Por Mirko Lauer
Ganar más es la aspiración de todo empleado, y el Estado debe pagar lo más posible a sus servidores. Sin embargo, con muy pocas excepciones, en la administración pública de capitán a paje cobran realmente poco por el trabajo que desempeñan. En el sector privado la cosa va algo mejor, o más repartida, pero también existen enormes bolsones de descontento.
Hay una sempiterna polémica acerca de qué es lo posible en términos de pago al trabajo. En las empresas el tema es más o menos claro: un pago razonable en el mercado de trabajo es el que logra retener habilidades indispensables para la producción, pero que a la vez no afecta las expectativas de ganancia de los propietarios.
En el caso del Estado la cosa es parecida, sobre todo en la necesidad de contratar eficiencia. Pero hay algunas diferencias. Lo que en el mundo privado es ganancia, en el Estado es servicio público, entendido como devolución en especie del aporte de los contribuyentes: educación, salud, seguridad, infraestructura.
Cuando hay maestros, trabajadores de la salud, policías o militares mal pagados, lo podemos atribuir a diversos factores: el Estado cobra pocos impuestos y anda sin dinero, el Estado tiene prioridades que no son sus trabajadores, el Estado tiene un hábito gamonalicio de pagar poco, el Estado teme que mejorar sus sueldos produciría inflación.
Podemos elegir la canasta de factores que queramos, pero es evidente que pagar mal en el Estado aquí no es un accidente, es un sistema. El cual incluye al sector privado: si el Estado pagara más, las empresas tendrían competencia en la contratación de trabajadores valiosos. En cambio hoy los más capaces suelen terminar en la actividad privada.
Como no hay planificación estatal propiamente dicha, la regulación de los sueldos públicos se maneja por la vía de la lucha sindical. Este es un método errático, impredecible, ineficiente, e irritante para todas las partes. El Estado, que gusta presentarse como un gerente moderno, se termina conduciendo como un patrón arcaico.
En el caso de los uniformados, que no pueden formar sindicatos y además tienen el encargo constitucional de monopolizar la violencia, la cosa se complica. En estos días los vemos acudiendo a formulas írritas como un Congreso que pretende iniciativa de gasto o un medio que funciona como gaceta sindical. ¿Es eso indispensable?
Si el Estado no puede pagar más, y hay huecos negros en la proclamada bonanza, entonces quizás eso no se está explicando bien ante quienes se lo reclaman. Pero no olvidemos que ya son dos los titulares del MEF despachados por tener una relación estítica con la inversión social. Sobre estos temas no necesitamos lobbies ni trifulcas, sino debate abierto.
LA REPUBLICA
Ganar más es la aspiración de todo empleado, y el Estado debe pagar lo más posible a sus servidores. Sin embargo, con muy pocas excepciones, en la administración pública de capitán a paje cobran realmente poco por el trabajo que desempeñan. En el sector privado la cosa va algo mejor, o más repartida, pero también existen enormes bolsones de descontento.
Hay una sempiterna polémica acerca de qué es lo posible en términos de pago al trabajo. En las empresas el tema es más o menos claro: un pago razonable en el mercado de trabajo es el que logra retener habilidades indispensables para la producción, pero que a la vez no afecta las expectativas de ganancia de los propietarios.
En el caso del Estado la cosa es parecida, sobre todo en la necesidad de contratar eficiencia. Pero hay algunas diferencias. Lo que en el mundo privado es ganancia, en el Estado es servicio público, entendido como devolución en especie del aporte de los contribuyentes: educación, salud, seguridad, infraestructura.
Cuando hay maestros, trabajadores de la salud, policías o militares mal pagados, lo podemos atribuir a diversos factores: el Estado cobra pocos impuestos y anda sin dinero, el Estado tiene prioridades que no son sus trabajadores, el Estado tiene un hábito gamonalicio de pagar poco, el Estado teme que mejorar sus sueldos produciría inflación.
Podemos elegir la canasta de factores que queramos, pero es evidente que pagar mal en el Estado aquí no es un accidente, es un sistema. El cual incluye al sector privado: si el Estado pagara más, las empresas tendrían competencia en la contratación de trabajadores valiosos. En cambio hoy los más capaces suelen terminar en la actividad privada.
Como no hay planificación estatal propiamente dicha, la regulación de los sueldos públicos se maneja por la vía de la lucha sindical. Este es un método errático, impredecible, ineficiente, e irritante para todas las partes. El Estado, que gusta presentarse como un gerente moderno, se termina conduciendo como un patrón arcaico.
En el caso de los uniformados, que no pueden formar sindicatos y además tienen el encargo constitucional de monopolizar la violencia, la cosa se complica. En estos días los vemos acudiendo a formulas írritas como un Congreso que pretende iniciativa de gasto o un medio que funciona como gaceta sindical. ¿Es eso indispensable?
Si el Estado no puede pagar más, y hay huecos negros en la proclamada bonanza, entonces quizás eso no se está explicando bien ante quienes se lo reclaman. Pero no olvidemos que ya son dos los titulares del MEF despachados por tener una relación estítica con la inversión social. Sobre estos temas no necesitamos lobbies ni trifulcas, sino debate abierto.
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