La tardía felicitación y hasta respaldo que el presidente Alan García tributó ayer al ex ministro de Vivienda, Francis Allison Oyague, no cierra la polémica que originó su abrupta renuncia.
Es claro que después de que la opinión pública tomó conocimiento gracias a la prensa de su vinculación contractual con Business Track (BTR) —empresa involucrada en el caso de los “petroaudios”—, no le quedaba otra alternativa más que dimitir ante la crisis que originó en el Gabinete y que amenazó con comprometer al Gobierno en el “chuponeo” y la corrupción de los lotes petroleros, delitos que se ventilan en el Poder Judicial.
Hoy el país también espera que Allison responda las interrogantes que generaron las declaraciones que brindó en sus escasos tres meses como ministro de Vivienda, antes y después de que estallara el escándalo que ocasionó su renuncia.
RESPUESTAS PENDIENTES
En retrospectiva, recordemos que así como el ex ministro no ha querido precisar ante el Congreso de la República qué labores cumplió como consultor de BTR, y por las cuales recibía un pago de tres mil dólares mensuales, tampoco ha aclarado la denuncia —que luego negó— de haber sido objeto de un soborno por un millón de dólares, para la firma del contrato de concesión de la planta de tratamiento de Taboada.
Ahora que ya no está en el Gobierno, y que ha sido vacado de su cargo de alcalde de Magdalena, también podría explicar si tienen razón los sectores de la oposición que sostienen que su defenestración fue producto de la falta de respaldo del Apra, después de que fuera nombrado presidente del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), instancia, como se sabe, sometida a múltiples críticas y hasta denuncias de corrupción.
Luego, independientemente de las aclaraciones que deberá responder ante la justicia, por las responsabilidades derivadas de su relación con BTR, Allison debe precisar, asimismo, si su paso al costado tiene relación con lo que ha llamado “una maniobra de difamación en su contra”, aunque tampoco ha identificado a los autores de la misma.
MEJORES CUADROS
Pero si el ex ministro tiene tareas pendientes por cumplir, también existen otras urgentes que el Gobierno deberá asumir, sobre todo porque no es la primera vez que se ve envuelto en una situación similar. Una de ellas es mejorar los procesos de reclutamiento, selección y nombramiento de sus colaboradores, con base en una evaluación cabal y transparente de requisitos, antecedentes y otras exigencias. Nada impide que los ministros sean políticos, porque la función que desempeñan involucra una toma de decisiones vinculadas al Estado y a los poderes públicos, y tampoco que pertenezcan al partido de gobierno, aunque ello puede ser un problema en una coyuntura electoral como la que se avecina, siendo el Ministerio de Vivienda un sector neurálgico frecuentemente mal usado en campañas políticas.
Lo que no puede fallar es la calificación de los ministros, que deben ser técnicos o profesionales idóneos, con capacidad y solvencia profesional y moral suficiente para asumir las exigencias que demanda un portafolio como este. A pesar de la ostensible precariedad que existe hoy en materia de cuadros dentro del Gobierno, resulta inaceptable que un ministro sea cuestionado tres meses después de haber sido juramentado, no por la propia administración que lo colocó en el puesto sino por la denuncia periodística. La lupa y el escrutinio estatal tienen, pues, que afinarse y perfeccionarse para evitar que burócratas con rabo de paja asuman una función que exige transparencia en lo profesional y en lo individual.
POR QUÉ PENALIZAR AL CIUDADANO
La ventaja de mejorar los controles implica también reducir los enormes perjuicios que suele causar la defenestración de un ministro. Los ciudadanos están hartos de que las autoridades reemplazantes inicien nuevos proyectos, desconozcan lo actuado por su predecesor o vuelvan todo a foja cero.
En este caso, por ejemplo, luego de nombrar al sucesor de Allison, lo prioritario será dar continuidad al Forsur, pues los damnificados del terremoto del 15 de agosto del 2007 no pueden seguir abandonados a su suerte. Ante tanto incumplimiento, el país también espera una explicación amplia y pública sobre el estado de los proyectos y sobre las obras que se realizarán en el año y medio que le queda al gobierno aprista en el sur.
EL COMERCIO
Es claro que después de que la opinión pública tomó conocimiento gracias a la prensa de su vinculación contractual con Business Track (BTR) —empresa involucrada en el caso de los “petroaudios”—, no le quedaba otra alternativa más que dimitir ante la crisis que originó en el Gabinete y que amenazó con comprometer al Gobierno en el “chuponeo” y la corrupción de los lotes petroleros, delitos que se ventilan en el Poder Judicial.
Hoy el país también espera que Allison responda las interrogantes que generaron las declaraciones que brindó en sus escasos tres meses como ministro de Vivienda, antes y después de que estallara el escándalo que ocasionó su renuncia.
RESPUESTAS PENDIENTES
En retrospectiva, recordemos que así como el ex ministro no ha querido precisar ante el Congreso de la República qué labores cumplió como consultor de BTR, y por las cuales recibía un pago de tres mil dólares mensuales, tampoco ha aclarado la denuncia —que luego negó— de haber sido objeto de un soborno por un millón de dólares, para la firma del contrato de concesión de la planta de tratamiento de Taboada.
Ahora que ya no está en el Gobierno, y que ha sido vacado de su cargo de alcalde de Magdalena, también podría explicar si tienen razón los sectores de la oposición que sostienen que su defenestración fue producto de la falta de respaldo del Apra, después de que fuera nombrado presidente del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), instancia, como se sabe, sometida a múltiples críticas y hasta denuncias de corrupción.
Luego, independientemente de las aclaraciones que deberá responder ante la justicia, por las responsabilidades derivadas de su relación con BTR, Allison debe precisar, asimismo, si su paso al costado tiene relación con lo que ha llamado “una maniobra de difamación en su contra”, aunque tampoco ha identificado a los autores de la misma.
MEJORES CUADROS
Pero si el ex ministro tiene tareas pendientes por cumplir, también existen otras urgentes que el Gobierno deberá asumir, sobre todo porque no es la primera vez que se ve envuelto en una situación similar. Una de ellas es mejorar los procesos de reclutamiento, selección y nombramiento de sus colaboradores, con base en una evaluación cabal y transparente de requisitos, antecedentes y otras exigencias. Nada impide que los ministros sean políticos, porque la función que desempeñan involucra una toma de decisiones vinculadas al Estado y a los poderes públicos, y tampoco que pertenezcan al partido de gobierno, aunque ello puede ser un problema en una coyuntura electoral como la que se avecina, siendo el Ministerio de Vivienda un sector neurálgico frecuentemente mal usado en campañas políticas.
Lo que no puede fallar es la calificación de los ministros, que deben ser técnicos o profesionales idóneos, con capacidad y solvencia profesional y moral suficiente para asumir las exigencias que demanda un portafolio como este. A pesar de la ostensible precariedad que existe hoy en materia de cuadros dentro del Gobierno, resulta inaceptable que un ministro sea cuestionado tres meses después de haber sido juramentado, no por la propia administración que lo colocó en el puesto sino por la denuncia periodística. La lupa y el escrutinio estatal tienen, pues, que afinarse y perfeccionarse para evitar que burócratas con rabo de paja asuman una función que exige transparencia en lo profesional y en lo individual.
POR QUÉ PENALIZAR AL CIUDADANO
La ventaja de mejorar los controles implica también reducir los enormes perjuicios que suele causar la defenestración de un ministro. Los ciudadanos están hartos de que las autoridades reemplazantes inicien nuevos proyectos, desconozcan lo actuado por su predecesor o vuelvan todo a foja cero.
En este caso, por ejemplo, luego de nombrar al sucesor de Allison, lo prioritario será dar continuidad al Forsur, pues los damnificados del terremoto del 15 de agosto del 2007 no pueden seguir abandonados a su suerte. Ante tanto incumplimiento, el país también espera una explicación amplia y pública sobre el estado de los proyectos y sobre las obras que se realizarán en el año y medio que le queda al gobierno aprista en el sur.
EL COMERCIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario