Las denuncias contra congresistas están llevando a algunos miembros del Parlamento a culpar a los medios de lo que consideran es una campaña de desprestigio. Si bien comprendemos la indignación y humillación que deben de sentir los parlamentarios decentes, de ser presentados como 'colegas’ de esos desadaptados, sin embargo, en esta ocasión el espíritu de cuerpo sería contraproducente y les impediría aprender la lección.
Es innegable por la cantidad de escándalos y el nivel de los delitos involucrados que estamos ante el más pobre Congreso de los últimos 50 años. Por ello, no se puede permitir que la calidad de la próxima camada congresal se siga deteriorando, ya que hay un límite de cuánto está dispuesto a soportar el ciudadano y, en la actualidad, ese límite no debe de estar muy lejano.
Así que, antes de solidarizarse con los acusados, se requiere que los legisladores más serios se aseguren de que se apliquen sanciones ejemplares a los que han cometido faltas o delitos. Solo así, el Congreso podrá empezar a recobrar la credibilidad que ha perdido ante el electorado.
Por otro lado, son tan frecuentes las denuncias por mal uso de las planillas a cargo de los congresistas, que sería útil que un grupo de trabajo evalúe el tema y le deje recomendaciones al próximo Parlamento para que no se repitan los errores. Asimismo, establecer obligaciones de divulgación para los candidatos es fundamental para que, al menos, se transparente adecuadamente el historial de quienes pretenden representarnos.
Sin embargo, la única manera que el Congreso tiene de recuperar la confianza de la población es siendo más papistas que el papa para sacudirse esa imagen de 'otorongo no come otorongo’ que se han ganado. Incluso el código de ética tendría que ser más estricto que la ley y no se debería esperar una sentencia o condena para actuar.
Así tenemos que es una verdadera vergüenza que el principal accionista del mayor deudor tributario en la minería –empresa que no solo debe S/.224 millones sino que, para colmo, es informal– sea un congresista. Encima de eso, el Sr. Cenzano, echándole sal a la herida del contribuyente, no solo no paga impuestos, sino que recibe un injustificado salario que le pagamos todos los peruanos. Este es, sin duda, un caso moral, si no es legal, pidiendo a gritos una sanción ejemplar.
PERU 21
Es innegable por la cantidad de escándalos y el nivel de los delitos involucrados que estamos ante el más pobre Congreso de los últimos 50 años. Por ello, no se puede permitir que la calidad de la próxima camada congresal se siga deteriorando, ya que hay un límite de cuánto está dispuesto a soportar el ciudadano y, en la actualidad, ese límite no debe de estar muy lejano.
Así que, antes de solidarizarse con los acusados, se requiere que los legisladores más serios se aseguren de que se apliquen sanciones ejemplares a los que han cometido faltas o delitos. Solo así, el Congreso podrá empezar a recobrar la credibilidad que ha perdido ante el electorado.
Por otro lado, son tan frecuentes las denuncias por mal uso de las planillas a cargo de los congresistas, que sería útil que un grupo de trabajo evalúe el tema y le deje recomendaciones al próximo Parlamento para que no se repitan los errores. Asimismo, establecer obligaciones de divulgación para los candidatos es fundamental para que, al menos, se transparente adecuadamente el historial de quienes pretenden representarnos.
Sin embargo, la única manera que el Congreso tiene de recuperar la confianza de la población es siendo más papistas que el papa para sacudirse esa imagen de 'otorongo no come otorongo’ que se han ganado. Incluso el código de ética tendría que ser más estricto que la ley y no se debería esperar una sentencia o condena para actuar.
Así tenemos que es una verdadera vergüenza que el principal accionista del mayor deudor tributario en la minería –empresa que no solo debe S/.224 millones sino que, para colmo, es informal– sea un congresista. Encima de eso, el Sr. Cenzano, echándole sal a la herida del contribuyente, no solo no paga impuestos, sino que recibe un injustificado salario que le pagamos todos los peruanos. Este es, sin duda, un caso moral, si no es legal, pidiendo a gritos una sanción ejemplar.
PERU 21
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