Oportuna y preocupante es la advertencia hecha por juristas y magistrados de que la mala aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), por parte de jueces y fiscales, está provocando que los índices de la delincuencia aumenten justamente en los distritos judiciales donde está vigente dicho código.
Sin duda, el NCCP es un extraordinario avance en materia de ordenamiento legal en el país, principalmente por que acelera los procesos de manera sustantiva. Pero ello no debe significar que ésta, la de la celeridad, sea la única óptica que se enfatice. Está muy bien que ella se impulse pero nunca en desmedro de la calidad en la administración de justicia. Las tareas que el Poder Judicial y el Ministerio Público realizan deben ser no sólo eficientes sino también eficaces, apuntando al objetivo final de una administración oportuna pero sobre todo cabal.
Ahora que el nuevo código se comienza a instalar en más distritos judiciales, teniendo como meta, extenderse a la brevedad en todo el país, es importante escuchar la advertencia lanzada producto de la experiencia acumulada hasta hoy. Ninguna buena administración de justicia se caracteriza por un solo componente exitoso, sino por la conjunción de varios que se van apuntalando en una perspectiva común.
La justicia necesita ubicarse creativamente en el punto medio entre los derechos individuales que precisan ser garantizados y el interés común cuya protección compete al Estado. Trabajar a favor de ese equilibrio es tarea ardua y compleja. Los avances en el terreno de la salvaguarda de los derechos de los implicados en los procesos son notables en el marco del NCCP y deben acrecentarse, de la misma manera que el criterio para que estas garantías no afecten en modo alguno el interés común que es menester preservar para que, precisamente, los derechos individuales sean también legítimamente preservados.
Hacer que la ciudadanía crea en la ley como instrumento indispensable de regulación de la vida individual y colectiva, es básico para que el sistema democrático se consolide y no ingresemos, ni siquiera por momentos, al reino de la anarquía. Es misión del Poder Judicial trabajar por ese noble fin y para eso perfecciona sus mecanismos, entre ellos, algunos fundamentales como los códigos. En dicha línea, el Perú moderniza su administración de justicia creando y aplicando el Nuevo Código de Procedimientos Penales de manera progresiva de tal suerte de asimilar las lecciones aprendidas en las experiencia piloto. Una de ellas parece ser la pérdida de calidad en aras de la celeridad de los procesos. Recojámosla y enmendemos. Así el NCCP se irá perfeccionando y enriqueciendo con el indispensable aporte de la realidad.
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Sin duda, el NCCP es un extraordinario avance en materia de ordenamiento legal en el país, principalmente por que acelera los procesos de manera sustantiva. Pero ello no debe significar que ésta, la de la celeridad, sea la única óptica que se enfatice. Está muy bien que ella se impulse pero nunca en desmedro de la calidad en la administración de justicia. Las tareas que el Poder Judicial y el Ministerio Público realizan deben ser no sólo eficientes sino también eficaces, apuntando al objetivo final de una administración oportuna pero sobre todo cabal.
Ahora que el nuevo código se comienza a instalar en más distritos judiciales, teniendo como meta, extenderse a la brevedad en todo el país, es importante escuchar la advertencia lanzada producto de la experiencia acumulada hasta hoy. Ninguna buena administración de justicia se caracteriza por un solo componente exitoso, sino por la conjunción de varios que se van apuntalando en una perspectiva común.
La justicia necesita ubicarse creativamente en el punto medio entre los derechos individuales que precisan ser garantizados y el interés común cuya protección compete al Estado. Trabajar a favor de ese equilibrio es tarea ardua y compleja. Los avances en el terreno de la salvaguarda de los derechos de los implicados en los procesos son notables en el marco del NCCP y deben acrecentarse, de la misma manera que el criterio para que estas garantías no afecten en modo alguno el interés común que es menester preservar para que, precisamente, los derechos individuales sean también legítimamente preservados.
Hacer que la ciudadanía crea en la ley como instrumento indispensable de regulación de la vida individual y colectiva, es básico para que el sistema democrático se consolide y no ingresemos, ni siquiera por momentos, al reino de la anarquía. Es misión del Poder Judicial trabajar por ese noble fin y para eso perfecciona sus mecanismos, entre ellos, algunos fundamentales como los códigos. En dicha línea, el Perú moderniza su administración de justicia creando y aplicando el Nuevo Código de Procedimientos Penales de manera progresiva de tal suerte de asimilar las lecciones aprendidas en las experiencia piloto. Una de ellas parece ser la pérdida de calidad en aras de la celeridad de los procesos. Recojámosla y enmendemos. Así el NCCP se irá perfeccionando y enriqueciendo con el indispensable aporte de la realidad.
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