Demandábamos en un anterior editorial –y a propósito de la publicación de avisos pagados en la revista institucional de la Dirandro por empresas investigadas por esa dependencia que lucha contra las drogas en nuestro país, y de las consecuentes medidas tomadas por esta entidad– que la Dirección General de la Policía Nacional revise el caso y establezca las responsabilidades y sanciones que sean las justas y apropiadas con lo sucedido para así dejar a salvo a la alta dirección de la Policía Nacional de todo cuestionamiento a propósito de estos auspicios. Ha habido, evidentemente, en este caso un conflicto ético. No es sólo el financiamiento como tal, sino la naturaleza de la entidad y el tema tan delicado al que se dedica: la investigación sobre el narcotráfico en el país, respecto del cual el Estado y la sociedad en su conjunto deben ser severos e inflexibles
Por ello lo primero que se precisaba es una investigación completa y a fondo que deslindara todas las responsabilidades, desde las más altas hasta las operativas, de tal forma de dejar sentado un claro precedente. No puede romperse la pita por el lado más débil ni quedar la sensación de que se habría protegido a ciertos mandos. Lo segundo, la expedición de una norma institucional que impida estas situaciones y, de producirse éstas, sancione ejemplarmente.
La lucha contra las drogas es una colosal batalla y se da en todos los frentes: político, económico, social y policial. Nuestro país se halla inmerso en ella y la está librando con esfuerzo y éxitos. La alianza evidente y perversa del narcotráfico con el terrorismo en determinadas zonas del Perú asesta golpes sangrientos a nuestras fuerzas militares y policiales. Por otro lado, el inmenso poder económico de los narcotraficantes los ha llevado a penetrar la economía formal a través del lavado de dinero, en empresas de fachada y otras actividades que disfrazan el origen siniestro de los capitales que se necesitan para ellas. Precisamente, empresas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y, por ello mismo, investigadas por la Dirandro, son las que han pagado avisos para financiar ediciones de las revistas de esta institución.
No puede desvirtuarse la labor de la Dirandro con acciones fáciles de prevenir ni con investigaciones que, como en el caso de las publicidades anotadas, dejen alguna sombra o duda de su profundidad o imparcialidad. No tener vínculo alguno con empresas que se encuentren dentro del ámbito de su labor fiscalizadora, es lo menos que puede exigir a una institución de la naturaleza de la Dirandro.
La sociedad necesita estar vigilante y los medios de comunicación también. La lucha contra la lacra de las drogas compete a todos, pero es al Estado y a las instituciones tutelares a las que les corresponde el liderazgo. Esperamos pues el pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional sobre este sonado caso.
EXPRESO
Por ello lo primero que se precisaba es una investigación completa y a fondo que deslindara todas las responsabilidades, desde las más altas hasta las operativas, de tal forma de dejar sentado un claro precedente. No puede romperse la pita por el lado más débil ni quedar la sensación de que se habría protegido a ciertos mandos. Lo segundo, la expedición de una norma institucional que impida estas situaciones y, de producirse éstas, sancione ejemplarmente.
La lucha contra las drogas es una colosal batalla y se da en todos los frentes: político, económico, social y policial. Nuestro país se halla inmerso en ella y la está librando con esfuerzo y éxitos. La alianza evidente y perversa del narcotráfico con el terrorismo en determinadas zonas del Perú asesta golpes sangrientos a nuestras fuerzas militares y policiales. Por otro lado, el inmenso poder económico de los narcotraficantes los ha llevado a penetrar la economía formal a través del lavado de dinero, en empresas de fachada y otras actividades que disfrazan el origen siniestro de los capitales que se necesitan para ellas. Precisamente, empresas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y, por ello mismo, investigadas por la Dirandro, son las que han pagado avisos para financiar ediciones de las revistas de esta institución.
No puede desvirtuarse la labor de la Dirandro con acciones fáciles de prevenir ni con investigaciones que, como en el caso de las publicidades anotadas, dejen alguna sombra o duda de su profundidad o imparcialidad. No tener vínculo alguno con empresas que se encuentren dentro del ámbito de su labor fiscalizadora, es lo menos que puede exigir a una institución de la naturaleza de la Dirandro.
La sociedad necesita estar vigilante y los medios de comunicación también. La lucha contra la lacra de las drogas compete a todos, pero es al Estado y a las instituciones tutelares a las que les corresponde el liderazgo. Esperamos pues el pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional sobre este sonado caso.
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