Por: Jorge Santistevan de Noriega*
El desafío de los primeros años era construir una institución, sobre la base del artículo 162 de la Constitución, que fuera capaz de cumplir un papel relevante en el Perú sin contar con facultades sancionatorias. ¿Cómo lograr persuadir en un país caracterizado por su desdén por la ley y su desprecio por los parámetros éticos de conducta, tanto por parte de sus autoridades cuanto de sus ciudadanos?
La primera preocupación estuvo centrada en la formación de un equipo homogéneo que con el entusiasmo de las causas nuevas se volcase a implantar los cimientos de la institución. No se escatimó en confiar en los jóvenes, en darles oportunidad de crear en un campo en el que —desde el Estado— estaba todo por hacer, promoviendo además la especialización y los más altos estándares de calidad para un trabajo que terminaría por comprometernos a todos por igual.
La segunda estuvo dirigida a seleccionar adecuadamente los casos en los que resultaba relevante comprometer todo el prestigio de la institución naciente para lograr imponer pronunciamientos bien sustentados en la Constitución y en los preceptos internacionales de derechos humanos. Y hacerlo escogiendo aquellas causas más elementales para un país que se debatía entre el recuerdo fresco del asedio terrorista y la necesidad de encaminar su historia por el sendero de la democracia y la prosperidad para todos.
Así, se presentó la oportunidad de hacer viable un sistema que permitiera liberar a los inocentes en prisión (con el invalorable apoyo del padre Hubert Lanssiers), atender a los interminables reclamos de los pensionistas tan postergados y dar pasos concretos a favor de las categorías más marginadas de nuestra historia: las mujeres, los discapacitados, los nativos.
Pero en un país de institucionalidad quebradiza, hubo que ser audaz en algún momento y en defensa del derecho al voto y respeto a la voluntad popular, comprometer a la institución en la supervisión electoral. No era frecuente (ni lo es ahora) que las defensorías del pueblo intervinieran en estos temas que son de la competencia específica de las autoridades electorales. Pero hubo que hacerlo porque las circunstancias históricas lo reclamaban para poder seguir cumpliendo el rol que la Constitución le asigna a la defensoría en defensa de los derechos constitucionales, como el derecho al sufragio.
Y en este camino se llegó tan lejos como a participar en la mesa de diálogo, propiciada por la misión de la Organización de Estados Americanos y cuidadosamente vigilada por la comunidad internacional, que sirvió —sobre la base del consenso que hoy se extraña— como una extraordinaria plataforma de recuperación de la democracia, en las postrimerías del 2000, sin violencia ni crisis económica ni amenazas de rompimiento del orden constitucional.
La tercera estuvo orientada a superar el centralismo y hacer de la Defensoría del Pueblo una institución con presencia nacional, con oficinas descentralizadas, a pesar del escaso presupuesto con el que se contaba. A eso se le dio un impulso inicial en los primeros años que luego consolidaría en lo que es hoy la institución. Una institución por cierto de indiscutida relevancia pública y de aprecio ciudadano, así como de cada día mayor presencia nacional.
(*) Ex defensor del Pueblo
EL COMERCIO
El desafío de los primeros años era construir una institución, sobre la base del artículo 162 de la Constitución, que fuera capaz de cumplir un papel relevante en el Perú sin contar con facultades sancionatorias. ¿Cómo lograr persuadir en un país caracterizado por su desdén por la ley y su desprecio por los parámetros éticos de conducta, tanto por parte de sus autoridades cuanto de sus ciudadanos?
La primera preocupación estuvo centrada en la formación de un equipo homogéneo que con el entusiasmo de las causas nuevas se volcase a implantar los cimientos de la institución. No se escatimó en confiar en los jóvenes, en darles oportunidad de crear en un campo en el que —desde el Estado— estaba todo por hacer, promoviendo además la especialización y los más altos estándares de calidad para un trabajo que terminaría por comprometernos a todos por igual.
La segunda estuvo dirigida a seleccionar adecuadamente los casos en los que resultaba relevante comprometer todo el prestigio de la institución naciente para lograr imponer pronunciamientos bien sustentados en la Constitución y en los preceptos internacionales de derechos humanos. Y hacerlo escogiendo aquellas causas más elementales para un país que se debatía entre el recuerdo fresco del asedio terrorista y la necesidad de encaminar su historia por el sendero de la democracia y la prosperidad para todos.
Así, se presentó la oportunidad de hacer viable un sistema que permitiera liberar a los inocentes en prisión (con el invalorable apoyo del padre Hubert Lanssiers), atender a los interminables reclamos de los pensionistas tan postergados y dar pasos concretos a favor de las categorías más marginadas de nuestra historia: las mujeres, los discapacitados, los nativos.
Pero en un país de institucionalidad quebradiza, hubo que ser audaz en algún momento y en defensa del derecho al voto y respeto a la voluntad popular, comprometer a la institución en la supervisión electoral. No era frecuente (ni lo es ahora) que las defensorías del pueblo intervinieran en estos temas que son de la competencia específica de las autoridades electorales. Pero hubo que hacerlo porque las circunstancias históricas lo reclamaban para poder seguir cumpliendo el rol que la Constitución le asigna a la defensoría en defensa de los derechos constitucionales, como el derecho al sufragio.
Y en este camino se llegó tan lejos como a participar en la mesa de diálogo, propiciada por la misión de la Organización de Estados Americanos y cuidadosamente vigilada por la comunidad internacional, que sirvió —sobre la base del consenso que hoy se extraña— como una extraordinaria plataforma de recuperación de la democracia, en las postrimerías del 2000, sin violencia ni crisis económica ni amenazas de rompimiento del orden constitucional.
La tercera estuvo orientada a superar el centralismo y hacer de la Defensoría del Pueblo una institución con presencia nacional, con oficinas descentralizadas, a pesar del escaso presupuesto con el que se contaba. A eso se le dio un impulso inicial en los primeros años que luego consolidaría en lo que es hoy la institución. Una institución por cierto de indiscutida relevancia pública y de aprecio ciudadano, así como de cada día mayor presencia nacional.
(*) Ex defensor del Pueblo
EL COMERCIO
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