Por: Walter Albán Peralta*
El recuerdo de estos trece años de la Defensoría del Pueblo me trae a la memoria una etapa intensa, plena de energía y mística, orientada a transformar una realidad que entendíamos injusta para millones de peruanos y peruanas. En ese contexto, resultaba indispensable promover cambios sustantivos en la actuación del Estado, a fin de superar prácticas negativas, profundamente enraizadas en su funcionamiento regular, contrarias a la Constitución y responsables en buena medida de la enorme desconfianza ciudadana en el conjunto de la administración estatal.
El amplio despliegue de esa tarea hubo de esperar, sin embargo, a que el país recuperara la institucionalidad democrática el año 2001. Por ello, los primeros años de la Defensoría del Pueblo, bajo la conducción de Jorge Santistevan, tuvieron que atender forzosamente esta situación, que él bautizó como el proceso de “desdibujamiento” del modelo constitucional. La lucha fue tenaz y por momentos agotadora, pero sin democracia no se podían defender derechos y, por ello, había que abocarse a su recuperación.
A fines del año 2000, el país ingresó a una etapa de ebullición democrática, la historia había caminado muy aceleradamente esos meses y de pronto, caído el régimen autoritario, se dio paso a elecciones limpias, garantizadas por un gobierno transitorio encabezado por una figura excepcional, Valentín Paniagua, cuyo mandato fue corto en duración, pero grande respecto a proyectos y ejercicio democrático.
Entonces, fue momento de pasar también a una nueva etapa. Apoyamos decididamente la creación de la Comisión de la Verdad y la lucha contra la corrupción, a la par que desarrollamos esfuerzos por instalar en el Estado Peruano, prácticas del buen gobierno.
Fue muy gratificante constatar, luego de una corta conversación con el presidente Paniagua sobre estos temas, su decidida identificación con las propuestas que le presentamos. Entre febrero y marzo del año 2001, se publicaron las primeras normas para avanzar hacia la transparencia del Estado y el acceso a la información pública. Este fue el inicio de un cambio trascendental en nuestra historia republicana: la erradicación de la cultura del secreto, instalada en la cultura burocrática y en la organización del Estado.
Debo destacar igualmente el despliegue territorial de la institución, que pasó de siete oficinas a treinta y cinco, logrando cubrir todo el país, en un esfuerzo por acompañar el proceso de descentralización, nacido con dificultades pero al que, sin duda, hay que seguir apuntalando.
Finalmente, el surgimiento creciente de conflictos sociales en número e intensidad, no podía dejar a la defensoría al margen de sus consecuencias. Una experiencia dura, no exenta de riesgos y con frecuencia dolorosa, pero que enseña; y, difícilmente, alguna institución ha trabajado mejor y más intensamente en prevenir tales conflictos o cuando menos, en ayudar a reducir sus efectos negativos.
Habría mucho más que agregar, pero no es posible extenderse más. Solo resta decir entonces: feliz aniversario a la Defensoría del Pueblo con mi mayor aprecio y reconocimiento al equipo que, bajo su actual conducción, sigue haciendo posible que podamos confiar en la realización de nuestro sueño democrático, con paz, justicia y equidad.
(*) Ex defensor (e) del Pueblo
EL COMERCIO
El recuerdo de estos trece años de la Defensoría del Pueblo me trae a la memoria una etapa intensa, plena de energía y mística, orientada a transformar una realidad que entendíamos injusta para millones de peruanos y peruanas. En ese contexto, resultaba indispensable promover cambios sustantivos en la actuación del Estado, a fin de superar prácticas negativas, profundamente enraizadas en su funcionamiento regular, contrarias a la Constitución y responsables en buena medida de la enorme desconfianza ciudadana en el conjunto de la administración estatal.
El amplio despliegue de esa tarea hubo de esperar, sin embargo, a que el país recuperara la institucionalidad democrática el año 2001. Por ello, los primeros años de la Defensoría del Pueblo, bajo la conducción de Jorge Santistevan, tuvieron que atender forzosamente esta situación, que él bautizó como el proceso de “desdibujamiento” del modelo constitucional. La lucha fue tenaz y por momentos agotadora, pero sin democracia no se podían defender derechos y, por ello, había que abocarse a su recuperación.
A fines del año 2000, el país ingresó a una etapa de ebullición democrática, la historia había caminado muy aceleradamente esos meses y de pronto, caído el régimen autoritario, se dio paso a elecciones limpias, garantizadas por un gobierno transitorio encabezado por una figura excepcional, Valentín Paniagua, cuyo mandato fue corto en duración, pero grande respecto a proyectos y ejercicio democrático.
Entonces, fue momento de pasar también a una nueva etapa. Apoyamos decididamente la creación de la Comisión de la Verdad y la lucha contra la corrupción, a la par que desarrollamos esfuerzos por instalar en el Estado Peruano, prácticas del buen gobierno.
Fue muy gratificante constatar, luego de una corta conversación con el presidente Paniagua sobre estos temas, su decidida identificación con las propuestas que le presentamos. Entre febrero y marzo del año 2001, se publicaron las primeras normas para avanzar hacia la transparencia del Estado y el acceso a la información pública. Este fue el inicio de un cambio trascendental en nuestra historia republicana: la erradicación de la cultura del secreto, instalada en la cultura burocrática y en la organización del Estado.
Debo destacar igualmente el despliegue territorial de la institución, que pasó de siete oficinas a treinta y cinco, logrando cubrir todo el país, en un esfuerzo por acompañar el proceso de descentralización, nacido con dificultades pero al que, sin duda, hay que seguir apuntalando.
Finalmente, el surgimiento creciente de conflictos sociales en número e intensidad, no podía dejar a la defensoría al margen de sus consecuencias. Una experiencia dura, no exenta de riesgos y con frecuencia dolorosa, pero que enseña; y, difícilmente, alguna institución ha trabajado mejor y más intensamente en prevenir tales conflictos o cuando menos, en ayudar a reducir sus efectos negativos.
Habría mucho más que agregar, pero no es posible extenderse más. Solo resta decir entonces: feliz aniversario a la Defensoría del Pueblo con mi mayor aprecio y reconocimiento al equipo que, bajo su actual conducción, sigue haciendo posible que podamos confiar en la realización de nuestro sueño democrático, con paz, justicia y equidad.
(*) Ex defensor (e) del Pueblo
EL COMERCIO
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