Por: Fernando Vivas Periodista
He oído varias abusivas teorías sobre por qué el ministro de Vivienda, Francis Allison, fue asesor legal de Business Track (BTR), la empresa que sin querer queriendo, con su “chuponeo” a diestra y siniestra, se trajo abajo al Gabinete Del Castillo y marcó un antes y un después a este Gobierno. Aquí algunas:
A. Que Allison, desde la Municipalidad de Magdalena, pagaba caros servicios de “chuponeo” a BTR y esta lo retribuía contratándolo. B. Que Allison necesitaba fundamentar ingresos difíciles de explicar y BTR lo proveía de recibos por honorarios. C. Que BTR vio en Allison a un colaborador político que, de paso, podía ayudarlos a cubrir sus actividades ilícitas con su aparato municipal.
El común turbio denominador de estas especulaciones es que nadie cree a Allison su versión —que un conocido común lo recomendó de asesor legal a BTR y que él no receló que la empresa se dedicaba al espionaje ilícito— y la mayoría cree, por el contrario, que el ministro es de esos políticos que asumen que la carrera al poder da licencia para tomar ciertos atajos indebidos.
Ese es el drama detrás de la anécdota: que los espectadores nos afirmamos en la descreencia en los hombres y las instituciones, y que en lugar de invocar referentes de ética política para juzgar al atribulado Allison, lo sumamos, sin más trámite, al menú de los “petroaudios” y de los otorongos, y revolvemos con él esa espesa sopa criolla de manipulaciones e intrigas que moja a medio país.
No podemos acusar al ministro de agarrar chupón (su asesoría a BTR no lo prueba en absoluto), pero sabemos que no se chupa el dedo y, por lo tanto, no podemos tomar en serio su excusa del “yo no sabía nada”, primero, para haber aceptado la asesoría y, segundo, para no haberla confesado públicamente cuando aceptó la cartera de Vivienda.
Seguiremos distraídos por los cargos y los descargos de este particular enredo, pero tratemos de atrapar, para mejor comprenderlo y conjurarlo, el perfil del político atribulado por las denuncias. La ideología es secundaria. Ahora se sospecha de un joven abogado pepecista aburrido del poder municipal y ansioso por atrasar a sus pares (Salvador Heresi sonreirá culposo) en el acceso al poder central, pero mañana será un dirigente aprista acusado de comandar el copamiento de algún ente público, o algún irresponsable izquierdista que azuza la protesta para luego vender su capacidad de negociación al mejor postor.
Más allá de Allison, sobre este torvo perfil pesa demasiado la herencia montesinista: la retorcida convicción de que el poder se construye o se destruye con el expediente prefabricado, con el audio o la cámara escondida, con la campaña infame. Necesitamos fijar la mirada en nuevos ejemplos, transparentes, de ascenso y legitimación política.
EL COMERCIO
He oído varias abusivas teorías sobre por qué el ministro de Vivienda, Francis Allison, fue asesor legal de Business Track (BTR), la empresa que sin querer queriendo, con su “chuponeo” a diestra y siniestra, se trajo abajo al Gabinete Del Castillo y marcó un antes y un después a este Gobierno. Aquí algunas:
A. Que Allison, desde la Municipalidad de Magdalena, pagaba caros servicios de “chuponeo” a BTR y esta lo retribuía contratándolo. B. Que Allison necesitaba fundamentar ingresos difíciles de explicar y BTR lo proveía de recibos por honorarios. C. Que BTR vio en Allison a un colaborador político que, de paso, podía ayudarlos a cubrir sus actividades ilícitas con su aparato municipal.
El común turbio denominador de estas especulaciones es que nadie cree a Allison su versión —que un conocido común lo recomendó de asesor legal a BTR y que él no receló que la empresa se dedicaba al espionaje ilícito— y la mayoría cree, por el contrario, que el ministro es de esos políticos que asumen que la carrera al poder da licencia para tomar ciertos atajos indebidos.
Ese es el drama detrás de la anécdota: que los espectadores nos afirmamos en la descreencia en los hombres y las instituciones, y que en lugar de invocar referentes de ética política para juzgar al atribulado Allison, lo sumamos, sin más trámite, al menú de los “petroaudios” y de los otorongos, y revolvemos con él esa espesa sopa criolla de manipulaciones e intrigas que moja a medio país.
No podemos acusar al ministro de agarrar chupón (su asesoría a BTR no lo prueba en absoluto), pero sabemos que no se chupa el dedo y, por lo tanto, no podemos tomar en serio su excusa del “yo no sabía nada”, primero, para haber aceptado la asesoría y, segundo, para no haberla confesado públicamente cuando aceptó la cartera de Vivienda.
Seguiremos distraídos por los cargos y los descargos de este particular enredo, pero tratemos de atrapar, para mejor comprenderlo y conjurarlo, el perfil del político atribulado por las denuncias. La ideología es secundaria. Ahora se sospecha de un joven abogado pepecista aburrido del poder municipal y ansioso por atrasar a sus pares (Salvador Heresi sonreirá culposo) en el acceso al poder central, pero mañana será un dirigente aprista acusado de comandar el copamiento de algún ente público, o algún irresponsable izquierdista que azuza la protesta para luego vender su capacidad de negociación al mejor postor.
Más allá de Allison, sobre este torvo perfil pesa demasiado la herencia montesinista: la retorcida convicción de que el poder se construye o se destruye con el expediente prefabricado, con el audio o la cámara escondida, con la campaña infame. Necesitamos fijar la mirada en nuevos ejemplos, transparentes, de ascenso y legitimación política.
EL COMERCIO
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