Por: Beatriz Boza
¿Se imagina una empresa que incremente sus gastos sin presentar a sus directores y accionistas las cuentas del año anterior? ¿Se imagina tener que darle cada vez más recursos a quien ha contratado para construir su casa sin que este le rinda cuentas del grado de avance? ¿Aceptaría pagar un incremento en las pensiones de sus hijos sin una justificación del nivel de gasto del centro educativo? De alguna manera, así ha venido funcionando el presupuesto de la empresa más grande del país: el presupuesto general de la República, que casi se ha duplicado en los últimos cinco años.
El Congreso ha estado aprobando el presupuesto del año siguiente sin contar con la debida justificación, análisis y auditoría del año anterior. Como en años anteriores y cumpliendo el mandato constitucional, el 28 de agosto pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de presupuesto 2010 pero sin que los parlamentarios tengan a su disposición el análisis correspondiente a la ejecución presupuestal auditada del 2008, con lo cual nuestros representantes terminan aprobando gastos para el 2010 en el mejor caso en función a la información del 2007, no solo desfasada temporalmente sino propia de un contexto previo a la crisis internacional y muy distinto al actual. ¿Cómo podemos así tomar decisiones adecuadas respecto del principal presupuesto del país? ¿Cómo podemos saber qué programas sociales están funcionando bien para dotarlos de mayores recursos?
Por eso, es tan importante la reforma constitucional que se acaba de publicar la semana pasada, la misma que busca garantizar una mejor toma de decisiones en materia presupuestal. Se acortan los plazos y se exige una mejor sustentación del presupuesto ejecutado. Esto es muy bueno. Ahora, el Congreso recibirá antes del 15 de agosto la Cuenta General de la República acompañada del informe de auditoría de la contraloría y deberá pronunciarse sobre la misma antes del 30 de octubre: un mes antes de tener que votar sobre el presupuesto del año siguiente. A su vez, los ministros deberán sustentar los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del año en curso.
Se trata, sin duda, de una medida muy importante que marca un paso en la dirección correcta pues nos orienta hacia un presupuesto por resultados y metas concretas, que permitirá tomar decisiones con base en información útil y oportuna.
EL COMERCIO
¿Se imagina una empresa que incremente sus gastos sin presentar a sus directores y accionistas las cuentas del año anterior? ¿Se imagina tener que darle cada vez más recursos a quien ha contratado para construir su casa sin que este le rinda cuentas del grado de avance? ¿Aceptaría pagar un incremento en las pensiones de sus hijos sin una justificación del nivel de gasto del centro educativo? De alguna manera, así ha venido funcionando el presupuesto de la empresa más grande del país: el presupuesto general de la República, que casi se ha duplicado en los últimos cinco años.
El Congreso ha estado aprobando el presupuesto del año siguiente sin contar con la debida justificación, análisis y auditoría del año anterior. Como en años anteriores y cumpliendo el mandato constitucional, el 28 de agosto pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de presupuesto 2010 pero sin que los parlamentarios tengan a su disposición el análisis correspondiente a la ejecución presupuestal auditada del 2008, con lo cual nuestros representantes terminan aprobando gastos para el 2010 en el mejor caso en función a la información del 2007, no solo desfasada temporalmente sino propia de un contexto previo a la crisis internacional y muy distinto al actual. ¿Cómo podemos así tomar decisiones adecuadas respecto del principal presupuesto del país? ¿Cómo podemos saber qué programas sociales están funcionando bien para dotarlos de mayores recursos?
Por eso, es tan importante la reforma constitucional que se acaba de publicar la semana pasada, la misma que busca garantizar una mejor toma de decisiones en materia presupuestal. Se acortan los plazos y se exige una mejor sustentación del presupuesto ejecutado. Esto es muy bueno. Ahora, el Congreso recibirá antes del 15 de agosto la Cuenta General de la República acompañada del informe de auditoría de la contraloría y deberá pronunciarse sobre la misma antes del 30 de octubre: un mes antes de tener que votar sobre el presupuesto del año siguiente. A su vez, los ministros deberán sustentar los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del año en curso.
Se trata, sin duda, de una medida muy importante que marca un paso en la dirección correcta pues nos orienta hacia un presupuesto por resultados y metas concretas, que permitirá tomar decisiones con base en información útil y oportuna.
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