría ejecutiva en manos de Javier Ciurlizza. Ahora bien, como es sabido la administración pública es toda actividad perteneciente al complejo de funciones que ejercen los órganos estatales en la consecución del bien colectivo. En consecuencia, atentan contra la administración pública quienes con su mala performance alteran, impiden o perturban la organización y el desarrollo normal de las actividades de las entidades estatales en el ejercicio de las funciones para las que fueron creadas. Y el hecho de haber sometido el trabajo de una entidad constituida por el Estado a la voluntad de organizaciones paraestatales –como son las ONG– constituye un del
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