El depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya ha vuelto sorpresivamente a su país en el cual se encuentra ahora refugiado en la embajada de Brasil. Su retorno no sólo agita el panorama político sino el social y ha obligado al gobierno a decretar el toque de queda en temor a desmanes y a protestas.
En esta dramática circunstancia lo más importante es que no haya ningún desenlace violento. Para ello es menester que el gobierno de Honduras en ejercicio no viole la integridad territorial de la embajada carioca ni atente por ningún motivo contra la seguridad del depuesto presidente, a la par que maneje el control de las protestas a favor de Zelaya con tino y ponderación. De otra parte, es obligación del líder que ha ingresado subrepticiamente a su país, mantener la calma y no azuzar a sus seguidores ni provocar al gobierno, para evitar así nuevos enfrentamientos y ahondar la situación de crisis en el pequeño país centroamericano.
A todo esto, el Consejo Permanente de la OEA, en sesión extraordinaria, ha exigido garantías para asegurar la integridad física de Zelaya, lo cual es de rigor y constituye una medida necesaria y pertinente. No lo es, en esos mismos términos, su exigencia para que Zelaya retorne a la presidencia de la República de conformidad con el acuerdo de San José propuesto por el jefe de Estado de Costa Rica, Óscar Arias, que contempla que Zelaya cumpla su mandato constitucional en el próximo enero. Tal exigencia no ha sido aceptada bajo ningún punto de vista por el gobierno de Roberto Micheletti quien señala que Zelaya debe ser sometido a la justicia ordinaria por haber violado la ley a la que nadie, ni siquiera el presidente de la República, puede ser ajeno.
Sin duda el problema político de Honduras es sui géneris y así debe resolverse. En este contexto las posiciones extremas y demagógicas están demás. Ni el avalamiento a secas del golpe de Estado por los militares, ni el clamor de la vuelta al poder por la puerta grande de un presidente que se puso al margen de la ley.
De lo que se trata es de hallar una fórmula política de consenso que salvaguarde dos principios fundamentales: la democracia como expresión legítima del sufragio y la ley como denominador común para todos los ciudadanos independientemente de su cargo y condición. Todo ello, además, dentro del marco de la no intervención en asuntos internos de otros Estados. Una fórmula que facilite y que no dificulte las salidas pacíficas al problema ni que tampoco signifique, como lamentablemente está sucediendo en este caso, plataforma para la prédica interesada y expansionista de Hugo Chávez, a quien, por cierto, mucho más que las libertades del pueblo de Honduras le importa el influjo de su propio proyecto hegemónico y socializante en América Latina
EXPRESO
En esta dramática circunstancia lo más importante es que no haya ningún desenlace violento. Para ello es menester que el gobierno de Honduras en ejercicio no viole la integridad territorial de la embajada carioca ni atente por ningún motivo contra la seguridad del depuesto presidente, a la par que maneje el control de las protestas a favor de Zelaya con tino y ponderación. De otra parte, es obligación del líder que ha ingresado subrepticiamente a su país, mantener la calma y no azuzar a sus seguidores ni provocar al gobierno, para evitar así nuevos enfrentamientos y ahondar la situación de crisis en el pequeño país centroamericano.
A todo esto, el Consejo Permanente de la OEA, en sesión extraordinaria, ha exigido garantías para asegurar la integridad física de Zelaya, lo cual es de rigor y constituye una medida necesaria y pertinente. No lo es, en esos mismos términos, su exigencia para que Zelaya retorne a la presidencia de la República de conformidad con el acuerdo de San José propuesto por el jefe de Estado de Costa Rica, Óscar Arias, que contempla que Zelaya cumpla su mandato constitucional en el próximo enero. Tal exigencia no ha sido aceptada bajo ningún punto de vista por el gobierno de Roberto Micheletti quien señala que Zelaya debe ser sometido a la justicia ordinaria por haber violado la ley a la que nadie, ni siquiera el presidente de la República, puede ser ajeno.
Sin duda el problema político de Honduras es sui géneris y así debe resolverse. En este contexto las posiciones extremas y demagógicas están demás. Ni el avalamiento a secas del golpe de Estado por los militares, ni el clamor de la vuelta al poder por la puerta grande de un presidente que se puso al margen de la ley.
De lo que se trata es de hallar una fórmula política de consenso que salvaguarde dos principios fundamentales: la democracia como expresión legítima del sufragio y la ley como denominador común para todos los ciudadanos independientemente de su cargo y condición. Todo ello, además, dentro del marco de la no intervención en asuntos internos de otros Estados. Una fórmula que facilite y que no dificulte las salidas pacíficas al problema ni que tampoco signifique, como lamentablemente está sucediendo en este caso, plataforma para la prédica interesada y expansionista de Hugo Chávez, a quien, por cierto, mucho más que las libertades del pueblo de Honduras le importa el influjo de su propio proyecto hegemónico y socializante en América Latina
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