Hace tiempo, dirigentes de la Federación Civil denunciaron grave injerencia del régimen aprista en el sindicalismo de su gremio. El propio Alan García se había reunido con un grupo de ex directivos de la Federación para pedirles la creación de sindicatos paralelos y ofrecerles exclusividad en obras del gobierno.
El objetivo evidente era socavar y destruir la organización que es un baluarte del movimiento obrero y social.
Los conjurados se pusieron manos a la obra, pero no por métodos sindicales, sino mediante la violencia y el reclutamiento de maleantes extraídos de los bajos fondos. El resultado es alarmante: 13 muertos en 2008, 30 en 2009 y seis en lo que va de enero. En algunos casos, los choques son entre mafiosos.
Lo grave del caso es que las autoridades policiales conocen a los delincuentes y sus modalidades, pero no los refrenan. En más de una oportunidad, personas ajenas al sector disputan el empleo. Los empresarios, me señaló el martes Mario Huamán, Secretario General de la Federación, no suelen contratar a los mafiosos por una simple razón: no conocen el oficio. Son gente que nunca ha trabajado ni en construcción ni en nada.
Los pilotos del plan auspiciado por el gobierno recurren en muchos casos a la extorsión. Ya no reclaman trabajo, sino que imponen cupos de 1 ó 2 por ciento del valor de la obra, bajo amenaza de muerte contra empresarios y sus familias, en particular los hijos.
Esto viene a ser una forma de terrorismo hamponesco, sin ningún ingrediente político.
Creo que en este campo deben intervenir de inmediato los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Huamán ha precisado que en otro momento, al inicio del actual régimen, el general PNP Octavio Salazar, hoy ministro del Interior, investigó y encarceló a algunos de los promotores de la violencia en el sector, a los cuales se les encontró incluso armas de largo alcance. ¿Cómo obtuvieron esas armas? Las sospechas apuntan hacia lo alto.
El martes último, con la anuencia del ministro Salazar se ha acordado la formación de una comisión especial, compuesta por representantes de los empresarios del sector, de los ministerios de Vivienda y Trabajo, y del gremio de construcción. El objetivo del grupo es poner fin a las mafias y las extorsiones.
El Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad política en el proceso violentista en la industria, pues ha propiciado el reconocimiento de sindicatos paralelos –no sólo en construcción– por razones partidarias.
Esto atenta contra la democracia sindical, y debe ser severamente denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo.
El método sirve, además, para el reemplazo en el sector público de funcionarios honestos y capaces por compañeros apristas que carecen de esas virtudes.
LA PRIMERA
El objetivo evidente era socavar y destruir la organización que es un baluarte del movimiento obrero y social.
Los conjurados se pusieron manos a la obra, pero no por métodos sindicales, sino mediante la violencia y el reclutamiento de maleantes extraídos de los bajos fondos. El resultado es alarmante: 13 muertos en 2008, 30 en 2009 y seis en lo que va de enero. En algunos casos, los choques son entre mafiosos.
Lo grave del caso es que las autoridades policiales conocen a los delincuentes y sus modalidades, pero no los refrenan. En más de una oportunidad, personas ajenas al sector disputan el empleo. Los empresarios, me señaló el martes Mario Huamán, Secretario General de la Federación, no suelen contratar a los mafiosos por una simple razón: no conocen el oficio. Son gente que nunca ha trabajado ni en construcción ni en nada.
Los pilotos del plan auspiciado por el gobierno recurren en muchos casos a la extorsión. Ya no reclaman trabajo, sino que imponen cupos de 1 ó 2 por ciento del valor de la obra, bajo amenaza de muerte contra empresarios y sus familias, en particular los hijos.
Esto viene a ser una forma de terrorismo hamponesco, sin ningún ingrediente político.
Creo que en este campo deben intervenir de inmediato los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Huamán ha precisado que en otro momento, al inicio del actual régimen, el general PNP Octavio Salazar, hoy ministro del Interior, investigó y encarceló a algunos de los promotores de la violencia en el sector, a los cuales se les encontró incluso armas de largo alcance. ¿Cómo obtuvieron esas armas? Las sospechas apuntan hacia lo alto.
El martes último, con la anuencia del ministro Salazar se ha acordado la formación de una comisión especial, compuesta por representantes de los empresarios del sector, de los ministerios de Vivienda y Trabajo, y del gremio de construcción. El objetivo del grupo es poner fin a las mafias y las extorsiones.
El Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad política en el proceso violentista en la industria, pues ha propiciado el reconocimiento de sindicatos paralelos –no sólo en construcción– por razones partidarias.
Esto atenta contra la democracia sindical, y debe ser severamente denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo.
El método sirve, además, para el reemplazo en el sector público de funcionarios honestos y capaces por compañeros apristas que carecen de esas virtudes.
LA PRIMERA
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