Mario Huamán Rivera
Columnista
En los pasados días, extrañamente se han publicado una serie de opiniones e informes periodísticos sobre la violencia que se viene generando en el sector de construcción civil, debido al asedio de mafias que cuentan con el rótulo sindical (gracias al Ministerio de Trabajo) y se encuentran cobijadas en una federación protegida por el partido de gobierno.
Sin embargo, dichas declaraciones y artículos que carecen de investigación involucran a los obreros formales del andamio con prontuariados delincuentes, con la finalidad de debilitar la lucha de los trabajadores en construcción civil y su representación frente a la sociedad.
Estos hechos lo hemos venido denunciando desde hace varios años a través de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) contando con el respaldo de la CGTP, remitiendo diversas misivas a los ministerios del Interior y Vivienda, además de participar en diversas acciones para detectar a los mafiosos que se organizan en seudo sindicatos.
Lamentablemente, desde el inicio del régimen aprista se desactivó el Plan Ladrillo y otras iniciativas, que habían permitido capturar a reconocidos delincuentes, debiendo resaltar que muchos de ellos actualmente fungen como dirigentes de la denominada federación aprista y tal como lo denunciamos el 2008 (y conforme se puede verificar en audios) se reunieron con el propio Presidente de la República, información que fue corroborada por un alto dirigente del APRA.
A esto debemos de sumar, el incremento de la violencia en la semana que termina con la muerte esta semana de dos personas en el Rímac y el Callao por la incursión de estas bandas que buscan extorsionar empresarios hasta con el 2% del valor de la edificación, e imponer a los denominados “chalecos”, que reciben un salario sin trabajar y son los que provocan los actos delictivos en las obras.
Esto sería el reinicio de una campaña de desprestigio que con ayuda de ciertos medios pretenden desprestigiar no sólo a los obreros de construcción sino a todo el movimiento sindical y popular, que busca promover una alternativa en las próximas elecciones locales y generales.
Por estos motivos, el próximo martes 26 de enero más de 800 dirigentes de construcción de Lima y Callao, junto a una delegación de la CGTP, nos movilizaremos al Ministerio del Interior y Vivienda para demandar un deslinde público por parte del gobierno y su relación con estas mafias y una acción inmediata para proteger el derecho a trabajar de empresarios y trabajadores.
LA PRIMERA
Columnista
En los pasados días, extrañamente se han publicado una serie de opiniones e informes periodísticos sobre la violencia que se viene generando en el sector de construcción civil, debido al asedio de mafias que cuentan con el rótulo sindical (gracias al Ministerio de Trabajo) y se encuentran cobijadas en una federación protegida por el partido de gobierno.
Sin embargo, dichas declaraciones y artículos que carecen de investigación involucran a los obreros formales del andamio con prontuariados delincuentes, con la finalidad de debilitar la lucha de los trabajadores en construcción civil y su representación frente a la sociedad.
Estos hechos lo hemos venido denunciando desde hace varios años a través de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) contando con el respaldo de la CGTP, remitiendo diversas misivas a los ministerios del Interior y Vivienda, además de participar en diversas acciones para detectar a los mafiosos que se organizan en seudo sindicatos.
Lamentablemente, desde el inicio del régimen aprista se desactivó el Plan Ladrillo y otras iniciativas, que habían permitido capturar a reconocidos delincuentes, debiendo resaltar que muchos de ellos actualmente fungen como dirigentes de la denominada federación aprista y tal como lo denunciamos el 2008 (y conforme se puede verificar en audios) se reunieron con el propio Presidente de la República, información que fue corroborada por un alto dirigente del APRA.
A esto debemos de sumar, el incremento de la violencia en la semana que termina con la muerte esta semana de dos personas en el Rímac y el Callao por la incursión de estas bandas que buscan extorsionar empresarios hasta con el 2% del valor de la edificación, e imponer a los denominados “chalecos”, que reciben un salario sin trabajar y son los que provocan los actos delictivos en las obras.
Esto sería el reinicio de una campaña de desprestigio que con ayuda de ciertos medios pretenden desprestigiar no sólo a los obreros de construcción sino a todo el movimiento sindical y popular, que busca promover una alternativa en las próximas elecciones locales y generales.
Por estos motivos, el próximo martes 26 de enero más de 800 dirigentes de construcción de Lima y Callao, junto a una delegación de la CGTP, nos movilizaremos al Ministerio del Interior y Vivienda para demandar un deslinde público por parte del gobierno y su relación con estas mafias y una acción inmediata para proteger el derecho a trabajar de empresarios y trabajadores.
LA PRIMERA
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